Los objetores afectados por el escándalo del BOJA lo denuncian ante la Fiscalía de Menores

También se han adherido a la queja incoada de oficio por el Defensor del Pueblo andaluz.

HO y EUROPA PRESS.- Las familias de los alumnos cuyos nombres fueron publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), al aparecer mencionados expresamente en resoluciones que desestimaban el reconocimiento del ejercico de la objeción de conciencia a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC), han denunciado el caso ante la Fiscalía de Menores por vulneración de los derechos fundamentales de estos niños. De ello informó a Europa Press el abogado sevillano Carlos Seco.

El letrado, que representa los intereses de numerosas familias objetoras a EpC, explicó que la denuncia está contenida en un escrito entregado ayer a la Fiscalía de Menores y alude a una "vulneración de los derechos fundamentales" de casi cien menores, cuyos nombres fueron publicados en el BOJA a través de 81 resoluciones denegatorias emitidas por la Consejería de Educación.

Así mismo, los objetores afectados por esta situación han presentado hoy un escrito en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, para adherirse a la queja incoada de oficio por la institución que dirige José Chamizo, toda vez que la inadmisión del reconocimiento de sus declaraciones de objeción está siendo objeto de recursos por la vía contencioso-administrativa.

Carlos Seco dijo que el caso "está ya denunciado" ante la Fiscalía de Menores, aunque lamentó que el propio Ministerio Fiscal no haya actuado de oficio, pues la Ley "le obliga a hacerlo ante casos de vulneración flagrante y evidente de los derechos de los menores". "Debería haber actuado de oficio", insistió el letrado sevillano.

Después de que el BOJA publicó el día 1 de octubre una resolución en la que se mencionaban los nombres de casi cien menores de edad en las 81 resoluciones mencionadas, Seco lamentó que ni la consejera del ramo, Teresa Jiménez, ni el presidente andaluz, Manuel Chaves, "hayan rectificado", lo que tiene "muy molestos a los padres de los afectados", porque "los niños ni tan siquiera eran el destinatario de las resoluciones" publicadas.