Los funcionarios que impidan el ejercico de la objeción ante EpC pueden incurrir en delito
Tras lo sucedido en Yepes, Profesionales por la Ética advierte que esos actos están tipificados en el artículo 542 del Código Penal.
REDACCIÓN HO.- Como ha informado HO, las plataformas Toledo Educa en Libertad y ¿Xq te callas? y la Asociación Educación y Persona (entidades promotoras a la objeción de conciencia a las asignaturas a Educación para la Ciudadanía en Toledo) han denunciado que un inspector de Educación ha obligado a siete hijos de objetores a EpC (cuatro de 2º de ESO y tres de 4º de ESO) a entrar en las clases de las materias de esa área. Con ello, como pone de manifiesto Profesionales por la Ética por medio de un comunicado, ese funcionario de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha conculca los derechos de las familias objetoras.
La declaración de objeción de conciencia por parte de los padres implica que los alumnos no entran a clase de estas materias. Todo marchaba perfectamente en el IES de Yepes (Toledo) en el que se han producido los hechos; durante los primeros días de curso el centro habilitó una sala para uso de los alumnos objetores, sin que hubiera problema alguno por parte de ningún trabajador del centro. Solo cuando el inspector de Educación visitó el centro, el director recibió la orden tajante de obligar a los alumnos objetores a pasar a clase.
Ante estos gravísimos hechos, Profesionales por la Ética recuerda que el funcionario público que impida a los objetores ejercer su derecho, incurre en delito (artículo 542 del Código Penal) y podrá ser inhabilitado para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años. Además, hay que recordar que el funcionario público que amenaza o presiona a los objetores o a sus hijos viola la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Reguladora del Procedimiento Administrativo Común y conculca los derechos constitucionales de los padres, amparados por la Carta Magna y las Sentencias 53/1985 y 15/1982 del Tribunal Constitucional además de otras sentencias del Tribunal Supremo.
En toda España se han dictado 123 fallos judiciales (sentencias y Autos estimando medidas cautelares) que amparan a los objetores a las asignaturas del Área de Educación para la Ciudadanía (Educación para la Ciudadanía de 2º ó 3º de ESO, Educación Ético-Cívica de 4º de ESO y Filosofía y Ciudadanía de 1º de Bachillerato). En Castilla-La Mancha (concretamente en Albacete, Cuenca y Toledo) se han emitido 5 Autos de medidas cautelares que eximen a casi 100 objetores a asistir a clase de alguna de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía.
Castilla-La Mancha es una de las comunidades con mayor número de objetores a Ciudadanía, ya que a principios del presente curso se habían presentado 9 049 declaraciones de objeción.
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Soy objetor, de Santa Cruz
Soy objetor, de Santa Cruz de Tenerife, y a mi hija de 4º de la eso, junto con otros dos alumnos más, la están obligando desde el primer día a entrar a la clase de EpC pese a conocer de sobra nuestra postura. Se trata del colegio concertado Hogar Escuela "Mª Auxiliadora". Hemos hablado y escrito cartas con la dirección, además la niña siempre antes de la clase manifiesta su disconformidad con que se le obligue a permanecer en ella. Lo único que estamos consiguiendo es que a la niña la traten con destemplanzas y acosos por parte de otros profesores y parte del alumnado. El nivel de ansiedad de la niña va en aumento, de forma que muchos días llega llorando del colegio y por las mañanas no puede desayunar porque las nauseas que le genera la situación la predisponen al vómito fácil. No sabemos ya que hacer.
Genial. El "fuego amigo",
Genial. El "fuego amigo", pues por el nombre supongo que es un colegio religioso. Lamentable que esos colegios concertados que deberían ser punta de lanza en esta batalla, no sólo nos han dejado tirados a los objetores, sino que además nos dificultan en la lucha.
Ánimo y saludos.
Querido Jósé: consulta con
Querido Jósé: consulta con los asesores legales gratuitos de las asociaciones de objetores, pero pienso que lo que puedes hacer es muy sencillo: doble denuncia. Denuncia penal ante el juez por violación de derechos fundamentales y acoso escolar, y denuncia canónica ante el obispo por violación del ideario católico del centro. Cualquiera de las dos suele ser mano de santo para calmar a los progretalibanes.
En Estados Unidos ya han retirado el derecho a denominarse centro católico a siete universidades, y en España algunos colegios lo están pidiendo a gritos. La editorial SM puede ser la primera.