Denuncian la ambigüedad del gobierno valenciano respecto a la objeción a EpC
Profesionales por la Ética y Valencia Educa en Libertad, que hoy se ha presentado oficialmente en Valencia, reclaman el reconocimiento explícito de la objeción en todos los cursos en cuyos planes de estudios se incluye Educación para la ciudadanía.
REDACCIÓN HO.- En las últimas semanas, el consejero de Educación de la Comunidad Valenciana, Alejandro Font de Mora, ha realizado diversas declaraciones en torno a la asignatura Educación para la ciudadanía que, a juicio de Profesionales por la Ética, inducen a la confusión y manifiestan un cierto nivel de ambigüedad.
El consejero se refirió exclusivamente a la materia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, que en la Comunidad Valenciana se impartirá en 2º de la ESO y en 5º de Primaria. Nada anticipó de los planes de esa Consejería sobre Educación ético-cívica (que está incluida en los planes de estudio de 4º de ESO) ni respecto de Filosofía y ciudadanía (materia del Bachillerato).
Para Profesionales por la Ética, es imprescindible que las comunidades autónomas reconozcan el derecho a la objeción en todas las asignaturas del área Educación para la ciudadanía, puesto que todas ellas tienen el mismo propósito: formar la conciencia moral de los alumnos desde un sistema de valores impuesto.
Para esta organización, el hecho de que EpC se vaya a impartir o no en inglés es absolutamente irrelevante. Además, considera preocupante que Font de Mora hiciera referencia a una actividad sustitutoria de la asistencia a clase de Educación para la ciudadanía en la que no se reconoce la objeción ni la exención a la asignatura. "En realidad", asegura Leonor Tamayo, de Profesionales por la Ética, "si los alumnos realizan una actividad alternativa a clase de Educación para la ciudadanía, estaríamos ante una adaptación de la asignatura, evitando reconocer el derecho de los padres a objetar. Esta medida constituye un fraude para los padres que no quieren que sus hijos reciban una educación en valores decidida unilateralmente por la Administración estatal o autonómica".
Por otra parte, según la mencionada entidad, en la Comunidad Valenciana se han presentado ya cerca de 1.000 objeciones a EpC. Además, se están organizando plataformas de padres objetores en diversas localidades. "Nuestros datos", asegura Leonor Tamayo, "son que el número de objeciones en la Comunidad Valenciana se va a multiplicar en unas semanas. También nos consta que los padres valencianos no van a aceptar adaptaciones o versiones light de Educación para la Ciudadanía; saben perfectamente que el propósito de esta asignatura es adoctrinador y moralizante. Y, sencillamente, no están dispuestos a aceptarlo".
Presentación de Valencia Educa en Libertad.
También la asociación Valencia Educa en Libertad (VAEL) considera equívoco el anuncio de Font de Mora.
La nueva plataforma ciudadana se ha presentado oficialmente a las 12 horas de hoy, en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el salón de actos del Palacio de la Marquesa de Colomina (C/ Almudín, 1, de Valencia), amablemente cedido para la ocasión por la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Sus portavoces han hecho público que la semana pasada solicitaron una entrevista con el consejero de Educación del gobierno valenciano, para presentarle sus reivindicaciones. Piensan reclamarle el reconocimiento explícito de la objeción en los cuatro cursos en cuyos planes de estudios se incluye Educación para la ciudadanía. También le anunciarán que los padres objetores no están dispuestos a aceptar como válida ninguna fórmula que trate de desvirtuar o desactivar sus objeciones.
Mª Luisa Temporal ha resaltado la necesidad de que los padres valencianos que rechazan EpC objeten, pese a que la Generalitat ha adelantado que piensa ofertar una alternativa a esa materia. Ha explicado que, si los tribunales anulasen esa "opción B" a la que hizo mención la semana pasada Font de Mora, solo quedarían protegidos los derechos de los padres que hubieran formalizado la objeción.
José Luiz Bazán, coordinador de la asesoría jurídica de Profesionales por la Ética, ha afirmado que EpC supone la vulneración del principio de neutralidad del Estado, por ser una disciplina ideológica, que propugna una moral de Estado obligatoria.
Por otra parte, los representantes de VAEL han añadido que, si las administraciones educativas no les reconocen el ejercicio de ese derecho, lo defenderán en los tribunales de Justicia nacionales y, si ello fuera necesario, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A este respecto, Bazán ha recordado que el TSJ de Andalucía ya ha emitido varias resoluciones que reconocen a familias objetoras el ejercicio de la objeción.
VAEL ha presentado a los medios de comunicación su manifiesto fundacional "Por la libertad de Educación". En él, se declara como "una asociación aconfesional, apolítica y sin ánimo de lucro, cuya finalidad primordial es la defensa de la libertad de Educación en todas sus facetas, y singularmente el trabajo en pro del respeto a los derechos de los padres en relación con la educación integral de sus hijos".
Sus actividades más inmediatas están orientadas a "la información a las familias con hijos en edad escolar de lo que realmente se esconde tras el inocuo nombre del grupo de asignaturas conocido como Educación para la ciudadanía (EpC)".
VAEL considera que, al abordar cuestiones como "la condición humana", "la identidad personal", "la educación afectivo-sexual" o "la construcción de la conciencia moral", los currículos de EpC representan "una intromisión ilícita en ‘el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones' y que los poderes públicos han de garantizar (Constitución Española de 1978, artículo 27.3)".
Por ello, la nueva asociación anuncia que promoverá activamente la objeción de conciencia a Educación para la ciudadanía y "brinda su asesoramiento y su apoyo jurídico a los padres que puedan necesitarlos", en estrecha colaboración con las numerosas entidades que forman el movimiento objetor.
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