Los objetores de Cáceres denuncian el "desprecio" de la Junta

La Plataforma Independiente de Padres Objetores a EpC de Cáceres proclama que los autores del recurso para que se les reconozca la objeción ejercen un "derecho constitucional" y lamenta las declaraciones que ayer formuló la consejera de Educación.

REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- La Plataforma Independiente de Padres Objetores a EpC de Cáceres ha defendido hoy que los padres que han presentado recursos para que se les reconozca la objeción a EpC han "ejercido un derecho constitucional" y ha lamentado el "desprecio" mostrado hacia este asunto por la consejera de Educación extremeña, Eva María Pérez.

Esta asociación de objetores responde así a las declaraciones que ayer realizó Eva María Pérez. La consejera advirtió que los alumnos que "de forma reiterada no asistan a las clases de Educación para la Ciudadanía, aunque sus padres hayan presentado un recurso, serán considerados absentistas y podrán tener al final de curso una evaluación negativa". Sobre esta cuestión, reiteró que el recurso que se ha presentado "no tiene fundamento jurídico" porque, en su opinión, "no puede haber una objeción de conciencia a una materia, de igual manera que no podemos objetar contra otra asignatura como matemáticas o contra el pago de impuestos".

Eva María Pérez también descalificó la sentencia del TSJ andaluz que el pasado 4 de marzo reconoció a una familia de Bollullos Par del Condado su derecho a ejercer la objeción de conciencia a EpC. A ese respecto, dijo que "resulta curioso que uno de los ponentes de esa sentencia sea el hijo del presidente honorífico del Foro de la Familia" y aseguró que la fundamentación jurídica que utiliza este ponente para dictar esa sentencia ha sido considerada por otros juristas como una "barbaridad".

Tras haber tenido conocimiento de estas declaraciones de la responsable de la Educación extremeña, la plataforma ha emitido hoy una nota de prensa en la que expresa su "indignación y sorpresa" y destaca que, al anunciar que rechazará los recursos presentados por estos padres, Eva María Pérez "ha despreciado además la sentencia del Tribunal Superior Justicia de Andalucía".

La asociación de objetores "no comprende" que un cargo público como la consejera "muestre esta falta de rigor y de respeto a los padres que han ejercido legalmente su derecho constitucional, por anticipar a la prensa la resolución del recurso de alzada antes de resolverlo y notificarlo a los mismos".

Los padres también confiesan su "estupor" por el hecho de que Eva María Pérez "desprestigie el valor jurídico de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ampara el derecho fundamental a la libertad de los padres a educar a los hijos según sus convicciones morales y/o religiosas".

Aseguran que Pérez "confunde el derecho a la objeción de conciencia recogido en nuestra Constitución Española con el negarse a pagar impuestos", lo cual a juicio de los padres "es una muestra de la manipulación informativa que esta consejera y el delegado provincial de Cáceres vienen realizando desde el principio de curso".

Finalmente la plataforma asegura que sus miembros "seguirán defendiendo la libertad y el derecho a la información veraz".

El PP de Extremadura apoya a los objetores

El PP extremeño, a través de su secretario general, César Díez Solís, ha mostrado hoy su apoyo a los padres que defienden la objeción a EpC y ha pedido que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, exponga su opinión acerca de las manifestaciones realizadas ayer por la consejera de Educación, Eva María Pérez, que los populares consideran "barbaridades" a las que califican de "disparatadas".

En un comunicado, Díez Solís considera "impropio de la responsable educativa extremeña el tildar de absentistas a los alumnos y defraudadores de Hacienda a los padres que se acojan al derecho constitucional de objetar en conciencia".

Para el PP extremeño "la responsable educativa del gobierno regional se ha manifestado en contra del derecho constitucional a la objeción de conciencia de los padres y madres de escolares extremeños". Así mismo, los populares opinan que la consejera "considera carentes de valor las sentencias de los Tribunales de Justicia y compara a los extremeños que se acojan a ese derecho constitucional con quienes no pagan sus impuestos".

Díez Solís afirma que las declaraciones de la consejera constituyen una "falta de respeto a quienes quieren ejercer un derecho constitucional", lo cual "solo se da en regiones tercermundistas, carentes de libertad y donde el amedrentar a los ciudadanos es práctica habitual".

El dirigente popular añade que quiere conocer la opinión de Fernández Vara sobre este asunto porque "si la actuación de la Junta de Extremadura suplanta a las sentencias de los tribunales de Justicia y se arroga competencias del poder judicial", en tal caso "de poco vale el Estado de Derecho en esta comunidad autónoma".

Indica Díez Solís que "el derecho de los padres a objetar y no cursar la materia y el de la consejería de Educación y el Estado a no evaluar a los alumnos está reconocido por sentencia en alguna comunidad autónoma", en alusión a la andaluza, y agrega que hasta que el TSJ de Extremadura "no se pronuncie, es arriesgado anticipar su sentencia". "Sentencia, que la Junta de Extremadura ya ha dicho que recurrirá, sea cual sea, y dilatará en su ejecución con recursos y triquiñuelas que es una forma de no acatar", apostilla.