El TSJA desmonta la tesis de Educación para publicar los nombres de objetores a EpC

El Alto Tribunal andaluz ha dictado la décimo octava sentencia que ampara el derecho a objetar. Mientras, padres cordobeses y granadinos denuncian coacciones y la embajada en Lisboa amenaza con expulsar del Instituto Español a los hijos de objetores.

• Campaña de acoso a los padres objetores del Instituto Español de Lisboa

REDACCIÓN HO / ABC Sevilla.- La última sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) favorable a los objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) no sólo supone que una vez más el alto tribunal reconoce el derecho a la objeción  -y van dieciocho- de unos padres frente a la negativa de la Junta; también prueba que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que está personada en todos estos procedimientos, tenía perfectamente localizados a los padres, cuyos hijos, menores, salieron en el BOJA. De ello informa hoy ABC en una noticia de la que es autora Mercedes Benítez.

El departamento que dirige Teresa Jiménez, que publicó el pasado uno de octubre los nombres de 81 objetores a los que les denegaba el reconocimeinto de su derecho a objetar, alegó para su publicación que no había podido localizarlos para notificarles su decisión. Sin embargo, los padres a los que el TSJA acaba de reconocer la legitimidad de su objeción estaban entre aquellos a los que la Consejería supuestamente no localizaba.

El fallo, que hace el número 18 de los que reconocen la objeción de conciencia en Andalucía, ampara a unos padres de la provincia de Cádiz, que habían interpuesto recurso contra la decisión de la Consejería de negarles la objeción a uno de sus hijos, alumno del colegio de los Marianistas en la capital de la provincia. Mientras esos padres estaban perfectamente localizados, el BOJA publicó los nombres y apellidos de otros de los hermanos antes de que se dictase esta nueva sentencia.

Desmonta las tesis de la Junta

Según explicó el letrado de los padres, Carlos Seco Gordillo, esta sentencia supone que Educación pudo localizarlos en todo momento porque estaba personada en esos recursos y desmonta la argumentación de la Consejería de que no había podido localizarlos para notificarles la resolución. "Se prueba que la Consejería tenía en todo momento recursos o mecanismos para poder haberles notificado de forma individual sin necesidad de recurrir a la publicación en el BOJA", dijo Seco.

El letrado pidió a la Consejería que "deje de hacer argumentos de tipo procesal" y asuma su responsabilidad en la vulneración de derechos fundamentales de los menores. De hecho, el Defensor del Pueblo, José Chamizo, inició hace varias semanas una queja de oficio pidiendo a Educación que explique porqué se publicaron esos nombres de menores. Una queja en la que se personaron tanto los padres como el propio PP.

Además, la Fiscalía de Sevilla, que en principio no actuó de oficio, ha abierto una investigación después de que varios padres (entre ellos los que ahora han visto reconocido su derecho por la mencionada sentencia del TSJA) y el PP presentaran una denuncia. Por ello, Seco pedirá a la Fiscalía que también solicite testimonio de esta sentencia como documental probatoria de que la Administración disponía de medios para identificar a esos padres. "Tienen el poder del padre, su identificación, su DNI y hasta su domicilio para localizarlos", insistió.

Objetores cordobeses denuncian casos de acoso que la Consejería niega

Según una información de ABC, firmada por M. Roso, la plataforma de padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) 'Córdoba Educa en Libertad' denunció ayer que algunos de los alumnos de centros públicos cordobeses que no asisten a EpC están siendo acosados verbalmente por los profesores para que desistan de su postura.

La presidenta de la plataforma, María Emilia García de Blanes, aseguró en rueda de prensa que al menos 27 alumnos de centros públicos y concertados de la provincia no entran a las clases de las asignaturas de EpC. Ocho objetan en 3.º de ESO, 15 no asisten a Educación Ético-Cívica de 4.º de ESO y cuatro se ausentan de Filosofía y Ciudadanía, que se da en Bachillerato. "Hay más casos, pero estos son los que hemos confirmado a través de la plataforma", aclaró García de Blanes.

Según la entidad, de estos 27 alumnos hay cinco matriculados en institutos públicos que están viviendo una situación "límite" de acoso por parte de las direcciones de sus centros. "Sabemos que las instrucciones desde la Junta de Andalucía son que se presione a los objetores y parece que los directores de los centros cuentan con unas normas por escrito para hacerlo", señaló.

Según su relato, todo empieza citando a los padres del alumno para advertirles de que su hijo es el único objetor en el centro, que va a estar marcado, que será considerado un absentista y que suspenderá la materia. Si eso no funciona, comienza lo que la plataforma denomina un acoso verbal al menor: "les cuestionan que por qué no entran, que si tienen miedo, les dicen que lo que se da en la clase no es pecado, que su actitud es ridícula, que se van a quedar solos y sus compañeros se van a reír de ellos".

La presidenta de la plataforma lamentó que no haya medios para responder al hostigamiento que viven estos alumnos, "porque es su palabra contra la del profesor, el director y el jefe de estudios". Eso sí, apuntó que cuando en los institutos comprueban que alguien es inamovible, dan el caso por perdido y dejan al alumno y a la familia tranquilos.

Los objetores a EpC aseguraron que este acoso forma parte de las distintas medidas de presión emprendidas por la Junta de Andalucía y que se están agudizando en los institutos públicos. En este sentido, aclararon que en los centros concertados se está respetando el derecho a la objeción a EpC y que los alumnos que no asisten a clase pasan el tiempo estudiando en la biblioteca. "Sin embargo, en los centros públicos les han dado una vuelta de tuerca a los directores y los alumnos que el año pasado se quedaban en la biblioteca hoy pasan la clase de Ciudadanía en los pasillos, como si estuvieran castigados", afirmó García de Blanes.

La presidenta puso como ejemplo el caso de un alumno de un instituto de la provincia que el curso pasado, a pesar de no contar con una medida cautelar, pasaba la hora de EpC en la biblioteca, y que este año, contando con el amparo judicial, tiene que quedarse en el pasillo.

La delegada de Educación en Córdoba, Antonia Reyes, negó ayer rotundamente todas estas acusaciones, que calificó de muy graves. "Este tipo de declaraciones no se pueden hacer en una rueda de prensa sin datos ni pruebas. Los padres tienen medios para denunciar estos casos, bien a través del centro o de la propia Delegación", señaló.

Reyes puntualizó que la Consejería de Educación no ha dado instrucciones a los centros sobre qué hacer con los alumnos objetores: "lo dejamos a la discreción de los directores". Y añadió que la única instrucción sobre EpC se refiere a la calificación de los alumnos absentistas, que es de suspenso si no hay medida cautelar y de "no presentado" si hay amparo de los tribunales.

En Granada, un director invita a un objetor a cambiar de centro

Por otra parte, el mismo diario ABC informa en un artículo firmado por J. López de un caso de presión y acoso en Granada. Según la citada fuente, el director de un colegio de Granada ha recomendado a un alumno que se traslade de centro por su negativa a cursar EpC. Lo denuncia la organización La Rosa Blanca, cuyo portavoz, José Luis Amat, critica la persecución contra quienes rechazan la asignatura. Tanto es así que, según expone, un padre ha tenido que cambiar a su hijo de colegio para evitarle los sufrimientos derivados del acoso docente. Aún así, son 1.500 los expedientes de objeción presentados a través de La Rosa Blanca en Granada. El acoso a los que objetan es un tema que Amat quiere tratar con Educación, pero la peticiones no han merecido respuesta. Algunos progenitores han desistido de mantener el pulso con la Junta para evitar "el más mínimo perjuicio a sus hijos".

Las amenazas de Educación siguen en Lisboa

La polémica de la asignatura EpC sigue también en Lisboa. Como ha venido informando HO durante las últimas semanas, el movimiento objetor ha llegado hasta Portugal y también hasta el país vecino se ha extendido la persecución a los objetores.

Al igual que en España, las familias que han objetado en Lisboa oponen una tenaz resistencia a las presiones que reciben. Varias españolas y alguna portuguesa tienen la intención de iniciar un contencioso-administrativo que el letrado Carlos Seco Gordillo presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según publica hoy ABC en una noticia firmada por Mercedes Benítez.

En el Instituto Español Giner de los Ríos, un centro dependiente del Estado español en Lisboa y en el que estudian muchos de los españoles afincados en la capital portuguesa, varios alumnos españoles y una portuguesa han recibido la amenaza de ser expulsados por no asistir a la clase de EpC después de que sus familias hayan objetado.

Instituto Giner de los RíosEl jefe de estudios del centro ha enviado una carta a los padres de una alumna matriculada en 2º de ESO en la que les advierte que, tras faltar a la clase de EpC "durante más de seis periodos lectivos" le queda suspendida la aplicación de la evaluación continua en la asignatura. Y le anuncian que a la alumna "le podrá ser denegada la continuidad en el centro por reiteradas faltas de asistencia". En la carta también se advierte que, a final de curso y antes de la evaluación, tendrá que hacer un examen de toda la asignatura que comprenderá toda la programación del curso para esa materia. Un examen cuya fecha le comunicará el jefe de estudios en los primeros días de junio de 2009.

Ésa no es la única misiva que han recibido los objetores. Recibieron otra carta firmada por el consejero de Educación de la Embajada de España en Portugal, Francisco España, en la que se le advierte a esos alumnos que no caben más objeciones que las que determina el Tribunal Constitucional y esta "no se encuentra entre ellas".

Tras insistir en que la asignatura es obligatoria, les comunica que ese centro "no está obligado ni puede escolarizar a todos los españoles o portugueses que quieran asistir al mismo". Y les pide que reflexionen acerca de la continuidad de sus hijos en ese centro. "Pueden buscar, ahora que acaba de iniciarse el curso escolar, otro más acorde con sus deseos y su concepción educativa y moral religiosa". Por ello Seco, que será el encargado de presentar el recurso, afirma que lo grave no es sólo que estén negándoles el derecho a objetar sino que también le están negando a estos padres a educar a sus hijos en el sistema educativo español ya que no hay más centros españoles en Lisboa.