Gescartera: dos empleados desleales de la Caixa engañaron a la CNMV

El ex director de la oficina de la Caixa en Majadahonda, Miguel Prats Oria y su subdirector, José Alfonso Castro Mayoral, han sido condenados por cooperadores necesarios en la probada "apropiación indebida".  ¿Por qué la entidad financiera catalana es responsable subsidiaria de la ‘estafa Camacho'? La información, en Época.

ÉPOCA, Luis Losada Pescador.- La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gescartera condena a la Caixa y Caja Madrid como responsables subsidiarios de la ‘estafa Camacho'. En el caso de Caja Madrid la responsabilidad está indefinida por lo que el pasado martes 1 de abril, su presidente, Miguel Blesa, pidió aclaración de la cuantificación para poder provisionar. Caja Madrid no exigió el poder para operar en una cuenta de 11 millones de pesetas que nunca desaparecieron. Una ‘mala praxis' generalizada además entonces en el sector. Pero el dinero no se evaporó. Por eso el tribunal no cuantifica la responsabilidad.

En el caso de la Caixa la situación es diferente. Deberá de asumir la responsabilidad no de la ‘mala praxis', sino de la deslealtad de dos de sus ahora ex empleados: el director de la oficina de Majadahonda (Avda Doctor Marañón, s/n), Miguel Prats Oria y su subdirector, Alfonso Castro Mayoral. El tribunal entiende que ambos fueron cooperadores necesarios para la trama. No sólo certificaron un dinero inexistente, sino que llegaron a certificar unos saldos individualizados de clientes, también inexistentes.

Repasemos la historia

Gescartera fue investigada en tres ocasiones por la CNMV: dos en la época del ‘felipismo': 1993 y 1995. En ambas participó José María Ruiz de la Serna, posterior apoderado de Gescartera, también condenado. La última inspección se realiza siendo Juan Fernández Armesto presidente de la CNMV y se cierra el 13 de julio de 2000 tras aparecer documentación de la Caixa que certificaba el depósito de los fondos. Los técnicos de la CNMV se dieron por satisfechos tras los cinco documentos aportados por Gescartera.

A saber: la apertura de una cuenta en la oficina de Majadahonda de la Caixa, un documento real de la Caixa que simplemente certificaba que "se pasaban al cobro" tres cheques que después se revelaron falsos, sin fondos El segundo documento -también real- identifica los tres cheques; el tercero era la fotocopia de los cheques. El cuarto es el saldo en la cuenta de la Caixa tras ingresar los cheques. Este fue posteriormente declarado falso por los servicios centrales de la Caixa: no fue emitido por la entidad catalana. Fue falsificado por Gescartera. Pero el quinto documento sí fue expedido por la Caixa. Se trataba de un documento verdadero, pero de contenido falso con el saldo individualizado de todos los clientes. Unos saldos, por supuesto, inexistente. Es decir, engañaron a la CNMV. ¿Por qué está cooperación? Gescartera era el "principal cliente" de la oficina bancaria.

La sentencia señala que los "anómalos certificados" de la Caixa "tuvieron las consecuencias ya conocidas" y responsabiliza a la Caixa de los errores de sus empleados según lo dispuesto en el artículo 120.4 del Código Penal.  Previamente, en el consejo de 17 de junio de 1999, el consejero José Manuel Barberán lleva -fuera del orden del día- documentación sobre Gescartera. Afirma que "parece" que el dinero está en una SICAV de Luxemburgo, Gescartera Internacional y que "al parecer" el informe de auditoría está limpio y ‘sin salvedades'.

Fernández ArmestoFernández Armesto dio el asunto por concluido e incluso llegó a proponer en el mismo consejo de 13 de julio de 2000 el cambio de calificación de Gescartera. Pasó de ser gestora de carteras a convertirse en sociedad de valores, pudiendo intervenir sin orden expresa de sus clientes. El consejo de la CNMV aprueba y su consejo consultivo emite informe favorable el 28 de julio de 2000. El 1 de septiembre reciben la autorización de Rato firmada por el entonces secretario de Estado de Economía, José Folgado.

La transformación se inscribe en los registros de la CNMV el 6 de febrero de 2001, siendo ya presidenta Pilar Valiente. La nueva presidenta de la CNMV decide dar seguimiento puntual y aplicar el máximo rigor. Eso, a pesar de que el hermano de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, era entonces secretario de Estado. "Rigor para todos por igual", decía Valiente. Tras los plazos establecidos, la CNMV exige documentación, pero Gescartera no se la facilita. Así que la Comisión le vuelve a requerir la información en 24 horas. Gescartera ofrece entonces certificados falsos de la Caixa y del Santander.

La CNMV decide contrastar de manera informal dichos certificados. El Santander responde casi en ‘tiempo real' desmintiendo el certificado falso de Gescartera: "no es nuestro cliente" (ver documento). La Caixa también niega su relación con la ya sociedad de cartera un día más tarde. (ver documento). Es decir, ambos fueron falsificados por Gescartera.

Ante la evidencia de la falsificación de la documentación requerida, Valiente convoca consejo extraordinario en la misma tarde de ese 14 de junio de 2001 y se decide intervenir la sociedad y al mismo tiempo denunciar el presunto fraude ante la Fiscalía y la Audiencia Nacional. El 19 de junio de 2001 se propone además la apertura de un expediente sancionador.

Como consecuencia de dicha denuncia, la CNMV investigó hacia atrás y descubrió que los certificados de la Caixa que permitieron el archivo de la ‘investigación Armesto' también eran falsos. También se denunció este hecho ante la Audiencia Nacional.

La técnica del fraude

¿Cómo se realizó técnicamente la trama? Realizaban dos operaciones de compra y venta del mismo valor intradía, permaneciendo en liquidez al finalizar la jornada bursátil. Un buen cliente para los operadores que ejecutaban las órdenes comisionando un elevado número de operaciones de gran cuantía. Los beneficios y las pérdidas los endosaban según conveniencia fiscal. Una técnica ‘del porrazo' diseñada por Agustín Fernández Ameneiro (Hari 2000, SL), asesor fiscal que diseñó toda la estructura tributaria de la trama.

Por lo demás, en el juicio ha quedado demostrado que Gescartera operaba con productos estructurados que ofrecían rentabilidades garantizadas del 15-17% que financiaban mediante aportaciones de nuevos clientes. Es decir, se trataba de depósitos de renta fija que deberían haber sido supervisados por el Banco de España. Pero además, se trataba de una estafa piramidal que llevaba operando desde 1992 y a la que -afortunadamente- la CNMV quiso poner fin. Hoy Camacho regresa a la prisión para evitar el riesgo de fuga.

El primer escándalo financiero sin responsabilidad subsidiaria del Estado

El caso de Gescartera será el primero en el que todos los estafados cobrarán el 100% de sus ahorros y en el que la investigación judicial se lleva a cabo por denuncia de la propia administración. Será también el primer escándalo financiero donde no se declara la responsabilidad civil del Estado. Tampoco hubo responsabilidades políticas tal y como aprobaron PP, CiU y CC en el Congreso el 15 de noviembre de 2001 tras una intensa comisión de investigación iniciada el 7 de septiembre de 2001. Tras la constitución del fondo de garantía -constituido ‘ad hoc' y financiado por el sector- todos los ahorradores cobraron hasta 20.000 euros. El resto lo cobrarán con cargo a las responsabilidades señaladas en la sentencia.

¿Auditorías limpias?

Uno de los motivos por los que la CNMV de Fernández Armesto decidió cerrar la investigación sobre Gescartera es que el informe de auditoría de Gescartera estaba limpio. Lo curioso es que el firmante de dicho informe, Gumersindo Gutiérrez, socio de Deloitte & Touche, ha sido el ‘firmón' de todos los informes de auditoría de Gescartera desde al menos 1998. Su opinión positiva sobre el reflejo de la imagen fiel de la situación económico-financiera de la compañía ofrecía no sólo garantías al mercado, sino a la misma CNMV que trabaja sobre la confianza de cuentas auditadas.

Cuando la CNMV requirió a la auditora que ofreciera información detallada, esta se negó alegando que sólo podía ofrecer información al ICAC, que era -y es- el órgano de supervisión y control de los auditores. Por supuesto, también debe ofrecer información de sus papeles de trabajo ante un juez, pero la investigación judicial nunca se lo requirió ni ha sido imputado ni condenado. Sorprendentemente.

¿Dónde está el dinero?

Es la pregunta del millón. Según han podido constatar los peritos judiciales del Banco de España y de la Agencia Tributaria la operativa de la ‘apropiación indebida' consistía en sacar el dinero en maletines mediante cheques al portador. Un dato que también ha sido corroborado por el chofer de Camacho. Desde luego, en Delaware (Estados Unidos) no apareció el dinero y la CNMV nunca tuvo información sobre los rumores beliceños.

La sentencia admite que existe un ‘agujero' "pendiente de explicación" de 27 millones de euros, mientras que de otros 9,5 millones de euros se sabe el origen, pero no su paradero actual. Además declara un déficit "estructural" (operaciones fallidas que llevaron a la práctica piramidal) de 30,6 millones. Parte de ese dinero junto a los 24,1 millones de déficit no estructural se empleó de manera "irregular" y deberá ser devuelto por quienes "participaron lucrativamente del fraude". La sentencia considera probado que Camacho desvío de manera directa 6 millones de euros.

La polémica agenda

"Aprovechando la ausencia del presidente y del vicepresidente, Pilar Valiente decide convocar consejo extraordinario y avisa urgentemente". Estas son las anotaciones de la supuesta -y polémica- agenda personal de Pilar Giménez Reyna de abril de 1999. Pilar Valiente -que declaró como testigo en el juicio- señaló que el contenido era "falso y absurdo". Sí estaba el presidente y el vicepresidente y no fue ella quien convocó el consejo sino el entonces presidente, Fernández Armesto. Por lo demás, Valiente no conoció a Giménez Reyna hasta que fue nombrada presidenta.

Linchamiento doble contra Pilar Valiente

Pilar Valiente sufrió un linchamiento doble. En primer lugar, interno. Quizás porque había quien entendía que ante las irregularidades era mejor no intervenir y tratar de subsanar. Quizás porque el ex secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, tenía sus influencias. O quizás porque el entonces vicepresidente de la CNMV, Luis Ramallo, reconoció el 27 de julio de 2001 que intervino en su despacho de notario como fedatario de algunos documentos de Gescartera. Una semana después, Ramallo reconoció haber recibido regalos de Camacho por valor de 12.000 euros. El caso es que llegó a ocupar 12 portadas del ABC. Fue entonces, ante la pérdida de confianza, el ambiente enrarecido y las dificultades para trabajar cuando decidió dimitir el 19 de septiembre de 2001 "para salvar la institución".

Por supuesto, Valiente también recibió los ataques del PSOE. En 2002 pidieron su imputación por "prevaricación y falso testimonio" en la comisión de investigación. El fiscal señaló que no había lugar y consideró adecuada la actuación de la CNMV, al igual que hiciera posteriormente el Consejo de Estado. En la apertura del juicio oral (6 de mayo de 2005) Valiente no figura ni como imputada ni como testigo. Finalmente, el PSOE decide no formalizar acusación contra la ex presidenta de la CNMV.