El Ejecutivo recurre la consulta ilegal de Ibarretxe

El Gobierno ha presentado esta mañana el recurso ante el Constitucional contra el referéndum convocado por el lehendakari, que ya aparece publicada en el Boletín Oficial del País Vasco. Bermejo confía en que Ibarretxe desistirá de su "disparate".

REDACCIÓN HO.- La Abogacía del Estado presenta esta mañana en el Constitucional el recurso contra la consulta convocada por Juan José Ibarretxe, que quedará suspendida cautelarmente durante cinco meses una vez admitido a trámite.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, confía en que este disparate se acabe hoy y se imponga el sentido común: "estoy seguro de que el lehendakari no va a seguir insistiendo. Él ha comenzado un camino y la reacción es contundente en el marco constitucional preciso. Si hubiera cualquier otra reacción por vías legales, nosotros responderíamos también por estas vías, pero pensemos hoy en que se imponga el sentido común, que ya ha sido suficiente el disparate, que acabará exactamente hoy".

El Gobierno estará atento a la reacción del lehendakari, pero sin hacer especulaciones, al entender que "las cosas no se pueden resolver sin conocerlas a fondo", dice Bermejo.

Publicado en el Boletín Oficial del País Vasco

El Ejecutivo presenta recurso después de que el Boletín Oficial del País Vasco publicara la ley para realizar lo que denomina "una consulta sobre el diálogo para la paz y la normalización" el 25 de octubre, lo que conlleva su entrada en vigor. La norma fue aprobada por la cámara de Vitoria el pasado 27 de junio.

El Ejecutivo acompaña su recurso de una "expresa invocación" al artículo 161 de la Constitución, que prevé la suspensión inmediata de la ley recurrida y todos sus efectos jurídicos durante cinco meses, lo que impediría la celebración de la consulta el 25 de octubre. El Gobierno cuenta también con un dictamen del Consejo de Estado, que considera que existen argumentos jurídicos suficientes para interponer el recurso. Este dictamen dice que la Ley del Parlamento Vasco "pone en cuestión el fundamento mismo del orden político y jurídico del Estado en su conjunto" y vulnera "el orden constitucional de competencias".
El PP también recurrirá esta ley ante el Constitucional, en su caso a través de la firma de cincuenta diputados.

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