Castilla y León pretende que el TSJ deniegue el derecho a objetar a EpC

Las asociaciones de objetores de la región denuncian que su Gobierno se empeña en escatimarles el ejercicio de un derecho constitucional.

REDACCIÓN HO.- Las asociaciones de objetores de Castilla y León denuncian a través de un comunicado remitido a HO que, pese a que sus recientes decisiones sobre las medidas cautelares favorables a las familias objetoras hacían pensar en un cambio de actitud, los responsables de la Junta regional siguen manteniendo respecto de Educación para la Ciudadanía (EpC) y la objeción de conciencia ante ella la misma estrategia de oposición al ejercicio de ese derecho constitucional que han seguido desde el principio.

Las entidades objetoras ponen de manifiesto que sus gobernantes se expresan en los medios de comunicación de forma ambigua: manifiestan su respeto ante la decisión de los padres que han decidido objetar, declaran que la asignatura es adoctrinadora y reiteran que van a cumplir la ley, pero su postura real es la que defienden con toda firmeza ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Las plataformas castellano-leonesas resaltan que, desde el principio, los responsables de la Administración autonómica han estado poniendo trabas a los padres, y desde que éstos acudieron a los tribunales a defender un derecho que las Administraciones les están negando, los responsables de la Junta han manifestado, en los escritos que han ido presentando ante el Tribunal, una postura que coincide absolutamente con la defendida por el Ministerio de Educación: según los responsables de la Junta, las asignaturas del área de Educación para la Ciudadanía no contienen contenidos adoctrinadores, se trata de una asignatura obligatoria que transmite valores constitucionales, algo muy necesario en una sociedad como la nuestra, cambiante y heterogénea, y no existe, por tanto, el derecho a la objeción de conciencia.

El comunicado detalla que esta es la postura del Gobierno regional, expresada por escrito ante el Tribunal, aunque después ante los medios de comunicación no quieran hacerla pública. Y para defenderla, citan las sentencias y los autos de aquellos tribunales que han denegado a los padres el derecho a la objeción, y que suponen un porcentaje mínimo, ignorando en todo momento la postura mayoritaria de los Tribunales de toda España que están reconociendo, de forma clara y contundente, que estas asignaturas vulneran los derechos fundamentales de los padres, son adoctrinadoras, pretenden imponer una ideología concreta por parte del Estado y los padres, por tanto, se ven obligados a defender sus derechos mediante la objeción de conciencia, mecanismo con el que ejercitan dos derechos constitucionales: el de libertad ideológica, religiosa y de conciencia (art. 16, 1 CE) y el de elegir para sus hijos la educación moral que sea conforme a sus convicciones, y por tanto negarse a la que se oponga a ellas (art. 27, 3 CE).

La nota añade que sus gobernantes, en su empeño por poner toda clase de obstáculos al ejercicio de4 la objeción, ignoran incluso lo que han expresado los propios magistrados del TSJCyL en los autos en los que conceden a los alumnos las medidas cautelares, donde dicen textualmente: "a diferencia de otras asignaturas (...) la superación de esta asignatura no sólo implica recibir unos determinados conocimientos, sino que se exige del menor que los incorpore a su comportamiento para siempre." Y añaden los magistrados que "no se aprobará la asignatura si el comportamiento de los alumnos/as no rechaza activamente -o admite activamente- algo de lo enseñado" y que en su currículo se establece "como criterio de evaluación no sólo una asimilación de contenidos sino un determinado comportamiento".

Vistas las alegaciones de los responsables de la Junta ante el TSJCyL, Francisco José Ramos Vega, abogado de varias de las plataformas de padres de Castilla y León ha criticado esta actitud obstruccionista.

"No obstante, sí quisiéramos dejar constancia de la incongruencia de la postura adoptada por la Junta de Castilla y León en este procedimiento, ya que por una parte, mediante una instrucción de la Dirección de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, de fecha 27 de noviembre de 2008, que en aplicación de los Autos dictados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León, decide dejar sin eficacia jurídica la obligatoriedad de cursar, recibir enseñanzas y ser evaluados en la asignatura genéricamente llamada 'Educación para la Ciudadanía' para todos y cada uno de los alumnos que han presentado o presenten en un futuro objeción de conciencia ante la Consejería de Educación, y por otra se opone de una manera tajante a la existencia de un derecho de los padres a objetar frente a la materia de educación para la ciudadanía", ha manifestado.

"Si la postura adoptada por la Junta de CyL es, como así se desprende de su escrito de contestación a la demanda, contraria a admitir las objeciones de conciencia, huelga decir que su actuación es poco clara y confusa por no decir contradictoria, máxime cuando desde los propios órganos de Gobierno de Castilla y León y desde la dirección del PP nacional siempre se han manifestado en contra de la materia; incluso, como ellos afirman, han vaciado de contenido ideológico y adoctrinador la materia en sus propios decretos autonómicos, y han apoyado, eso sí, sólo de palabra, la causa de los objetores, por entender que esta 'Educación para la Ciudadanía' es adoctrinadora y obedece a una determinada forma de pensar y a una ideología determinada que no se puede imponer por Ley a todos los niños españoles", ha añadido el letrado.

El comunicado conjunto de las plataformas objetoras castellano-leonesas prosigue manifestando que, para aquellos que defienden el derecho a educar a sus hijos "sin tolerar que ningún poder les imponga una visión del hombre y una ideología concreta, la postura de la Junta es pura demagogia política y dudosos sus intereses, entre los cuales no están el bien de esta sociedad".

"Confiamos -concluye el documento- en que los tribunales resuelvan pronto y de forma definitiva este conflicto dando la razón a los padres, como así lo están haciendo ya de forma absolutamente mayoritaria en toda España, impidiendo que la escuela se convierta en aquello que están pretendiendo nuestros gobernantes: un espacio de manipulación ideológica de las conciencias de nuestros hijos, algo contra lo que los padres vamos a luchar hasta el final".