La Junta de Castilla y León niega por carta el derecho a objetar a EpC

Profesionales por la Ética cree que este escrito ignora numerosas sentencias judiciales y se anucia que los objetores defenderán su derecho constitucional ante los tribunales, mientras el FEF enumera los errores que comete la Junta con esta actitud.

• El Gobierno de CyL incumple gravemente sus propios compromisos

REDACCIÓN HO /EL NORTE DE CASTILLA /EUROPA PRESS.- La organización Profesionales por la Ética (PPE) asegura que los padres objetores han empezado a recibir una orden de la Consejería de Educación en la que se niega la existencia del derecho constitucional a la objeción de conciencia, informa Europa Press. En un comunicado, PPE asevera que los padres objetores de Castilla y León han empezado a recibir desde el 31 de julio esta orden por la que se rechaza su declaración de objeción de conciencia en relación con la asignatura "por ser una asignatura que el Estado configura como obligatoria".

En el texto de la Orden se niega expresamente que exista un derecho constitucional a la objeción de conciencia, a pesar de las numerosas sentencias dictadas por los Tribunales superiores de Justicia que avalan y reconocen ese mismo derecho, pues, a juicio del consejero de Educación, que es quien firma la Orden, supondría un "riesgo de relativizar los mandatos legales".

El consejero de Educación argumenta en la Orden que "frente a un supuesto derecho a la libertad ideológica y de conciencia" se encuentran "leyes y reglamentos en vigor de obligada y general observancia y cumplimiento".

La orden, que ya había sido anunciada por las autoridades de la Junta, "ha agravado el malestar de los padres con la Consejería de Educación por el momento en que se ha notificado", según PPE a ya que, según explican, "buena parte de los miles de padres afectados están de vacaciones o a punto de comenzarlas".

Los padres no se resignan, en defensa de sus derechos fundamentales

Los padres se han puesto ya en contacto con los servicios jurídicos de las plataformas de padres objetores para iniciar, cuanto antes, acciones judiciales por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales de la persona. Según Jaime Urcelay, presidente de PPE, que presta apoyo a los padres objetores, "La argumentación de las resoluciones de la Consejería es de una gran debilidad jurídica y va a ser fácilmente rebatible en los Tribunales".

Este vacío de razones pone nuevamente de manifiesto que la Junta "se ha doblegado en esta cuestión a las tesis ideológicas de quienes, desde el Gobierno central, quieren imponer a todos, a través de una asignatura obligatoria, una misma conciencia moral, en contra, además, de las directrices de su propio partido", según asegura PPE.

 "Por otro lado -concluye Urcelay- la Junta parece ignorar completamente la avalancha de sentencias de diversos Tribunales Superiores de Justicia que ya han reconocido el derecho a la objeción de conciencia frente a Ciudadanía, por tratarse de una asignatura contraria a los artículos 16 y 27 de la Constitución".

El Foro de la Familia enumera  tres errores de la Junta

Por otra parte, a juicio del  portavoz en Castilla y León del Foro Español de la Familia, José Manuel Cantera Quitián, con esta postura la Junta comete tres errores graves: "El primero, al alinearse con el intento adoctrinador del Gobierno Socialista, en lugar de con los ciudadanos de la Comunidad, cuyos derechos tiene obligación de proteger."

"El segundo, al apartarse de la ponencia política de su propio partido y de la actuación del resto de Comunidades Autónomas en que éste gobierna. Para ello, además, desprecia los criterios jurídicos de la mayoría de las sentencias pronunciadas hasta el momento por los Tribunales Superiores de Justicia, y se alinea con las confusas sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias", añade en un comunicado remitido a HO.

"El tercero, al demostrar, a través de los hechos, la más absoluta falta de sensibilidad hacia los padres objetores, cuya lucha dice admirar. Tres ejemplos: Solicita información que no necesita a los padres durante la última quincena de julio; comunica la denegación casi en agosto, durante las "vacaciones judiciales" y, lo más sangrante, no cita en dicha denegación la posibilidad de la presentación del recurso de protección especial de derechos constitucionales, cuya interposición supera ya la treintena de sentencias favorables en Tribunales Superiores de Justicia de otras Comunidades Autónomas", afirma el directyivo del FEF.

"Ante esto, -concluye Cantera Quitián- hemos formado un completo equipo jurídico, que prestará asistencia jurídica gratuita a los padres que lo deseen a partir de septiembre, con la presentación del recurso de que hablábamos antes. Los padres que quieran ganar tiempo hasta entonces, sin merma de sus derechos, pueden solicitarnos un modelo de recurso administrativo en la direcciones: fefburgos@gmail.com y burgos@forofamilia.org. El primer trimestre va a ser muy intenso,- finalizó- ya que actuaciones como las comentadas de la Junta, animan cada vez a más padres a asumir directamente la defensa de sus derechos y obligaciones respecto de la educación de sus hijos."