El Ministerio de Educación recurrirá la sentencia que reconoce la objeción a EpC en La Rioja

El director de la Alta Inspección de Educación de la Delegación del Gobierno en La Rioja anuncia que el departamento de Cabrera presentará recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJR que admite la objeción de conciencia frente a EpC.

HO y EUROPA PRESS.- El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) que el pasado día 8 admitió la objeción a las asignaturas englobadas bajo el nombre de Educación para la Ciudadanía planteada por los padres de un alumno riojano.

No ha sido ninguno de los máximos responsables del departamento encabezado por Mercedes Cabrera, sino el director de la Alta Inspección de Educación de la Delegación del Gobierno en La Rioja, Manuel Medrano, quien, en manifestaciones realizadas ayer, ha anunciado esta medida que, según él, se llevará adelante ante la decisión de la Consejería de Educación riojana de no recurrir el citado fallo.

Medrano ha explicado que el recurso se presentará de forma "inminente" porque es la voluntad del Gobierno central que el Supremo se pronuncie cuanto antes sobre este asunto.

El director de la Alta Inspección de Educación ha asegurado que la sentencia del TSJR adolece de "debilidad argumental" y ha manifestado que, en su opinión, se apoya en "argumentos del derecho postmoderno" porque "no reconoce la existencia de una ética pública". "Es como si Locke nunca hubiese existido", ha añadido.

Medrano asegura que aceptar estos argumentos "convertiría cualquier enseñanza en impracticable". Además, comparó el caso con la cuestión del creacionismo: "¿Por qué no objetan los creacionistas las asignaturas que enseñan el evolucionismo?", se ha preguntado.

El responsable de la Alta Inspección educativa se ha dirigido también a los padres de alumnos riojanos, indicándoles que "en septiembre sus hijos recibirán Educación por la Ciudadanía por educadores competentes, no por adoctrinadores, porque los profesores de Filosofía no son comisarios políticos".

Por otra parte, Medrano ha criticado la actitud del Gobierno regional ante el fallo judicial, acusándole de mostrarse "encantado de perder, porque la sentencia va contra la Consejería". También ha dicho que al no recurrir "no defiende la normativa estatal" y está "desamparando a sus propios servicios jurídicos".

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Cito un párrafo del texto:

"Medrano asegura que aceptar estos argumentos "convertiría cualquier enseñanza en impracticable". Además, comparó el caso con la cuestión del creacionismo: "¿Por qué no objetan los creacionistas las asignaturas que enseñan el evolucionismo?", se ha preguntado".

Pues no, aceptar esos argumentos que Medrano considera "posmodernos" como si "Locke nunca hubiera existido", no convertiría cualquier enseñanza en impracticable. Sólo sería impracticable toda enseñanza que tratase de imponer una moral de Estado saltándose los derechos fundamentales constitucionales. La verdadera educación en libertad no sólo no correría peligro alguno, sino que saldría reforzada. Eso es precisamente lo que temen los laicistas totalitarios.

Sobre la comparación del caso con la enseñanza del evolucionismo vs. creacionismo, simplemente decir que es una tontería. Todos los alumnos, en los niveles de secundaria, deben conocer ambas teorías, y otras que hay sobre el origen de las especies. Y punto. Nada que objetar. Lo que sería inadmisible es que en una asignatura OBLIGATORIA se IMPUSIESE cualquiera de ellas como verdadera y las demás como falsas, obligando a los alumnos, no sólo a conocerla, sino a mostrar actitudes de aceptación y valoración positiva, como hace la EpC.

Si tal imposición tuviese lugar, sería otro atentado a la libertad ideológica y religiosa y al derecho de los padres a decidir los valores en que han de ser educados sus hijos. En ese caso, tal parcialidad ideológica podría ser objetable en conciencia, siempre que apareciese regulada en una normativa oficial, como sucede con la EpC.

Y en un colegio público, laico y aconfesional, el hecho sería denunciable, porque la libertad de cátedra no incluye la facultad de imponer los criterios ideológicos o religiosos del profesor como criterios de evaluación, menos aún si se trata de criterios que exijan actidudes favorables a cualquiera de las teorías existentes.

Así que, no nos tiente, Sr. Medrano, no nos tiente...

José Rafael Sáez March
Licenciado en Pedagogía
Valencia

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