Zapatero sale en defensa de Garzón y Gallardón se apresura a colaborar

Zapatero sale en defensa de Garzón y Gallardón se apresura a colaborar

«<a href="http://www.hazteoir.org/node/13959">La última de Garzón: insta a Iglesia y municipios a reabrir la herida de la Guerra Civil</a>»
«BLOGS HO: »«<a href="http://www.xavs.es/2008/09/01/garzon-o-la-eterna-busqueda-de-la-fama/">Garzón o la eterna búsqueda de la fama</a>»«, por »«Fco. Javier Jiménez Rivero»

Mientras Zapatero, Blanco y Pajín son los primeros en defender la rocambolesca iniciativa del juez y Gallardón se apresura a colaborar, a la idea del magistrado de investigar los desparecidos durante el franquismo le llueven las críticas: es la lógica consecuencia de reabrir innecesariamente las viejas heridas.

REDACCIÓN HO.- Como buen adalid de su ley de Memoria Histórica, el presidente del Gobierno ha salido en defensa de la iniciativa de Baltasar Garzón. También Leire Pajín. Por su parte, Gallardón también se ha mostrado ya dispuesto a colaborar, mientras desde el CGPJ se considera un "show".

Zapatero ha expresado el "respeto" del Ejecutivo a la decisión del magistrado, al tiempo que recordó que la Ley de Memoria Histórica "establece la colaboración" de las Administraciones con las familias en la búsqueda de sus fallecidos. En una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, tras la reunión que ambos mantuvieron en el Palacio de la Moncloa, Zapatero indicó que la iniciativa del magistrado "responde a una demanda a una iniciativa de ciudadanos, que tienen derecho".

Y en declaraciones a Antena 3, también la secretaria de Organización socialista, Leire Pajín, ha defendido la polémica iniciativa, salida muy a cuento para olvidar temas acuciantes como el de la cada vez más preocupante crisis económica: "se trata de recuperar la memoria, para mi es recuperar un ejercicio de recordar lo que pasó en este país y no para enfrentar a la sociedad, sino para evitar que se vuelva a repetir", afirmaba olvidando que la iniciativa parte de una representación minoritaria de uno de los dos bandos enfrentados en el 36, que se dirige sólo a las víctimas de un lado y, sobre todo, que se hace a espaldas de la Fiscalía y que quebranta la Ley de Amnistía de la Transición. Pese a todo ello, Pajín insistía: "soy de las que pienso que es el momento de recuperar esa memoria, de explicar sin tapujos lo que ocurrió, de honrar la justicia de aquellos que perdieron la vida de esa forma".

Por su parte, Ee vicesecretario general del PSOE, José Blanco, se mostró hoy "respetuoso" con la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de elaborar un censo de desaparecidos en la Guerra Civil y defendió que el "derecho sagrado" de las personas a "conocer dónde están enterrados sus muertos" es algo que "no debe de molestar a nadie".

Quien tampoco ha tardado en responder favorablemente al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, como también lo ha hecho la alcaldesa de Córdona, Rosa Aguilar (Iu): "no hemos recibido aún la providencia y cuando la recibamos la estudiaremos con profundidad. Ni que decir tiene que naturalmente el Ayuntamiento de Madrid hará siempre cualquier cosa que le requiera un juzgado, por lo tanto la cumpliremos en todos los términos que haya decidido el Juzgado", manifestaba Gallardón esta mañana. Por su parte, Aguilar ha declarado que "la normalidad, la tranquilidad y el espíritu de concordia", la iniciativa de Garzón permitirá "dar respuesta a las necesidades, los sentimientos y el afecto de muchos familiares que quieren dar un descanso en paz a los restos de sus familiares que no saben donde están".

Una postura la de Gallardón que contrasta con la del compañero de partido y ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja; para el eurodiputado, la iniciativa de Garzón es un "disparate"; tras recordar que hace tiempo dijo que Ley de la Memoria Histórica aprobada por el Gobierno era una de las "más perniciosas", ha añadido que le parece un "enorme error" porque es "echar piedras contra nuestro propio tejado".En este sentido, ha recordado que "España siempre ha tenido la tragedia de la división, de la confrontación y todo lo que significa ahondar en eso es recuperar la peor historia de España". Tampoco el propio Mariano Rajoy se desmerece en críticas a la iniciativa: el presidente del Partido Popular ha afirmado su habitual respeto a las decisiones y procesos judiciales pero añadiendo que no es "partidario de abrir las heridas del pasado", ya que "no conduce a nada lo haga quien lo haga".

Por su parte, el vocal del CGPJ José Luis Requero calificó hoy de "show judicial" la investigación abierta por el juez y cree que "no resiste un análisis jurídico mínimamente serio" y que es "muy difícil de valorar" desde el punto de vista judicial. Según este vocal del Consejo, medidas ordenadas por Garzón, como pedir información sobre fusilados a la Conferencia Episcopal, demuestran "una ignorancia realmente preocupante". A juicio de Requero, "cuando se pone patas arriba a muchas instituciones, ayuntamientos, hasta parroquias, o se hace con conocimientos jurídicos o más vale no hacerlo". Por este motivo, el vocal del CGPJ insistió en que, a su juicio, la causa abierta por Garzón "no es una iniciativa jurídica, sino una especie de extraño show, que es muy difícil de valorar".

Ni siquiera Jueces para la Democracia se resiste a las críticas: laasociación considera que la iniciativa del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de elaborar un censo con los desaparecidos en la Guerra Civil para abrir una posible causa "tiene poco futuro" desde el punto de vista jurídico y apunta que esta cuestión debería resolverse en "el propio ámbito político". Según explicó a Europa Press el portavoz de la asociación, Miguel Angel Jimeno, para que el juez Garzón pudiera emprender acciones "tendría que ser porque hay expectativas de que haya algún delito que no haya prescrito y que tenga un autor que pueda presumirse que puede averiguarse quién es". Sin embargo, explicó, es "bastante discutible" suponer que estamos ante "delitos imprescriptibles", ya que deberíamos hablar de un delito "tipo de genocidio" que además no prescribe desde su incorporación a la legislación española, algo "mucho más tardío". Del mismo modo, habría que determinar "quién es el sujeto o sujetos a los que se les puede exigir responsabilidades". Por todo ello, Jimeno señaló que la iniciativa del juez no tiene "ninguna salida" desde el punto de vista jurídico. A su juicio, es "evidente" que la Ley de Memoria Histórica "tiene lagunas", pero estimó que no deben ser resueltas por el Poder Judicial, sino por "el Ejecutivo", en "el propio ámbito político".

Para el portavoz de la asociación de jueces, no tiene sentido que "toda injusticia que se haya producido tenga que resolverla el juez". "El juez puede resolverla cuando es constitutiva de delito, pero si no hay modo de perseguir a nadie en concreto y el hecho en que se realizó, si es que se realizó, tampoco era delictivo, no debe ser", subrayó. En cualquier caso, Jimeno recalcó que JpD defiende que los familiares de las víctimas "tienen derecho a que se averigüe" dónde se encuentran sus restos y "que los gastos corran a cargo del Estado", que debe ser quien "lleve la iniciativa". "Esto que en la Ley de Memoria Histórica no quedaba suficientemente claro o no se asumió por las razones que fuese con la suficiente contundencia no puede resolverse desde una perspectiva jurídico-penal", insistió.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Española aseguray que no puede explicar nada sobre el requerimiento del juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional sobre la elaboración de listados y datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil porque éste "no se conoce" en la casa de la Iglesia. "No podemos hablar de nada puesto que el requerimiento judicial no se conoce en la CEE", explicaron a Europa Press fuentes del Episcopado, que explicaron que sólo conocen de la providencia judicial lo publicado en los medios de comunicación.

Baltasar Garzón ha instado a la CEE a que comunique a las parroquias de España (22.700 parroquias canónicamente erigidas sin contar ermitas y otros lugares de culto) que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del "alzamiento nacional" a través de los libros de difuntos de los que dispongan.

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