Se agolpan las denuncias contra los abortorios de Morín

Se agolpan las denuncias contra los abortorios de Morín

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La investigación muestra un buen número de actuaciones irregulares y falsificaciones de informes. Para deshacerse de los fetos, utilizaba trituradoras recomendadas para cocinas industriales. El PP catalán pide responsabilidades a la Generalitat.

REDACCIÓN HO.-  Este fin de semana los medios de comunicación han venido cargados de informaciones sobre las ilegalidades e irregularidades cometidas en los abortorios de Carlos Morín: el empresario cobraba más de 5.000 euros en dinero negro por abortos a partir de las 24 semanas; captaba a sus clientes ofreciéndoles bonos descuentos, o  congelaba los fetos por la noche para triturarlos por el día "sin molestar".

En la COPE, el líder del PP catalán, Daniel Sirera, pedía este sábado a la Generalitat y a su presidente, José Montilla, que dieran explicaciones de todo esto.- no tiene duda de que el Gobierno regional sabía lo que pasaba en estas clínicas: "hemos denunciado este caso; hemos exigido a la consejera de la Generalitat explicaciones y estoy convencido de que la Generalitat sabía perfectamente que esta situación se estaba produciendo, porque si le hubiera venido de nuevas habría actuado de manera inmediata sobre estos centros, y lo que ha hecho es decir que hay que estudiar lo que hace, mostrando una actitud muy tibia con el señor Morín y ese tipo de clínicas que están realizando ese tipo de actuaciones aberrantes", declaraba Sirera.

Según informa ABC, En referencia a los informes psiquiátricos falseados, cuya práctica se recoge en la instrucción judicial, se explica el caso de una mujer que se encontraba "en un período de gestación de entre 20 y 22 semanas", y que iba a abortar acogiéndose a uno de los tres supuestos permitidos por la ley. Cuando el feto presenta graves malformaciones, la interrupción del embarazo está permitida en las 22 primeras semanas.

La mujer había sido atendida en un hospital público y según consta en su historia clínica de este centro, y también en la de TCB, una de las clínicas privadas investigadas y en la que se practicó el aborto, tenía pérdidas y el feto presentaba malformaciones. No hubiera hecho falta, por lo tanto, disponer del informe psiquiátrico necesario en otro supuesto.  En una diligencia policial se manifiesta lo siguiente: "Aun no siendo necesario, y debido al vicio adquirido por el personal de las clínicas, a la historia de la paciente se une el cuestionario de salud mental falseado, sin que a la mujer se le hubiera entregado, por lo que la firma y respuestas que constan en él son falsificadas".

La investigación profundiza en las irregularidadesComo ya se ha explicado, en ocasiones el personal presuntamente desempeñaba funciones para las que no tenía la titulación necesaria. Es el caso de algunos de los médicos, pero también de otras personas que traban en ambas clínicas.  Las mujeres encargadas de hacer la limpieza de estos centros barceloneses figuran como responsables de tareas que poco tienen que ver con eso. Existen denuncias que hablan de que alguna de estas personas hacía el trabajo de esterilización en los quirófanos. Según se relata, tanto en la clínica Ginemedex como en TCB, ambas propiedad del doctor Morín, existe dentro del ala quirúrgica una zona dedicada a la esterilización de los instrumentos que se utilizan en las intervenciones.

Por la importancia de que el instrumental esté bien esterilizado de cara a los siguientes usos, es necesario que esa limpieza la haga personal con formación específica. En este caso, según denuncian ex empleados de Morín, la esterilización de los instrumentos de quirófano "la realiza personal no cualificado, que lo hace sin respetar las mínimas garantías higiénicas, ni utilizar los detergentes adecuados para limpiar cada cosa".

Cualquier persona

Las denuncias citan a una persona de la plantilla encargada de la limpieza en Ginemedex que realiza la esterilización, "aunque no tiene el curso específico para ese trabajo, ya que no es ni enfermera". Añaden que cuando esta persona no está porque se encuentra, por ejemplo, de vacaciones, esa tarea la lleva a cabo "cualquier persona de la plantilla encargada de la limpieza". En cuanto a la remuneración, "y como todos los trabajadores de la empresa", esa primera persona citada cobra una nómina que "se divide en la parte A (oficial) y la parte B (dinero negro no declarado)". Si tiene que quedarse fuera de su horario exigido porque "una cesárea o una intervención ilegal se practican por la tarde, esas horas extras las tiene muy bien remuneradas".

Tres vías para falsificar los informes psiquiátricos

En ayunas, con el Documento Nacional de Identidad y acompañadas por alguien. Este era el equipaje que debían llevar a las clínicas del doctor Carlos Morín las mujeres que iban a abortar. Así se les advertía en persona si acudían antes a los centros, o por teléfono cuando llamaban para fijar la fecha de la intervención, que en algunos casos se realizaba el primer día que pisaban las clínicas Ginemedex o TCB. No parece que se dedicara demasiado tiempo a comprobar la salud física y, sobre todo, psíquica de las mujeres, supuesto este último que daba cobijo a la inmensa mayoría de los abortos ilegales.

La investigación del caso Morín no ha acabado, pese a que el sumario judicial instruido hasta ahora lo engrosan cerca de 4.000 páginas. De las 2.789 historias clínicas del año 2007 que constan en poder de la Guardia Civil -a quien la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, encomendó la investigación-, apenas se han analizado 139. Sin embargo, y a la espera de que concluya el trabajo, las pesquisas evidencian el cúmulo de presuntas irregularidades en el funcionamiento de los centros, donde también se hacen prácticas ginecológicas permitidas.

Indicios de delito

Factura que demuestra la adquisión de la trituradoraSupuestos abortos ilegales, algunos en estados muy avanzados de gestación de la mujer y también a menores, a los que se daba apariencia legal con papeles falsos; cobros en dinero negro a las mujeres y pagos con la misma opacidad a algunos de los empleados de Morín por practicar las intervenciones, o el sistema montado para captar clientes, son algunos de los ejes que trasluce el sumario.

En un auto judicial que consta en él, la magistrada afirma que, en base a los datos aportados por la investigación, "aparecen indicios suficientes para considerar la realidad de la presunta comisión de un número importante e indeterminado de delitos de aborto ilegal", además de otros delitos continuados de falsedad documental, intrusismo profesional y asociación ilícita. La juez alude a la "gravedad de los hechos que se investigan, ya que en primer lugar se trata de delitos contra el valor supremo que es la vida"", cuando ordena los registros en las clínicas y en el domicilio de Morín.

El propio doctor reconoció en su declaración judicial que en sus centros "puede haber sucedido en alguna ocasión" que se hayan hecho abortos después del segundo trimestre de gestación "bajo criterio psiquiátrico". Y en los informes psiquiátricos irregulares parece sustentarse buena parte de la trama de estas clínicas barcelonesas. Carlos Morín afirma en otro momento que el 97% de los abortos que se practican en sus centros se hacen acogiéndose al supuesto de grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre. La ley en este caso no permite la interrupción después de las 22 semanas de embarazo.

Según se desprende de lo investigado, las falsificaciones o manipulaciones de los informes psíquicos, preceptivos y previos a la interrupción del embarazo, se hacían de tres maneras y en todas figuraba el denominado Test de Goldberg. La respuestas que las personas dan las preguntas que plantea ese test permiten valorar estados de depresión.

Cuestionarios

Según una de las maneras fraudulentas de actuar, a la paciente se le daban dos cuestionarios idénticos del Test de Goldberg. Se le pedía que rellenara y firmara uno de ellos y que el otro sólo lo firmara. Posteriormente hacían desaparecer el cuestionario cumplimentado por la mujer y personal de las clínicas rellenaba el que sólo estaba firmado, que se unía a la historia clínica.

Otras veces no se le daba a la paciente el test, que luego cumplimentaba el personal falsificando la firma. Según la tercera vía, la mujer tenía que rellenar el cuestionario y también firmarlo. Luego se hacía desaparecer y el personal rellenaba y firmaba uno nuevo, que igualmente se adjuntaba a la historia clínica.

La mayoría de las pacientes que han declarado hasta el momento coinciden en que no fueron visitadas nunca por un psiquiatra antes de someterse al aborto. Muchas mujeres -que acudían a la clínica con el estómago vacío, el DNI y el acompañante- recordaban haber tenido que firmar a su llegada papeles en blanco que, según les dijeron, eran para autorizar la intervención y para la anestesia. Otras no saben para qué servían los documentos y algunas no reconocieron como suya la firma que aparecía en ellos.

Las reconocimientos psíquicos corrían a cargo presuntamente de dos psiquiatras que trabajaban para las clínicas, además de practicar su profesión en otros centros sanitarios, incluso públicos. La investigación sobre estas dos personas permitió descubrir que varios de los días en que se practicaron abortos, ninguno de ellos acudió a las clínicas Ginemedex y TCB.

Según las denuncias de ex empleados, presuntas violaciones servían también para dar cobertura a mujeres que abortaban, por ejemplo, por presiones familiares o porque se acababan de separar de su pareja.

Congelaba los fetos de noche para triturarlos de día 'sin molestar'

Trituradoras para alimentos usadas en los abortuorios de MorínPor otra parte, según demuestra el diario El Mundo, los abortuorios de Morín sí tuvieron trituradoras. Estas estuvieron en sus centros hasta el año 2004, fecha en la que fueron desmontadas ante las denuncias aparecidas en medios de comunicación ingleses y daneses, según consta en la declaración de un testigo protegido en la trama de los abortos ilegales de Barcelona.

Concretamente, eran tres: dos pequeñas y otra de tamaño industrial. La más grande -que también tenía función licuadora-, costó 425.952 pesetas, fue pagada en tres plazos y adquirida por la clínica Ginemedex el 6 de agosto de 1998, tal y como consta en la factura realizada por la empresa guipuzcoana Tratamiento de Residuos-Fabricantes de Trituradores, según ha podido saber EL MUNDO.

El prospecto del fabricante recomienda esta trituradora para "el almacenamiento de los desperdicios producidos en las cocinas de hoteles, restaurantes, colegios, residencias y hospitales", así como en "mataderos, pescaderías, fábricas de conserva y mercados". En la clínica del doctor Morín se habría utilizado para deshacerse de fetos en avanzado estado de gestación, tras la práctica de abortos presuntamente ilegales.

Uno de los testigos protegidos relató ante los Mossos d'Esquadra y, con todo lujo de detalles, el uso que se daba a estos aparatos. Explicó que en la clínica TCB, tras la mesa de recepción de las clientas, "hay una puerta que esconde una pica de lavabo", y que debajo de ésta estaba instalado el triturador, con el que "se deshacían de los fetos resultantes de las operaciones ilegales".

Después del reportaje emitido por la televisión danesa en 2006, Morín ordenó que la máquina fuera "desmontada", pero "queda la instalación de fontanería". Automáticamente, "el nivel de ingresos bajó en picado", aseguró el testigo. Hasta que se instaló el triturador en la clínica Ginemedex, "los fetos se descuartizaban y se mezclaban con los extraídos en los abortos legales", dijo. El testigo también explicó que este triturador "se había atascado en ocasiones, y que se tenían que abrir las cañerías y el suelo de la clínica por un paleta".

Asimismo, explica que "como lo normal era que estas operaciones terminasen por la noche, se introducían los fetos extraídos en el congelador, y al día siguiente los trituraban", con el fin de "no molestar a los vecinos por la noche".

Secretismo con las pacientes

A las pacientes que preguntaban qué sucedía con los fetos, siempre se les decía que los incineraban. Esta actividad corría a cargo de "los médicos encargados de la operación". En los abortos legales, el testigo explicó que los fetos extraídos se depositaban en contenedores sellados para que la empresa Ecoclinic los recogiera dos veces por semana.

El testigo dijo que la trituradora de la clínica Ginemedex "estaba dentro de un armario de formica blanco instalado en una sala justo al lado de la cafetería de uso del personal", que se aprovechó la instalación de fontanería del anterior triturador que estaba en el patio interior, y que en la misma sala se almacenaban las botellas de oxígeno de la clínica. Era aquí donde también situó el testigo la cámara donde, presuntamente, se congelaban los fetos extraídos por la noche.

En su declaración ante la juez, Morín explicó que "nunca" hubo un triturador en Ginemedex mientras él estuvo allí. Sin embargo, cuando llegó hace 15 años a la clínica sí había uno, instalado en un patio -como han confirmado varios testigos e imputados-, pero que nunca se utilizó.

En junio de 2007, este testigo protegido explicó a los Mossos d'Esquadra que Carlos Morín realizaba en TCB, él mismo, abortos fuera de plazo con la ayuda de personal médico de confianza. Después del reportaje con cámara oculta de la televisión danesa, pasó a realizarlos en Ginemedex. Precisamente, fue éste uno de los dos testigos protegidos que destaparon la trama de presuntos abortos ilegales. Morín fue detenido en noviembre de 2007 y pasó dos meses en prisión provisional, junto a su esposa y varios colaboradores.

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