Castilla-La Mancha coacciona de nuevo a los padres objetores

Tras rechazar todas las declaraciones de objeción de conciencia a la Educación para la Ciudadanía, la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha que dirige José Valverde continúa coaccionando e impidiendo a los padres en el ejercicio de sus derechos. Esta forma de proceder ya le costó al anterior Delegado de Educación de Toledo, Ángel Felpeto, una querella criminal que fue admitida a trámite por impedir el ejercicio de derechos fundamentales.

José Valverde, consejero de Educación de Castilla-La ManchaRedacción/HO.- En esta ocasión, y tras haber presentado los padres objetores un recurso de alzada contra la primera negativa de la administración castellano-manchega, la Consejería ha remitido a los interesados una resolución desestimando también dicho recurso.

Según fuentes jurídicas consultadas por HO, dicho escrito es susceptible de ser considerado un impedimento para el libre ejercicio de derechos y libertades fundamentales por varias razones:

1. En primer lugar, ninguna Administración Pública es competente para determinar la naturaleza jurídica del presunto derecho que se invoca. Tal competencia correponde a los tribunales de justicia. Por consiguiente, la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha se atribuye a sí misma una competencia que no le corresponde, ocasionando con ello un perjuicio que puede ser constitutivo de delito tipificado en el Código Penal.
2. En segundo lugar, la Consejería de Educación ha dado curso en vía administrativa a una declaración que en sí misma no tiene cabida por este cauce, al ser simplemente una comunicación que los interesados ponen en conocimiento de la Administración para que ésta obre en consecuencia. No hay que olvidar que la Carta Europea de Derechos Humanos establece en su artículo 10.2 que "se reconoce la objeción de conciencia, de acuerdo con las leyes que en cada estado regulen su ejercicio". Por tanto, según estas fuentes, compete al poder legislativo la consiguiente regulación, mientras que las administraciones públicas simplemente deben aplicarla, o abstenerse cuando tal regulación no exista.

Por tanto, nos encontramos de nuevo ante una invasión que desborda los límites democráticos de los derechos y libertades de los ciudadanos, que ya está siendo estudiada con detalle por los servicios jurídicos que asesoran a los padres objetores de conciencia, con objeto de dar la respuesta jurídica más acorde con el caso. Según estas fuentes, no se descarta recurrir de nuevo a la vía penal.