La objeción a EpC es una movilización social sin precedentes en España

Cabrera presume de "normalidad", pero ya hay más de 45 300 objeciones, casi 500 recursos judiciales y más de 30 sentencias que amparan el derecho a objetar. De la Vega asegura que, si quienes no cursan EpC suspenden otra materia, no promocionarán y el Ministerio de Educación reconoce que eso es falso. 

REDACCIÓN HO.- Mediante un comunicado remitido a HO, Profesionales por la Ética denuncia que, en rueda de prensa celebrada el pasado viernes 12 de septiembre, la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, ignoró la trascendencia social que representa el movimiento objetor contra Educación para la Ciudadanía (EpC). De la magnitud alcanzada por éste dan buena muestra las más de 45 000 objeciones tramitadas, los casi cinco centenares de recursos planteados en los tribunales de Justicia por familias a las que se les ha denegado ese derecho por vía administrativa y las más de 30 sentencias favorables a su ejercicio dictadas hasta la fecha.

Durante su comparecencia ante los medios, la ministra había dicho estar plenamente convencida de que las clases de Educación para la Ciudadanía (EpC) se van a desarrollar con normalidad porque tiene "el aval de la manera en que ha funcionado el curso pasado".

Tales declaraciones, asegura Profesionales por la Ética, no pueden sino sorprender a una sociedad que ve cómo el número de objeciones de conciencia a dicha asignatura aumenta en casi 100 objeciones diarias y se sitúa, a día de hoy, en 45 376, según los datos registrados por propia asociación y que coinciden con los aportados por muchas de las Consejerías Autonómicas de Educación, como las de Castilla La Mancha o Andalucía, ambas con gobiernos socialistas.

Para Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, "es verdaderamente inquietante la forma en que la ministra de Educación cierra los ojos ante una movilización social de las características y la naturaleza del movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía. No solamente ignora reiterada y conscientemente las más de 45 000 objeciones, sino también los cerca de 500 recursos judiciales presentados por los padres objetores y reconocidos por el propio abogado general del Estado, pretendiendo así dar una imagen de aparente normalidad que distorsiona conscientemente la realidad."

Así mismo, Mercedes Cabrera aseguró que "el contenido de la misma responde a una demanda de la propia sociedad y de las familias". Ante semejante afirmación, Urcelay manifestó que "resulta absolutamente inverosímil que la ministra pueda defender que Educación para la Ciudadanía responde a una demanda social, cuando ésta ha generado semejante rechazo entre los padres. La asignatura carece totalmente de respaldo social y se ha impuesto sin consenso alguno".

Por último, Urcelay recordó que son ya más de 100 las asociaciones y plataformas de padres que promueven la objeción de conciencia y conforman el mayor movimiento objetor de la historia de España.

De la Vega falsea la normativa sobre promoción de curso

El mismo viernes 12 de septiembre, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, M.ª Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta 1.ª del Gobierno, aseguró que el gabinete del que forma parte será firme en la implantación de Educación para la Ciudadanía y que quien no la curse será dado por no evaluado o suspenso.

Así mismo, afirmó que, con un "cero" en EpC y un suspenso en otra materia cualquiera, "el alumno repetirá curso".

Como publica el diario La Razón, fuentes del Ministerio de Educación se vieron obligadas a precisar que, como tantas veces han recordado las entidades promotoras de la objeción de conciencia frente a EpC y pese a que altos representantes de diversas administraciones educativas han proferido amenazas similares a la expresada por la vicepresidenta, los alumnos de Secundaria pueden pasar de curso hasta con tres materias suspensas.