Cabrera trabaja por una pronta sentencia del Supremo sobre EpC

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, quiere una pronta sentencia del Supremo sobre Educación para la Ciudadanía. Para evitar la actual inseguridad jurídica, reconoce a ALBA haber hablado con el titular de Justicia, Fernández Bermejo, para pedirle que el Supremo despeje las incógnitas. El movimiento objetor no descarta ir al Constitucional o a Estrasburgo. 

ALBA, Luis Losada Pescador.- La pelota de EpC se encuentra en manos del Tribunal Supremo. La Junta de Andalucía ha recurrido las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que defiende el derecho de los padres objetores a que sus hijos se ausenten de las clases de EpC, mientras que los padres objetores de Cataluña también han recurrido las sentencias del Superior de Justicia de Cataluña negando esa posibilidad. Lo mismo se puede decir de Asturias. Ahora es misión del Supremo unificar doctrina.

Pero ¿cuándo lo hará? ¿Cuenta el Ministerio con alguna pista? La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, reconoce a ALBA haber hablado con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para tratar de lograr una pronta sentencia del Supremo que despeje la actual situación de inseguridad jurídica. "La Justicia responderá y tendrá su decisión final", señala Cabrera. En todo caso, el movimiento objetor ya trabaja con la posibilidad de llevar el caso al Tribunal Constitucional y eventualmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Recientes sentencias de este último tribunal dan la razón a los padres por oponerse a una asignatura contraria a sus valores morales y/o religiosos.

"Como faltar a Matemáticas"

Por lo que a las consecuencias de la objeción se refiere, Cabrera insiste en su amenaza al asegurar que "no asistir a EpC tiene las mismos efectos que no asistir a clase de Matemáticas o de cualquier otra asignatura ‘obligatoria' que forme parte del currículum académico". La ministra considera que la asignatura es una"necesidad" por las exigencias del Consejo de Europa. Reitera su argumento de que "existe en casi todos los países de la Unión Europea" y además califica la asignatura de"importante en una sociedad cambiante como la nuestra". Por lo demás, la ministra considera que el pasado curso, en el que se aplicó parcialmente EpC, hubo -a su juicio- "absoluta normalidad", y eso a pesar de la multiplicidad de sentencias, las enormes contingencias judiciales, la inseguridad jurídica y la existencia de más de 44.000 padres que ya han objetado la polémica asignatura.

"Dicen que son 44.000, pero luego cuando miras en las CCAA donde se ha aplicado, no salen las cifras", señala Cabrera con cierto desdén. El mismo con el que se refería a los dos millones de la manifestación anti-LOE y el mismo con el que su antecesora, María Jesús San Segundo, se refería a los tres millones de firmas por la asignatura de Religión. En todo caso, Cabrera augura normalidad para el próximo curso. Reconoce el derecho de los padres que consideren vulnerados sus derechos a acudir a los tribunales en busca de amparo, pero afirma a ALBA "no comprender" que una Administración como la Comunidad de Madrid "incumpla la ley", en referencia al anuncio de la consejera de Educación, Lucía Figar, de permitir la inasistencia de los niños a clase.

Por último, Cabrera se muestra relativamente tranquila con el apoyo implícito de los centros concentrados. "Un padre que envía a su hijo a un centro concertado ya sabe adónde lo envía y se fía plenamente de la educación del centro".