Morín reconoce que sus clínicas practicaron abortos a niñas de 13 años

Morín reconoce que sus clínicas practicaron abortos a niñas de 13 años

Las clínicas abortistas barcelonesas investigadas por prácticas ilegales realizaron abortos a adolescentes de 13 años, según admitió el ginecólogo peruano Carlos Morín en su declaración ante la juez instructora del caso, Elisabet Castelló. Además, Morín reconoció haber atendido últimamente en sus centros a "una gran población de menores".

REDACCIÓN HO.- En su declaración, que forma parte del voluminoso sumario del caso de más de 4.000 páginas, Morín también reconoció prácticas de abortos a embarazadas de siete meses y medio, 29 semanas, en sus clínicas "el último mes" previo a su comparecencia. Sin embargo, en los informes sobre escuchas telefónicas de médicos colaboradores de Morín figuran casos de abortos a mujeres encintas de más de 30 semanas y hasta 33 semanas, publica Terra basada en una información de Europa Press.

El 97% de los casos abortos de las clínicas de Morín se practicaron por el supuesto de grave perjuicio físico o psíquico para la madre, que la ley del aborto permite más allá de la semana 22 de la gestación. Otro 2% de los abortos de estos centros se acogían al supuesto de malformación del feto y un 1% a casos de violación, señaló Morín.

Para realizar los abortos, los ginecólogos de las clínicas investigadas, del grupo TCB-Ginemedex, todas ellas en la parte alta de Barcelona, utilizaban el método de la aspiración para los casos de menos de 12 semanas de embarazo, mientras que para los casos más avanzados utilizaban el método dilatación y morcelación.

Incumplimiento del tratamiento debido a los restos humanos

Respecto al método utilizado para deshacerse de los fetos después de la intervención, la investigación revela que las clínicas no utilizaban los sistemas reglamentariosa los que obliga la ley para desprenderse de los restos humanos y fetos, sino que los tiraban en los contenedores de residuos sanitarios como si se tratara de material sanitario y biológico.

La investigación pone de manifiesto que la empresa que realizaba el transporte de residuos de Morín no estaba autorizada para la destrucción de restos humanos y fetos y que a estos contenedores iban los restos de fetos de "más de 20 semanas", admitió el ginecólogo.

Abortos ilegales

La Guardia Civil ha acusado de aborto ilegal a 121 mujeres que fueron atendidas en las clínicas del doctor Morín durante el año pasado, según el último atestado remitido a la juez del caso. En sus declaraciones, varias imputadas señalan cómo se las derivaba hacia estas clínicas desde centros públicos que no querían practicar los abortos. En este informe, que obra en la causa, la Guardia Civil hace un resumen de las 2.780 historias clínicas intervenidas en los centros de Morín correspondientes a 2007. Este análisis lleva fecha del pasado febrero y se dice que del total de expedientes, aún están pendientes de citar 2.641 mujeres.

En cuanto a las otras, según el Instituto Armado, predominan los abortos fuera de los tres supuestos marcados en la actualidad por la ley. Concretamente, 121 sobre un total de 138. De esta manera, en un estadillo, se explicita que se ha tomado declaración como imputadas a 99; que otras tres fueron también citadas como acusadas pero no quisieron prestar testimonio; cinco no han comparecido; 15 no han sido localizadas y 17 interrumpieron voluntariamente su embarazo dentro de los términos marcados por la ley.

El detalle de cada caso se encuentra en las declaraciones de las mujeres, cuya identidad se ha preservado y son identificadas con número. Y ahí en sus palabras se deduce que la actividad del doctor Morín era un secreto a voces. Muchas dicen que llegaron a sus centros bien por medio de una amiga que ya le conocía o informándose por internet tras conocer que se había quedado embarazada.  Tampoco faltan los casos en que vienen derivados de centros de planificación, otras clínicas e incluso de la misma Seguridad Social. hay otro grupo de pacientes que vinieron recomendadas desde el País Vasco, pero que tienen un denominador común: pusieron su historia en manos de una clínica de San Sebastián, que las encaminó a Barcelona, según informa La Vanguardia.

La Consejería de Salud catalana detectó abortos clandestinos

La Conselleria de Salud de la Generalitat detectó abortos clandestinos en los centros abortistas barcelonesas del ginecólogo Carlos Morín investigados por supuestas prácticas ilegales, según revela el informe de inspección a los centros remitido por el departamento a la juez instructora del caso. En sus inspecciones, cuyas conclusiones forman parte del sumario de la investigación al que ha tenido acceso Europa Press, Salud detectó la existencia de historias clínicas de abortos realizados en 2006 que "no figuran en el libro de quirófano del centro".

En las copias de las historias clínicas aportadas de tres pacientes 'no consta el documento de notificación a la Conselleria de Salud y, por tanto, presuntamente el centro no ha comunicado todas las interrupciones voluntarias del embarazo que ha realizado en 2006' al departamento, señala en las conclusiones de su informe. En el centro Ginemedex, una de las investigadas, halló una 'falta de adecuación de las historias clínicas a lo que determina la ley' y que los libros del quirófano no hacían constar 'todas las pacientes presuntamente asistidas en el centro'. En TBC, también halló una 'falta de adecuación de las historias clínicas a aquello que determinan la Ley 21/2000 y la Ley 41/2002'. Ambas leyes hacen referencia a la adecuación de las historias clínicas en lo que se refiere a su contenido, usos, derecho a acceso y conservación.

Además, por realizar análisis clínicos y atención psicológica en CBM -otra de los  abortuorios investigados- sin la autorización de Salud correspondiente y modificar espacios físicos de la Fundación Morín también sin autorización, entre otros, Salud sancionó con multas de 3.000 euros a las clínicas, ubicadas en la parte alta de Barcelona, alegando como motivo 'faltas administrativas'.

La Subdirección General de Evaluación e Inspección de Asistencia Sanitaria, dependiente de la Dirección General de Recursos Sanitarios de la Generalitat, inició su investigación a los centros relacionados con Morín en octubre de 2006, a raíz de un reportaje con cámara oculta de la televisión pública danesa DR sobre presuntos abortos ilegales en una clínica de Morín.El sumario del caso también recoge algunas de las conversaciones telefónicas que mantuvieron médicos de las clínicas investigadas con algunos de sus pacientes y entre ellos, en las que se hace referencia a intervenciones previstas fuera de los supuestos legales que establece la ley del aborto en España, que sólo permite esta práctica en caso de violación, malformación en el feto y, a partir de la semana 22, grave perjuicio físico o psíquico para la madre.

Sin examen psiquiátrico

La Guardia Civil hace hincapié en sus atestados e interrogatorios en que las pacientes rara vez veían a los psiquiatras que debían atestiguar el estado mental de la embarazada, y que se les entregaban unos impresos y unos tests que luego eran rellenados por el propio personal de las clínicas. El precio de la operación de aborto variaba según el número de semanas de gestación, y hay pagos desde los 350 euros a los 4.000 euros, casi siempre en efectivo. La Guardia Civil también se cuestiona la titulación del personal médico que trabajaba en estos centros.

La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, dictó la pasada semana el auto por el que levanta parcialmente el secreto de sumario contra el doctor Carlos Morín, su esposa y 11 empleados, y mantuvo el secreto sobre la identidad de las 2.780 mujeres que en 2007 abortaron en las clínicas investigadas, y cuyas historias clínicas han sido incautadas por la Guardia Civil en el marco de la investigación.