A Concapa Albacete le sorprende la actitud de la Fiscalía en Castilla-La Mancha

Su presidenta, Caridad Navarro, recuerda que los fiscales tienen la obligación de actuar "con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad".

REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- Concapa Albacete mostró su sorpresa ante el cambio de actitud del Ministerio Fiscal en Castilla-La Mancha, después de que el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha corrigiese mediante una instrucción la postura de los fiscales de Albacete y Toledo.

La organización que representa a la mayoría de las familias cuyos hijos estudain en la enseñanza concertada recordó por medio de un comunicado que todos los fallos judiciales recaídos hasta el momento en recursos sobre objeción en Castilla-La Mancha son favorables a los padres y contrarios a la Junta de Comunidades, y que son ya 122 "los fallos judiciales favorables a los objetores dictados en las comunidades de Andalucía, Aragón, La Rioja, Extremadura y Castilla-La Mancha".

"Hasta ahora los fiscales han actuado con libertad en los procedimientos que sobre objeción de conciencia a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía hemos puesto en marcha. En ellos no se han opuesto a las pretensiones de los padres, pues no han visto dañado el interés público", manifestó Caridad Navarro, presidenta de Concapa Albacete.

A juicio de esta organización, con la instrucción de la Fiscalía de Castilla-La Mancha se resiente "la independencia, imparcialidad y principio de legalidad de los jueces, pues los padres estamos defendiendo derechos fundamentales y libertades públicas".

Así pues, Concapa valora muy "negativamente" la imposición del criterio definido por el Fiscal Jefe del TSJ porque considera que "los fiscales deben actuar con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad, teniendo en cuenta que lo que está en peligro es la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones morales, religiosas o filosóficas, la libertad de conciencia de los niños menores de edad, la libertad de enseñanza, la libertad ideológica y religiosa y en definitiva lo que está en peligro son derechos fundamentales y libertades públicas a los que la Constitución Española y Tratados Internacionales suscritos por el Estado español otorgan la máxima protección, vinculando a todos lo poderes públicos".