La Subcomisión parlamentaria sobre el aborto comienza su escenificación

• Carmen Calvo impone el 'apagón informativo' a la Subcomisión del aborto
• BLOGS HO: (intento de ) Diálogo con una defensora del aborto, por Miguel Vidal
• BLOGS HO: Sobre la ley del aborto y la Subcomisión opaca, por Ignacio Arsuaga

REDACCIÓN HO, AMECO PRESS.- La iniciativa Derecho a Vivir (DAV) escenificará hoy, a las puertas del Congreso de los Diputados "el drama y el negocio del aborto". Una iniciativa que coincide con la celebración de la segunda reunión de trabajo de la Subcomisión parlamentaria del aborto, según ha anunciado DAV este miércoles.

La subcomisión parlamentaria que, presidida por Carmen Calvo, estudiará la reforma de la ley del aborto empieza a trabajar hoy lunes. ´Para ello ha citado a treinta expertos designados por los partidos. Las reuniones se celebrarán a partir de ahora cada martes, según se acordó el pasado martes en una reunión a puerta cerrada -hurtando con ello de nuevo el debate y la información a la opinión pública-, y en seis meses elaborará un informe. Si bien las características del cambio no están expresadas en el texto aprobado en el Congreso, la pretensión del Gobierno es alcanzar una ley que combine plazos con supuestos para poder abortar.

En la reunión preparatoria que mantuvieron el martes, se presentaron las comparecencias con el objetivo de informar y asesorar a la Subcomisión, que fue aprobada el pasado 17 de septiembre. PSOE y PP han designado a 12 expertos, ERC-IU-ICV a cuatro y el Grupo Mixto a dos, mientras PNV y CiU han renunciado a hacerlo.

La lista de la socialista Carmen Montón incluye a dirigentes feministas y a representantes de abortorios, como el presidente de ACAI,  Francisco Balaguer, o Guillermo Sánchez Andrés, presidente del Consejo de Administración de la Clínica Dator, una de las empresas abortistas más rentables de España. La del PP incluye a Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia; a catedráticos de bioética de las universidades de Navarra y del CEU, como Natalia López Moratalla, y a ginecólogos. También a la historiadora Carmen Iglesias.

El texto aprobado en septiembre en el Congreso señala que la subcomisión evaluará "las experiencias más innovadoras de las leyes europeas de indicaciones y plazos" y analizará el "funcionamiento, la equidad territorial y la accesibilidad en la prestación de este servicio en la red sanitaria pública y concertada". La actual Ley del Aborto, aprobada en 1985, despenaliza el aborto en tres supuestos: riesgo para la salud de la madre, violación y taras graves para el feto.

Objeción de conciencia

Se afirma que la nueva normativa, que se adaptará a la legislación europea, se redactará teniendo en cuenta la objeción de conciencia de los facultativos, que será regulada a través de una nueva normativa que elaborará Sanidad.

En ese sentido, el ginecólogo y presidente de la proabortista Asociación de Clínicas acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) Santiago Barambio, que ha sido requerido por Carmen Montón para comparecer en la subcomisión, afirmó en declaraciones a AmecoPress que "claro que la gente tiene derecho a hacer objeción de conciencia. Lo que no comparto es que alguien niegue su asistencia a una mujer porque haya abortado o que impida o bloquee la decisión que tiene una mujer de abortar y no se le faciliten las vías para ejercer su derecho". Una afirmación que parte de la falsedad de entender el aborto como un derecho, cuando el único derecho, reconocido por nuestra Constitución y avalado por el Tribunal Supremo, es el derecho a la vida. Con sus palabras se vislumbra a las buenas el interés que tienen los empresarios abortistas en que se legalice el aborto libre en España; nadie va a negar asistencia a una mujer que ha abortado, desde luego, pero sus palabras niegan lo que sí es también un derecho, y sí es legítimo en cambio que el del facultativo se niegue a eliminar una vida humana.

La ley también garantizará la equidad territorial, de manera que el tratamiento que reciba una mujer que decide interrumpir su embarazo no sea diferente en función de la comunidad autónoma en la que viva. En la actualidad, en cinco comunidades autónomas -Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia- no hay ningún servicio público que realice abortos, según un informe elaborado hace tres meses por ACAI.

Las conclusiones de esta subcomisión de la Cámara Baja, serán analizadas por el "Comité de Expertos", creado por el Ministerio de Igualdad y formado por juristas, obstetras, especialistas en salud femenina y representantes de los ministerios de Presidencia, Igualdad, Sanidad y Justicia, antes de que este envíe el Proyecto de Ley al Parlamento, que está previsto que llegue al Congreso en el primer semestre de 2009 y sea aprobado a finales de año.  Un comité en el que no se ha dado cabida a las voces en defensa del no nacido y en la que sí están representados los que tienen intereses lucrativos en el aborto y pro socialistas.