En España, la libertad de enseñanza es delito

En España, la libertad de enseñanza es delito

Hace un año informábamos del caso de Don Manuel Gómez Muñoz y Doña Vicenta Calatayud Alborch, que han optado por la vía de la educación en casa para sus hijos. Hoy se enfrentan a un juicio como imputados de un delito de abandono familiar. Envía tu apoyo a esta familia y reclama justicia para ellos

Lejos de emprender la regulación legal que esta nueva realidad social demanda, los tribunales y administraciones españolas han optado por la simple vía de la represión, como en los peores regímenes totalitarios. Hoy en España asistimos con asombro a la conversión de los delitos en derechos, como en el caso del aborto, y a la transformación de los derechos en delitos, como en el caso de esta familia. 

Entendemos que la actuación de la pareja Gómez - Calatayud es una actuación consciente y que los padres, conocedores de sus deberes y derechos, han asumido plenamente la responsabilidad de educar en el hogar, amparándose en la Constitución española, artículo 27.1 y artículo 27.3 que reconocen la libertad de enseñanza y el derecho que tienen los padres de escoger en qué forma quieren educar a sus hijos.

No hay que olvidar, a efectos meramente ilustrativos, que la educación en el hogar en el Estado Español ha sido considerada legítima en repetidas ocasiones. Los Tribunales, cuando han tenido oportunidad, han considerado que el derecho a la educación no se protege y garantiza únicamente a través de la escolarización y de la integración del alumno en el sistema educativo que diseña la Ley sino que "la formación educativa, efectuada al margen de la enseñanza oficial, es perfectamente aceptable en el marco de libertades diseñado por la Constitución" (sentencia de la Audiencia de Barcelona de 14 de febrero de 1996. FJ 1º).

En el mismo sentido, el Tribunal Supremo, en la sentencia 30/10/94, por ejemplo, estima compatible con el derecho a la Educación que los menores reciban formación en el ámbito familiar, al margen de la enseñanza oficial, sin que las vías establecidas por el Estado sean exclusivas o excluyentes.