El TSJ andaluz concede medidas cautelares a otra familia objetora

Una semana después de haber dictado una sentencia favorable a los objetores de Bollullos, el TSJA ha emitido un auto en que concede cautelarmente la objeción a una familia de La Carolina. 

REDACCIÓN HO.- Cuando aún no se han apagado los ecos de las reacciones a la sentencia dictada el martes de la semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado una nueva resolución que ampara el derecho de unos padres a objetar contra la asignatura Educación para la Ciudadanía.

En esta oportunidad se trata de un auto de medidas cautelares, firmado -como la sentencia del 4 de marzo- por la sección III de lo contencioso administrativo del TSJA, pero la composición del tribunal ha experimentado un cambio: es el juez Joaquín Sánchez -y no Enrique Gabaldón- quien completa la terna junto a Victoriano Valpuesta y Eloy Méndez. 

La decisión se produce después de que los padres de un alumno de La Carolina (Jaén) objetaran en conciencia para que su hijo no estudie la asignatura. Tras haberles denegado tal posibilidad la Junta de Andalucía, recurrieron al TSJA, que ha impuesto medidas provisionales a favor del derecho a la objeción de conciencia.   

En este caso, que sigue abierto hasta que la Sala dicte sentencia, los jueces no han entrado por el momento en el fondo de la cuestión, pero resuelven que ha lugar "la medida cautelar interesada relativa a la suspensión de la ejecutividad de la resolución impugnada". Consiguientemente, el tribunal permite que, mientras dure la tramitación del procedimiento, los padres puedan ejercer el derecho a objetar para su hijo no acuda a las clases de EpC, algo que le había sido negado por la Junta de Andalucía.   

Medida necesaria para impedir posible vulneración de derechos fundamentales 

Los magistrados argumentan que si se deniega la medida, se crea "una situación que no podría ser alterada por el contenido de una eventual sentencia estimatoria de las pretensiones de los demandantes porque, entretanto, su hijo habría recibido los contenidos educativos que se pretenden evitar. De ahí la necesidad de adoptar la medida cautelar". 

El Foro Español de la Familia ha mostrado su satisfacción por el contenido del auto y el letrado Carlos Seco Gordillo, que ha recurrido la asignatura, ha asegurado que esta resolución ha vuelto a reconocer el derecho a que los hijos de los demandantes no estudien EpC y, por lo tanto, también el de quedar exentos de evaluación en esa asignatura. El auto, según Seco, pone de manifiesto el criterio constante de la sala "pues ya son cuatro las resoluciones favorables" a las tesis del movimiento objetor.

El colegio presionó a los padres para que su hijo entrara en clase de EpC

Pilar Colomina es la madre a la que el auto de medidas cautelares del TSJA ha concedido provisionalmente la objeción para que su hijo no curse Educación para la Ciudadanía. Pilar es ama de casa, tiene cuatro hijos y su marido regenta una administración de lotería en La Carolina (Jaén). Desde que conoció el currículo de EpC, esta mujer tuvo claro que supone un intento ilegítimo de adoctrinamiento y decidió objetar.

Su hijo estudia en un colegio público y, cuando llegó y les dijo a los profesores que no acudiría a esa clase, no se lo pusieron fácil. "Me dijeron que eso no se podía hacer. Me presionaron para que entrara en clase. Le suspendieron y le pusieron un uno", relata la madre. Ahora está más tranquila porque no tendrá que revisarle todos los días los apuntes para ver qué le dicen en el colegio. Y porque, según dice, por fin la han dejado en paz.