Iu y ERC trasladan al Congreso la ofensiva contra la Iglesia

Reclaman que se revisen los acuerdos con la Santa Sede, un calendario festivo acorde con otras religiones y acabar con las ayudas a los colegios religiosos.

REDACCIÓN HO / LA RAZÓN, C. Morodo - Madrid / VERITAS.-  A la izquierda le preocupa mucho la Iglesia y la vigencia del delito de injurias contra la Corona. Tanto que sus primeras iniciativas de la Legislatura son un paquete de propuestas que sitúan en el punto de mira el estatus de la Iglesia católica y la protección penal de la Familia Real en el ordenamiento jurídico. El Parlamento debatirá estos asuntos tanto en comisión como en el Pleno.

En un escenario económico como el actual, la pasada semana el Gobierno cosechaba grandes titulares al anunciar ante la Comisión Constitucional que entre sus proyectos está una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para avanzar en el camino de la "laicidad". Parece que llueve sobre mojado, ya que por esa línea han ido las primeras propuestas de las minorías que fueron su báculo la pasada Legislatura.

IU, ERC y el BNG son algunos de los impulsores de un frente común contra los supuestos privilegios de los católicos y para avanzar en el camino de una laicidad a la que el PSOE hizo algún guiño en su programa electoral. Los socios formales de Rodríguez Zapatero en su primer mandato justifican su ofensiva en la "profunda secularización" de la sociedad española en los últimos años y en la superación de un contexto histórico en el que la Iglesia "mantenía un poder extraordinario como consecuencia de su alianza con el franquismo". El objetivo -dicen- es acabar con sus "privilegios" en financiación, en la enseñanza de la religión, en el régimen de conciertos con la enseñanza privada y en materia fiscal.

Esquerra y la formación de Llamazares han registrado una proposición no de ley sobre la revisión y denuncia de los acuerdos del Estado con la Santa Sede, por la que instan al Gobierno a seguir adelante con la anunciada reforma de la Ley de Libertad Religiosa y a reformar la Ley de Asociaciones, para que la Iglesia Católica no reciba ningún privilegio respecto a otras confesiones religiosas.

El mismo espíritu inspira otra proposición de Ley Orgánica de Libertad Ideológica, Religiosa y de Culto. Pretende sustituir a la Ley de 5 de julio de 1980 y plantea que el Estado garantice un sistema de educación pública y aconfesional y proteja con la misma vehemencia las prácticas y cultos de todas las religiones. Así, defiende que las diversas creencias puedan realizar matrimonios "según sus propias ceremonias y credos para el reconocimiento de su comunidad" y que las Cortes creen una comisión de estudio para establecer un nuevo calendario festivo adecuado a las "tradiciones culturales y festivas arraigadas en las culturas del Estado".

Hay también una proposición no de ley que reclama al Gobierno que adopte las reformas legales necesarias para facilitar la declaración de apostasía y su reconocimiento por parte de la Iglesia católica sin necesidad de que el apóstata recurra a la Justicia para que se borren sus datos del registro bautismal.

La Corona no se libra de esta primera ofensiva de la izquierda

Ya está registrada una proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la despenalización de las injurias a la Corona. Un debate que parece dirigido a reavivar el fuego que sectores políticos y sociales encendieron en la pasada Legislatura para dañar a la institución monárquica. Según IU y ERC, la incriminación de las injurias a la Corona supone una agresión a la libertad de expresión. "Y cuando una institución sometida al sistema democrático necesita afianzarse acudiendo a la represión penal de la crítica que se le dirige, sencillamente, deja de ser reconocida como institución propia de un sistema democrático".  De la posición del PSOE dependerá la tramitación de este paquete de iniciativas. El PP votará en contra de todas ellas.

Frente al dirigismo del Gobierno

La nueva Legislatura inicia su andadura con algunos anuncios que afectan directamente al ejercicio de la libertad religiosa en España, y por tanto a la religión mayoritaria en el país: la católica.  La revisión de la Ley de Libertad Religiosa, el declarado avance hacia la "laicidad" del Estado, la revisión de los Acuerdos Iglesia-Estado o una deficiente adecuación de España al pluralismo religioso, según la interpretación de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, demandan una parada para pensar a fondo estas cuestiones. Ante ello, Veritas ha entrevistado al catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, experto en libertad religiosa, Rafael Palomino.

Palomino considera "que tanto la Constitución de 1978 como la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 han sido unos instrumentos aptos para crear las condiciones de convivencia en la pluralidad religiosa de nuestra sociedad" y subraya "que lo razonable sería dejar que el pulso propio de la sociedad y el contenido de esos dos instrumentos jurídicos fueran de forma natural dando nuevos frutos de libertad y de entendimiento, pero sin dirigismos gubernamentales".

Por otra parte, el experto considera que el pluralismo religioso es parte de la "realidad cotidiana" en España y que "levantar una bandera de aceleración, de freno o de dirección del pluralismo religioso es sencillamente una forma de dirigismo".

"Creo que no es razonable someter la religión a experimentos jurídicos de ingeniería social. El cometido propio del Estado español, a mi modo de ver, es la gestión de algunos aspectos del pluralismo religioso a la luz del derecho fundamental de libertad religiosa y del principio de cooperación del propio Estado con los grupos religiosos", subraya.  

Respecto a la hipotética revisión de los Acuerdos Iglesia-Estado, el catedrático considera que hasta ahora han sido "un arma arrojadiza, una amenaza y, francamente, no sé a ciencia cierta si esta vez viene el lobo o no".  "Lo importante es que se tenga en cuenta que lo que se revisa, en caso de que se revise, son unos Acuerdos, es decir, algo que ha sido consentido y admitido por ambas partes. Y son ambas partes las que tienen que actuar, pensar, negociar. En caso contrario, simplemente estaríamos ante un golpe de fuerza poco honrado por parte de uno de los interlocutores", subraya.

Palomino también da su opinión sobre el anuncio de la vicepresidenta de aprobar un "Plan de Derechos Humanos" diciendo que debería contemplar "la multiforme riqueza de la dignidad humana" contemplada en la Declaración de a ONU de 1948 (trabajo, vivienda, derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, etc.). "Son realidades que en la situación actual de nuestro país requieren una atención primordial por parte de los poderes públicos. Y es igualmente importante que no se haga de las iniciativas a favor de los derechos humanos instrumentos de implantación de formas ideologizadas de los derechos humanos", destaca.

Finalmente, y sobre la creación de una Comisión de expertos para "mejorar las garantía de los derechos de las mujeres" ante el aborto, Palomino declara que "esa comisión de expertos tiene que preguntarse con sinceridad si la mujer que aborta es libre" y "buscar las alternativas al aborto".  "En caso contrario, esa comisión de expertos sería un mero trámite ilustrado que enmascara intereses no declarados y que promueve la cultura de la muerte", concluyó.