Los padres de Castilla y León, con dificultades para ejercer su derecho a objetar a EpC

El Gobierno autonómico imita al PSOE: pese a los fallos judiciales favorables a los objetores, la Consejería de Educación busca nuevas formas de obstruir el ejercicio de un derecho constitucional de los padres.

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REDACCIÓN HO.- Padres de familia objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) de Castilla y León han empezado a recibir ayer una carta certificada de la Consejería de Educación en la que se les advierte que se entenderá que han desistido de la objeción de conciencia si no acreditan, mediante distintos documentos compulsados y en un plazo de sólo diez días, extremos tales como la "paternidad" de sus hijos.

Según informa a HO Profesionales por la Ética (PPE), esta acción de la Consejería ha causado indignación y malestar en los padres afectados. "No se entiende que la Consejería haya demorado tanto tiempo su contestación y que pida ahora estos documentos, cuando además muchos colegios empiezan a cerrar sus puertas y los alumnos y, en bastantes casos los padres, están de vacaciones", indica la plataforma cívica. Los padres recuerdan, además, que los documentos que se piden están en poder de los colegios y, por lo tanto, a disposición de la Administración educativa si en algún caso los necesita.

Para Jaime Urcelay, presidente de PPE, "desde un punto de vista legal cuesta mucho trabajo entender la postura de la Consejería de Educación". "Algo similar quiso hacer la Junta de Andalucía -declaradamente hostil a la libertad de educación de los padres- en el principio del presente curso e inmediatamente tuvo que abandonar su postura cuando le llovieron los recursos de los padres", añade Urcelay.

Insólito obstruccionismo

Por otra parte, el presidente de PPE señala que "esta posición, que parece puramente obstruccionista, es más insólita aún si se tiene en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en una situación idéntica a la del currículo de Ciudadanía de Castilla y León, acaba de reconocer el derecho de los padres a la objeción de conciencia y la ilegalidad de los contenidos obligatorios de Educación para la Ciudadanía. A la vista de esta sentencia, la Consejería de Educación debe rectificar cuanto antes la no admisión de la objeción, en lugar de poner más piedras en el camino de unos ciudadanos que sólo están ejerciendo derechos fundamentales consagrados en la Constitución".