Foro Ermua exige al gobierno la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV

"El Gobierno es el responsable de que ANV esté representada en las instituciones locales al haberse negado a promover su ilegalización antes de las elecciones municipales", se sostiene en un comunicado.

REDACCIÓN HO.- Transcribimos a continuación el comunicado remitido a HO por el Foro Ermua:

• Tras la decisión del TS por la que se procede a ilegalizar el partido ANV, resulta una exigencia democrática impedir que los ayuntamientos puedan seguir gobernados por personas que fueron elegidas bajo las siglas de una organización terrorista.
• El Gobierno es el responsable de que ANV esté representada en las instituciones locales al haberse negado a promover su ilegalización antes de las elecciones municipales.
• El Presidente del Gobierno debe demostrar que ha rectificado realmente su política antiterrorista y que está dispuesto a hacer frente a toda la estructura terrorista con todos los medios del Estado de Derecho.
• El Consejo de Ministros tiene la posibilidad legal de disolver los ayuntamientos mediante la aplicación del artículo 61 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.

El FORO ERMUA exige al Gobierno que proceda a la inmediata disolución de todos los ayuntamientos gobernados en solitario o en coalición por ANV. La Sentencia de ilegalización de esta formación, cuyo fallo ha sido conocido hoy y cuyos argumentos serán hechos públicos en pocos días, obligan al ejecutivo a tomar las medidas legales oportunas para impedir que ayuntamientos del País Vasco y Navarra puedan seguir siendo gobernados por quienes han sido elegidos en las listas de una organización terrorista.

La política de negociación con ETA llevó al Gobierno, a pesar del cúmulo de pruebas existentes, a no promover la ilegalización de ANV antes de las elecciones municipales. Esta decisión ha permitido que los terroristas accedan al Gobierno de varios ayuntamientos en Euskadi y Navarra y que desde esa posición de gobierno obtengan datos de los ciudadanos y manejen los presupuestos municipales y los puestos de trabajo locales para fortalecer la estructura terrorista.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como máximo responsable de la situación creada, tiene la obligación de poner todos los medios para proteger a los ciudadanos que se oponen a ETA y para remediar el daño cometido. Hasta el momento la pregonada rectificación de su política antiterrorista sólo viene avalada por declaraciones, pero no por medidas reales. Este es un buen momento para acreditar que la voluntad de hacer frente a ETA con todos los medios del Estado de Derecho va más allá de la retórica.

El Consejo de Ministros tiene el cauce legal para proceder a la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV. El artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, le da la posibilidad de hacerlo. Su obligación es aplicar ese artículo en defensa del Estado de Derecho y de los ciudadanos vascos y navarros y del resto de España y eso es lo que el FORO ERMUA espera que haga.