Los objetores madrileños a EpC reclaman soluciones
Piden a la Consejería que pase de las palabras a los hechos.
- Los objetores madrileños a de EpC no estarán obligados a ir a clase
- ÚLTIMA HORA: La Comunidad espera que el Tribunal Supremo fije "lo antes posible" una doctrina para actuar con los objetores. Fígar garantiza la atención de los niños objetores durante la hora que el resto de alumnos estén dando EpC.
REDACCIÓN HO.- Los padres objetores madrileños se manifiestan satisfechos con las recientes declaraciones de la Consejera de Educación, Dña. Lucía Figar, en las que garantiza el respeto por parte de su administración a "los derechos de conciencia" de los padres objetores.
No es la primera vez, ya que la Comunidad de Madrid ha mostrado en reiteradas ocasiones, desde la Consejería principalmente, pero también la propia Presidenta Esperanza Aguirre, su respeto a los padres que entienden que la asignatura es inaceptable por ser adoctrinante y obligatoria. Igualmente prometió que articularía alternativas y que los hijos de padres objetores no tendrían que cursar la materia ni serían evaluados desfavorablemente
Sin embargo, Mª Ángeles Eyries, coordinadora de la campaña de objeción de Profesionales por la Ética en Madrid manifestó que "los padres necesitamos no sólo declaraciones sino hechos. Hace ya más de un año que se están produciendo declaraciones de este tipo pero no ha habido, hasta la fecha, ningún hecho que las respalde. Los padres madrileños necesitamos que se admita oficialmente y por escrito la objeción a que nuestros hijos cursen el grupo de asignaturas de Educación para la Ciudadanía de manera que no estén obligados a cursarlas ni sean evaluados en las mismas. Pero también es necesario que se nos comunique a nosotros y a los centros, cuanto antes, cómo proceder con esos alumnos en esa hora de clase".
La objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía está teniendo un respaldo abrumador por parte de los Tribunales Superiores de Justicia. Son ya 36 las sentencias favorables y más de 80 los Autos dictados concediendo las medidas cautelares a alumnos objetores de todos los cursos.
La Comunidad de Madrid ha registrado el mayor número de objeciones de conciencia en España, 11.531, y se sitúa a la cabeza del movimiento objetor con nueve plataformas de padres constituidas este año.
ÚLTIMA HORA (18:00): La consejera de Educación, Lucía Figar, aseguró hoy que el deseo de la Comunidad de Madrid es que el Tribunal Supremo sentencie "lo antes posible" y fije una doctrina para actuar con los alumnos que objeten a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en los centros madrileños, que el próximo curso tienen que impartirla obligatoriamente en 2º y 4º de la ESO.
"Todos esperamos que ahora mismo, el Tribunal Supremo, que es quien tiene que fijar doctrina, sentencie lo antes posible para acabar con las incertidumbres que están afectando a todas las comunidades autónomas y a todos los centros educativos", señaló Figar en declaraciones recogidas por Europa Press, al tiempo que aseguró que dicho retraso "está creando un malestar a los equipos educativos y a familias".
En este sentido, apuntó que en base a las sentencias que ya ha habido en otros Tribunales de Justicia como el de La Rioja o Andalucía, "donde se les ha reconocido ese derecho", la Comunidad va a cumplir con la obligación de ofrecer esa asignatura al mismo tiempo que respetará los derechos de las familias objetoras. Así, aseguró que la Consejería está en contacto con las plataformas de los padres objetores y que los colegios madrileños conocerán antes de que empiece el curso, el próximo 15 de septiembre, qué hacer con los alumnos que no quieran cursar esta asignatura. "Haremos una comunicación a los centros educativos antes de que empiece el curso sobre esta cuestión y sobre cómo tienen que actuar", señaló.
Por otro lado, garantizó la atención de los niños objetores durante la hora que el resto de alumnos estén dando la asignatura. "Los alumnos no podrán salir de los centros educativos durante esa hora, tienen que seguir ahí", explicó, al tiempo que reiteró que los colegios e institutos "serán los responsables de garantizar la adecuada atención educativa".
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