Los objetores de Castilla y León acudirán a los tribunales

Así lo han anunciado tras una reunión con el consejero de Educación, quien les ha asegurado que la Junta no reconocerá las objeciones.

REDACCIÓN HO.- El próximo mes de septiembre se implantará en Castilla y León la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) en 2º de la ESO, también en 4º (con el nombre de Educación Ético-Cívica) y en 1º de Bachillerato (con la denominación de Filosofía y Ciudadanía).

A dos meses del inicio de curso escolar, los padres castellano-leoneses han expresado su preocupación por la imposición de la materia. Los reales decretos en los que el Gobierno ha establecido los contenidos mínimos de la asignatura y los libros de texto evidencian que EpC impone una formación moral a los escolares y que esa formación está apoyada en una ideología y una antropología concretas.

Por otra parte, los decretos autonómicos que desarrollan EpC en Castilla y León han sido recurridos ante los tribunales por el Ministerio de Educación, por entender que sus contenidos no se ajustan a los mínimos de la asignatura establecidos por el Gobierno central.

En este contexto, hasta el 25 de junio se han presentado en Castilla y León 2809 objeciones de conciencia a EpC. Esta comunidad autónoma es, a finales de junio de 2008, la sexta en número de objeciones en toda España. A la vez que se han incrementado las objeciones a EpC, se han ido constituyendo plataformas de padres y ciudadanos dispuestos a defender sus derechos constitucionales. A esta fecha existen en Castilla y León once asociaciones que promueven la objeción a la materia escolar.

Sin embargo, el presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, no ha querido atender la petición de entrevista realizada por las plataformas de padres objetores de Castilla y León y les ha remitido al Consejero de Educación, Juan José Mateos. Hoy mismo representantes de esas once plataformas se han reunido con Mateos en Valladolid.

La entrevista se ha iniciado en un clima cordial y el Consejero ha mostrado comprensión hacia la postura de los padres objetores. Sin embargo, en el transcurso del encuentro ha dejado claros los siguientes puntos:

• El Gobierno castellano-leonés va a contestar por escrito a los padres rechazando su objeción a EpC.
• Al mismo tiempo, van a emitir instrucciones a los centros escolares indicando que los hijos de los objetores podrán salir de clase y no deberán ser amonestados ni sancionados por ello.
• Sin embargo, Mateos ha manifestado que no puede garantizar la titulación de los alumnos cuyos padres hayan objetado.

Firmeza de los objetores

Para justificar su rechazo a la objeción, el Consejero de Educación ha indicado que EpC en Castilla y León se va a impartir de acuerdo con los decretos autonómicos que desarrollan la asignatura.

En opinión de Lourdes Ruano Espina, de la plataforma Salamanca Educa en Libertad, el argumento para rechazar la objeción es muy débil. "En primer lugar", asegura, "porque los decretos autonómicos están recurridos por el Ministerio de Educación y su contenido puede cambiar, por tanto, en cualquier momento. En segundo lugar, porque la versión castellano-leonesa de EpC no modifica el planteamiendo de la asignatura, que se propone igualmente formar la conciencia moral de los alumnos desde el Gobierno" (y tan inadmisible es que lo haga el nacional como que se lo proponga el regional).

En conjunto, las plataformas de objetores de Castilla y León lo tienen claro: los niños no van a entrar en clase de EpC y cualquier amenaza o acción contra ellos será ilegal, porque les discriminará en razón de sus convicciones morales y religiosas.

Marisa Pérez Toribio, de la plataforma Soria Educa en Libertad, anuncia qué harán: "Vamos a acudir a los tribunales. Es curioso que el Gobierno autonómico obligue a los padres a ir a los juzgados, en lugar de defender los derechos de los ciudadanos frente al Gobierno central".

La Junta se aparta del respaldo a la objeción acordado en el Congreso del PP

Hay que recordar, por último, que la dirección del Partido Popular (que gobierna en Castilla y León) declaró formalmente su apoyo a los padres objetores a EpC a través de su portavoz de Educación, Juan Antonio Gómez Trinidad. Esta misma postura ha sido ratificada en la ponencia política aprobada en el último Congreso del Partido Popular.

Para Fabián Fernández de Alarcón, de Profesionales por la Ética, la postura del Gobierno de Castilla y León constituye una desautorización, en toda regla, a la dirección nacional de su partido. "Es", además, "un fraude para los votantes reales o potenciales del Partido Popular, que pasará factura en las próximas elecciones".