EpC cae en el Supremo en manos de un ex ministro socialista

Los objetores dudan de la imparcialidad y piden de la retirada del magistrado Fernando Ledesma, miembro del Gobierno de Felipe González, que se ha hecho cargo del recurso de unos padres asturianos a los que se les negó la objeción de conciencia.

LA RAZÓN, M. Poveda, Madrid.- Ironías del destino, el magistrado Fernando Ledesma, el que fuera ministro de Justicia con Felipe González, será el encargado de juzgar en el Supremo el recurso que unos padres asturianos han presentado para que se revise la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias que les negaba el derecho a la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía. La asignación de Ledesma como magistrado ponente, realizada al azar por el procedimiento rutinario establecido en el Supremo, no ha agradado a los padres asturianos que han presentado un incidente de recusación ante el Alto Tribunal, ya que "dudan de la imparcialidad del magistrado" y piden que "se aparte voluntariamente del caso", según ha confirmado el abogado José Luis Lafuente.

Los motivos que expone

Ledesma fue ministro de Justicia entre 1982 y 1988, años en los que se aprobó la aún vigente Ley Orgánica de Derecho a la Educación, "cuyo desarrollo es lo que ahora se impugna", explica Lafuente. Además, el desarrollo reglamentario de esta ley en lo concerniente a la materia de Educación para la Ciudadanía ha sido realizado por un Gobierno en el que participa la que fuera jefa de su gabinete, María Teresa Fernández de la Vega.

Con estos argumentos, el abogado asturiano considera que Ledesma está "contaminado" para poder encargarse del caso, pues está predispuesto a dictar una sentencia "a favor de una tendencia política que él asume". La situación la ejemplifica el abogado con un símil futbolístico: "Es como si un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Getafe lo arbitrara Fernando Hierro".

Hace más de una semana que el incidente de recusación fue enviado al Supremo, el pasado 11 de julio, y los padres asturianos recurrentes todavía esperan la respuesta. No es la primera vez que se alega la falta del principio de neutralidad ideológica para recurrir una sentencia sobre Educación para la Ciudadanía. Cabe recordar que la primera resolución del TSJ andaluz a favor de la objeción de conciencia frente a Ciudadanía fue recurrida por la Junta de Andalucía con el argumento de que el magistrado Enrique Gabaldón tenía motivos "ideológicos" para apoyar la objeción, al estar relacionado con el Foro de la Familia, contrarios a la asignatura.