La Junta de Castilla y León no reconocerá el derecho a objetar en conciencia a EpC

El Partido Popular de Castilla y León da la espalda a los padres y a la libertad de Educación, contradiciendo las directrices de su partido.

REDACCIÓN HO.- La Junta de Castilla y León no reconocerá el derecho a la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía. Así se lo ha anunciado finalmente Juan José Mateos, consejero de Educación, al presidente del Foro de la Familia de Castilla y León, Antón Peña, y al presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, en una reunión celebrada el pasado martes, día 17 de junio, y en la que también estuvo presente Emilio Gutiérrez, director General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa de la misma Consejería.

Mateos también anunció en esta reunión, de la que da cuenta Profesionales por la Ética mediante un comunicado remitido a HO, que se limitará a asegurar la debida atención educativa de los alumnos objetores, algo a lo que los centros ya están obligados en todo caso mientras los alumnos están en su recinto.

El consejero se contradice 

Además de negar la existencia del derecho constitucional a la objeción de conciencia, a pesar de que ya ha sido reconocido en las tres únicas sentencias judiciales existentes sobre este tema, la principal razón esgrimida por Mateos para justificar la decisión de la Junta fue que el currículo de Castilla y León de Educación para la Ciudadanía "ha recortado" los contenidos de los Reales Decretos estatales de contenidos mínimos obligatorios. Por eso, según expresó, la asignatura "ya no puede hacer daño moral".

En este sentido, dijo que en Castilla y León no podrá enseñarse, por ejemplo, la ideología de género y que la Consejería de Educación vigilará para que esto se cumpla. Sin embargo reconoció que en las alegaciones al requerimiento del Ministerio para que el currículo castellano-leonés se ajustara a los contenidos mínimos obligatorios de la asignatura, la Junta se defendió afirmando que en realidad sólo había diferencias de redacción porque la totalidad de los contenidos de los Reales Decretos estatales "están implícitos" en el currículo de Castilla y León.

El consejero expresó también que no le preocupa que el currículo esté recurrido por el Ministerio en los tribunales de justicia y asumió que pueda ser declarado ilegal pues, según afirmó, "eso sería un problema de la Junta y no de los padres".

Amenazas sin fundamento

Mateos reiteró así mismo que la Junta no puede garantizar la titulación de los alumnos objetores y negó, sin base argumental alguna, que sea aplicable a Educación para la Ciudadanía la Orden de noviembre de 2007, de la propia Consejería, sobre evaluación en la ESO. Esta Orden permite expresamente que, en determinadas condiciones, asignaturas no cursadas puedan considerarse superadas.

Por último, el Consejero expresó que, más allá de la voluntad de los padres, la Junta quiere proteger a los niños, a los que se puede hacer daño con la objeción. En este sentido, afirmó que los Servicios Jurídicos de la Consejería han llegado a estudiar la posibilidad de obligar a los padres de firmar un "consentimiento informado", como ocurre en las intervenciones médicas. La Junta se adhiere así a los postulados del Gobierno, que entiende que la Educación corresponde al Estado y, subsidiariamente, a los padres, contradiciendo así las normas básicas de la democracia.

Decepción de los objetores

Según Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, "la posición de la Junta es profundamente decepcionante al alinearse con las posturas estatistas y paternalistas del Gobierno y las Administraciones educativas socialistas y negar, de hecho, la libertad de elección de los padres en una cuestión tan básica como es la educación moral de sus hijos". "Es lamentable  que la Junta haya mareado desde hace meses a los ciudadanos con declaraciones ambiguas y contradictorias para finalmente alejarse de los pronunciamientos de la dirección nacional de su propio partido. Estas maniobras políticas desconciertan a la opinión pública y a la comunidad educativa", añadió Urcelay.

"Desde Profesionales por la Ética", finalizó su presidente, "seguimos pensando que la objeción de conciencia es la mejor defensa frente al ataque a la libertad que representa esta Educación para la Ciudadanía. Por eso vamos a seguir apoyando a esos miles de padres que desde un admirable compromiso cívico han dado el paso al frente por la libre educación se sus hijos frente a las intromisiones del poder. Estamos convencidos, además, de que los Tribunales van a darles la razón también en Castilla y León".