El inicio del curso escolar y político reaviva la polémica por la imposición de EpC

En Galicia se estrena la asignatura en segundo de secundaria sin opción a objetar, en Castilla y León la plataforma Soria Educa en Libertad exige el cese del consejero de Educación por su posición ante los objetores y en la Comunidad Valenciana padres y profesores anuncian medidas ante la falta de diálogo de la Junta.

• BLOGS HO: "¡toc, toc! ¿hay alguien ahí?", por Aníbal Cuevas
• Los hijos de los objetores madrileños harán tareas de voluntariado o trabajos relacionados con el currículo escolar
• Padres vascos reclamarán en los tribunales el reconocimiento de 435 objeciones a EpC
• Rajoy anuncia que también objetará a EpC porque "es un derecho que existe y me asiste"
• La Rioja, primera comunidad que reconoce, por aplicación directa de la Constitución, el derecho a objetar a EpC

REDACCIÓN HO / LAS PROVINCIAS / ABC /LA VOZ DE GALICIA / DIARIO DE LEÓN /El MUNDO.- Con el inicio del nuevo curso escolar y político, se reaviva la polémica en torno a Educación para la Ciudadanía, con el rechazo de decenas de miles de padres de familia al interés adoctrinador del Estado, interés ilegítimo frente al que cada vez son más respaldados por los tribunales.

La nueva asignatura comienza a impartirse en Secundaria en la mayor parte de las comunidades autónomas este curso, en perjuicio de otras materias, como Lengua, Conocimiento del Medio o Filosofía, que pierden horas lectivas a favor de EpC, y sobre todo de la asignatura de Religión, que además de perder horas también deja de ser obligatoria, con lo que se imparte fuera de las horas de clase: los alumnos tendrán que renunciar al recreo para cursarla.

EpC se estrena en Galicia sin opción a objetar

A las novedades del Bachillerato y de las pruebas de evaluación se une la implantación de la Educación para la Ciudadanía. La mayoría de las comunidades decidieron esperar al curso que ahora comienza para estrenar la materia -podía haberse implantado en el 2007-2008- y en Galicia comenzará en segundo de educación secundaria. Como en otras autonomías, en la gallega también se recibieron numerosas objeciones a la asignatura.

La Xunta manifestó ya que todas las objeciones fueron desestimadas y que los alumnos tendrán que cursarla o suspenderán, como ocurriría con cualquier otra asignatura.

Castilla y León: exigen el cese del consejero de Educación

Soria Educa en LibertadLa Plataforma Soria Educa en Libertad, que aglutina a los objetores de la asignatura escolar de Educación para la Ciudadanía de Soria, pedirá el cese del consejero de Educación, Juan José Mateos, y del viceconsejero de Educación Escolar, Fernando Sánhez Pascuala, si no reconsidera su posición actual y resuelve los recursos presentados por varios alumnos para no cursar la asignatura.

"El consejero de Educación, Juan José Mateos, no puede seguir engañando a la opinión pública con declaraciones que no se corresponden con sus actuaciones", afirma la plataforma en un comunicado remitido a HO. Así, recuerda que el pasado 28 de agosto declaraba que "siempre se va a respetar a las familias que opten por la objeción de conciencia" y que "esta materia se va a basar en la neutralidad ideológica" cuando se imparta en los colegios de Castilla y León. "Ambas afirmaciones realizadas por Mateos no son ciertas", denuncia el colectivo de padres.

"No se está respetando a las familias puesto que el Consejero nos está impidiendo ejercer un derecho constitucional, ampliamente reconocido por sentencias de tribunales que está ignorando. Llega, incluso, a dudar de la existencia de tal derecho, puesto que en el escrito de denegación que están recibiendo los padres lo califica de "supuesto derecho a la libertad ideológica y de conciencia", afirma Soria educa en Libertad, que añade que "no se está respetando a las familias cuando se ha elegido precisamente el mes de agosto, con lo que esto supone, para denegar las objeciones".

"Al denegarlas alegando que se trata de una asignatura "obligatoria" está ignorando la Constitución, porque es precisamente la obligatoriedad de una asignatura que vulnera nuestras conciencias la que lleva a los padres a acudir a nuestra norma jurídica de rango superior. A nuestra Comunidad Autónoma lo que le corresponde es hacer real y efectiva la Constitución como norma jurídica prevalente sobre una norma (en este caso un Real Decreto) que vulnera un derecho fundamental. La Constitución y las libertades en ella consagradas están por encima de las leyes de los gobiernos de turno", afirma el colectivo, que entiende además que "cuando manifiesta que la asignatura, en nuestra Comunidad, se va a basar en la neutralidad ideológica está, de nuevo, engañando a la opinión pública", y recuerda que la Junta no puede recortar los contenidos aprobados por el Gobierno, por lo que no puede tratar de "vender" a la opinión pública un currículo basado en la "neutralidad ideológica" y que los libros de texto son los mismos y en ellos se recogen todos los contenidos impuestos por el Ministerio.

Recordando también el respaldo que los tribunales están prestando a los objetores, la plataforma anuncia que "pedirá el cese del Consejero de Educación y del Viceconsejero y acudirá a los Tribunales para que éstos reconozcan, como ya han hecho en otras Comunidades, un derecho fundamental recogido en la Constitución".

Sigue la tensión en la Comunidad Valenciana

En la Comunidad valenciana los sindicatos amenazan con iniciar movilizaciones ante el inicio del curso escolar ante la política educativa regional. Entre otras cuestiones, coincide­n en criticar la asignatura Educa­ción para la Ciudadanía, cuyo de­sarrollo fue recurrido por CC.OO., UGT, STEPV y el Ministerio de Edu­cación. Esto motivó un fallo del Tri­bunal Superior en el que se anula­ba la opción que permitía aprobar­la mediante trabajos trimestrales.

UGT anunció que la próxima semana solicitaran los permisos gubernativos necesarios para realizar movilizaciones en la primera quincena de octubre, con el fin de hacer "rectificar" al Consell en su política educativa, entre otras cuestiones por lo que calificaron de "ocurrencias fracasadas", como impartir Ciudadanía en inglés. Frente a lo que denuncian los sindicatos, fuentes del departamen­to de Font de Mora explicaron que a la espera de conocer que sucede­rá con la opción de los trabajos, las necesidades estarán cubiertas con los profesores existentes, y garanti­zaron que no habrá problemas para impartirla en inglés. Por su parte, el STEPV optó por dar la asignatura en valenciano o castellano, en función de la línea de cada centro.

La asignatura de la discordia también en el seno del PP

Rajoy que se acaba de declarar objetor, carece de unidad en su partido ante EpCQuedan dos semanas para su debut en las comunidades gobernadas por el PP y EpC sigue sembrando incertidumbre también después de tanto vaivén de declaraciones políticas y actos, todos ellos contradictorios entre sí. Los cursos de 2º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato son aquellos en los que las comunidades del PP estrenan una asignatura no deseada y a la que han dado su particular barniz a la hora de desarrollar los contenidos más polémicos, los referidos a las opciones afectivo-sexuales. Lo incomprensible para los padres objetores es que, rechazando todos la asignatura, unos gobiernos populares acepten las objeciones de conciencia y otros no.

Como recuerda El Mundo, por un lado, el PP mantiene una postura oficial, que legitima y defiende lo que considera un derecho de los padres ante una asignatura obligatoria que creen que invade la esfera de valores ideológicos, morales y religiosos. Lo ha reiterado su portavoz parlamentario de Educación, Juan Antonio Gómez Trinidad, y lo ratificó la dirección del partido en su XVI Congreso el pasado mes de junio. Pero, luego, cada gobierno autonómico popular ha actuado como le ha venido en gana, en discordancia con la línea oficial y variando, además, su postura a lo largo del tiempo.

Madrid y Murcia han presumido de reconocer el derecho a la objeción y han animado a las familias a hacerlo, pero no han regulado ninguna actividad alternativa para los niños que quedarán fuera de clase, como prometieron. Aprovechan el balón de oxígeno que les dio una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reconociendo el carácter ideológico de algunos contenidos (sobre todo, los referidos a las opciones sexuales de las personas) y las sucesivas sentencias de este tribunal y de los de La Rioja y Aragón amparando la objeción de conciencia. Según el currículo desarrollado en Madrid, "se evita la implantación de una moral desde el Estado, respetando escrupulosamente los ámbitos de la moral individual". Además, los centros impartirán sólo una hora a la semana: el mínimo posible.

Por otro lado, la Comunidad Valenciana y La Rioja aceptan las solicitudes, aunque con reparos. Las que rechazan las objeciones de conciencia, Castilla y León y Navarra, apelan a su responsabilidad sobre el futuro de los estudiantes. Si no van a clase, suspenderán esa asignatura y, entonces, no es posible garantizar su título en ESO. Navarra y Castilla y León lo enfocan así: si no van a clase, suspenderán y pondrán en riesgo el título.

Y mientras, Cabrera sigue con su autoritarismo

Cabrera sigue amenazandoAsí las cosas, La ministra de Educación, Política Social y Deportes, Mercedes Cabrera, hizo el viernes una advertencia muy clara a quienes se oponen a la asignatura EpC: "Es obligatoria, exactamente igual que el resto. No cursar esta asignatura tiene los mismos efectos que no cursar la de Matemáticas", es decir, recibir un suspenso.

Frente a la actitud del gobierno madrileño, que han ndicado recientemente que los alumnos cuyos padres han recurrido a los tribunales contra esta asignatura no deberán asistir a clase y no podrán ser suspendidos, la ministra dijo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que esta asignatura ha sido impartida el último curso en varias comunidades "con absoluta normalidad", y en el que comenzará en septiembre llegará a toda España también "con normalidad".

"Es una asignatura necesaria, y especialmente importante en sociedades que cambian, como la nuestra, porque imparte valores democráticos", intentaba argumentar la ministra. Todo un desprecio a las decenas de miles de padres que han objetado y a los que empezarán a hacerlo, así como a los tribunales que han comenzado a respaldarles.

En defensa de nuestro derecho constitucional

Este es el panorama con el que se encuentra la Administración educativa en la vuelta al cole: más de 44.500 objetores a EpC,  mayoría de sentencias y autos favorables a los padres objetores y casi 400 recursos pendientes de resolver en las diferentes instancias judiciales, algunos de ellos ya en el Tribunal Supremo. Hay también cientos de recursos administrativos que muy posiblemente llagaran a los tribunales en los próximos meses.
 
"Todo indica -asegura Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética- que en las próximas semanas  se incrementarán las objeciones a EpC y se dictarán nuevas sentencias relativas a este derecho. Todo ello fruto de la intransigencia de un gobierno que, al igual que sucedió con los primeros objetores al servicio militar, ha escogido el camino de la amenaza e incluso de la represión de un derecho fundamental".