Y a la tercera década... resucitó

Y a la tercera década... resucitó

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Creíamos que la famosa novela de Vizcaíno Casas era una divertida obra imaginativa, pero ahora, gracias al juez Garzón, se ha visto superada. El vocal del CGPJ José Luis Requero ya ha salido al paso del dislate.

REDACCIÓN HO, TELEMADRID.-  El juez de la Audiencia Nacional, pasados no tres días sino 33 años, no se da por enterado de que Franco ha muerto ni de la posterior Ley de Amnistía que permitió la Transición, pide su orden de defunción y, enfrentándose a la Fiscalía, recurre a un artilugio jurídico para ganar tiempo e intentar condenarle por delitos contra la Humanidad.

Francisco Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Todos tenemos en la retina -los más jóvenes gracias a los archivos televisivos-, la imagen del entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, anunciándolo: "españoles, Franco ha muerto". También la de los días posteriores, en la que miles de españoles desfilaron ante su féretro abierto situado en la capilla ardiente instalada en el Palacio Real. Ahora, 33 años después, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicita su certificado de defunción: en contra del criterio de la Fiscalía quiere enjuiciar a Franco por crímenes contra la Humanidad.

Maniobra jurídica dilatoria

Veinticuatro horas después de hacer público su auto gana tiempo. Garzón, que sabe que pueden anular su investigación inmediatamente, recurre a la maniobra jurídica de convertir lo que eran unas diligencias previas en sumario y gana tiempo. De esta forma impide al fiscal que pida directamente ante jueces superiores el archivo de las diligencias y le obliga a que recurra primero ante él la causa al franquismo. Así, el fiscal tendrá que argumentar dos veces y en dos instancias distintas su negativa a que el juez investigue. Garzón consigue dilatar el procedimiento para iniciar así la exhumación de 19 cadáveres, entre ellos el de Federico García Lorca; también pude conseguir que lleguen antes a sus manos  los certificados de defunción de los 35 jefe franquistas que solicita.

La Fiscalía dispone ahora de tres días para recurrir esta última decisión de juez.  El fiscal insiste en que los delitos que quiere investigar Garzón han prescrito.

La polémica está servida

La clase política coincide: sí a la identificación de las víctimas -ya estaba para ello contemplado en la Ley de Memoria Histórica-, no a remover odios pasados. El Gobierno no entra a valorar la decisión de Garzón, aunque según exponía ayer la vicepresidenta y portavoz De la Vega, "hay que ser sumamente respetuoso con  el dolor de las personas que lo pasaron mal". Su compañero de partido José Bono también habla de respeto, pero "no hay que invocar aquellos hechos para remover de un modo en el que el odio pudiera hacer acto de presencia".

Desde el PP, las críticas se vierten en el mismo sentido. Varios responsables del PP, entre ellos Manuel Fraga, manifestaron este viernes su oposición a la decisión del juez. El fundador del partido, Manuel Fraga, que tuvo puestos de responsabilidad en los últimos años de la dictadura de Franco,  manifestó que "es un disparate que un señor se autodefina competente en un asunto que es muy discutible que tenga competencia nadie puesto que ya hubo leyes de amnistía", declaró, y añadió que "políticamente" es un "error gravísimo" resucitar esa tragedia. La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Saenz de Santamaría, estimó que la decisión del juez español es "sorprendente y no precisamente para bien", ya que Garzón "aplica retroactivamente" figuras jurídicas "actuales" cuando en aquella época "ese tipo de delitos no existían". "Estas cuestiones las tienen que hacer los historiadores", zanjó.

Críticas también de los propios afectados: el sobrino del poeta Federico García Lorca dice que la apertura de  la fosa de su tío sería una profanación.

También las asociaciones de jueces critican a Garzón por extralimitarse en sus funciones: el juez se extralimita, según han declarado diversos jueces.  El Derecho Penal está previsto para depurar responsabilidades de personas de carne y hueso, y no desde luego ara hacer un juicio al pasado histórico, advierten.

Requero: "es pura ideología"

J.L. RequeroEntre estos jueces críticos está José Luis Requero, vocal del CGPJ, magistrado de la Audiencia Nacional y de miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura. En declaraciones esta madrugada en TeleMadrid, Requero ha afirmado que "la pregunta que hay que hacerse es por qué se incoa este sumario, no se sabe muy bien cuando la propia resolución ya parte de la idea de que no va a conducir a nada porque todos los posibles responsables están fallecidos y en cualquier caso se dice que no se hace para investigar un hecho delictivo, sino para ‘hacer justicia histórica', lo cual es en todo punto algo alejado por completo de lo que son las funciones propias de un órgano jurisdiccional:  los jueces estamos, y lo dice la Ley de Enjuiciamiento criminal desde 1882, para investigar hechos delictivos y en su caso sentar al presunto culpable en el banquillo para que sea juzgado. En este caso los hechos no pueden ser juzgados porque están ya amnistiados desde 1977 y en  segundo lugar no se puede sentar a nadie en el banquillo, salvo que se quiera sentar a una momia, porque es evidente que están todos fallecidos. Es evidente -que se está haciendo de intención algo que es jurídica y procesalmente imposible".

Dado que todo esto lo debe conocer Garzón, Requero considera que el  empeño del magistrado se explica acudiendo a "versiones autorizadas". En este sentido, indica que "este viernes el diario El País, en su editorial, declaraba de una forma clara y meridiana que se trata de un juicio virtual, puramente simbólico, con lo cual uno concluye en que no se quiere hacer justicia en un sentido jurisdiccional y procesal del término, sino que se quiere hacer una especie de ajuste de cuentas con el pasado,  conseguir una resolución jurisdiccional donde se diga en definitiva que el anterior jefe del Estado era un criminal, y eso el juez en este momento no lo puede decir. Para mí esto es política e ideología".

Incongruente con la denunciada situación de la Justicia

La pregunta que todos nos hacemos, señalaba el magistrado, es cómo ante la gran cantidad de causas pendientes que tiene la Justicia y que afectan al día al día del ciudadano salen cuestiones como esta: "para el próximo martes 21 hay convocadas concentraciones de jueces para reclamar entre otras cosas medios materiales -recordaba el vocal del CGPJ en TeleMadrid-. Resulta que cuando todos los jueces de España están reclamando medios materiales, para esta causa se va a constituir un grupo específico de policía judicial, se va a poner a disposición de la causa el Instituto Nacional de Toxicología... Con lo cual uno concluye en que cómo es que se van a gastar centenares de millones de euros en una causa que se sabe que no va a conducir a nada en términos judiciales, que como se ha dicho ya, y no por mi, es puramente simbólica, es una causa abierta a la guerra civil y al franquismo, y sin embargo en el día a día los jueces en su labor para hacer justicia con personas de carne y hueso y vivas están reclamando medios... Es algo que a quien sorprende en primer lugar es a los propios jueces".

"Se quiere reescribir la Historia"

Por todo ello, Requero augura que esta causa "pasará por una especie de Guadiana judicial, estará mucho tiempo abierto, aparecerá y desaparecerá... Y acabará finalmente archivado, porque es procesalmente  imposible seguir adelante con eso, mediante un auto de sobreseimiento  en el que se diga que el franquismo fue un régimen criminal, que sus principales cabezas eran todos ellos criminales, que  dieron un golpe de Estado contra el orden constitucionalmente establecido en el año 36 y ahí acabará todo. Es decir, a través de un auto se querrá en definitiva hacer una causa general al régimen de Franco y a la Guerra Civil y se querrá en definitiva reescribir la Historia, proclamar por un órgano jurisdiccional, que es como decir el Estado, que aquello no se ha olvidado y que fue un acto criminal, cuando el propio Estado, a través del Legislativo, dice que de todo eso había que hacer borrón y cuenta nueva con la Ley de Amnistía. Con ello venos que en este caso un órgano jurisdiccional se ha convertido en legislador e historiador... se ha convertido en muchas cosas salvo en  un órgano jurisdiccional".