La sentencia del TSJ andaluz "muestra su sometimiento a la Constitución y no a la ideología gubernamental"

Profesionales por la Ética (PPE) valora la sentencia del TSJ de Andalucía que reconoce el derecho de los padres a objetar a EpC: "es una manifestación propia del Estado de Derecho al constituir una afirmación inequívoca de la división de poderes y el sometimiento de los jueces al imperio de la Constitución y no a la ideología gubernamental", afirma.

REDACCIÓN HO.- Según PPE, "el Tribunal andaluz ha dado muestras de una honrosa imparcialidad a pesar del contexto hostil generado por las autoridades educativas andaluzas y el tejido social en el que se apoya". Asimismo, la plataforma de profesionales entiende que la sentencia "constituye un precedente que sentará doctrina sobre objeción de conciencia educativa, tanto por sus fundamentos jurídicos como por su fallo, ya que a diferencia de otras resoluciones judiciales en la materia, entra en el fondo del asunto y pondera adecuadamente el derecho de los padres y los hijos a la educación".

Dado que son decenas los recursos contenciosos administrativos pendientes en los tribunales españoles, de familias que defienden democráticamente su libertad educativa frente a la intransigente abuso de poder del Gobierno, PPE añade que "es una buena noticia que el Derecho se haya impuesto en este caso, porque legitima jurídicamente la objeción de todas las familias españolas que se muestran disconformes con el adoctrinamiento que supone Educación para la ciudadanía". 

"El Tribunal Superior ha aplicado correcta e íntegramente la jurisprudencia más vanguardista del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al reconocer la objeción de conciencia educativa, sin entrar en enjuiciamientos de naturaleza ideológica. Con justeza entiende que el interés público consiste, precisamente, en garantizar los derechos, lo que "justifica la existencia del Estado y sus potestades". Esta afirmación del órgano judicial es toda una declaración de principios sobre el comportamiento debido de un Estado que, como en este caso, olvida que su poder está al servicio de los ciudadanos y de las familias", entiende Profesionales por la Ética.

Una sentencia frente a la intimidación y las amenazas

Como entiende este colectivo, en términos prácticos, a partir de ahora, la Administración educativa, tanto estatal como autonómica, "deberá forzosamente reconocer la realidad de la objeción de conciencia como un derecho constitucional de los padres, tendrá que eximir a los estudiantes de padres objetores de asistir a clase de Educación para la ciudadanía, y habrá de hacer constar en su expediente que no son evaluados de la asignatura".

"Sin duda va a ser también un estímulo para que los padres aún indecisos vean con claridad la legitimidad para presentar la objeción de conciencia contra Educación para la ciudadanía. En este sentido, desde Profesionales por la Ética se espera que en las próximas semanas se multipliquen las objeciones de conciencia, que ya en las últimas semanas y a medida que se va acercando el nuevo curso, se habían incrementado hasta alcanzar un total de más de 24000 en toda España", añade PPE.

Del mismo modo, Profesionales por la Ética vuelve a pedir al Gobierno "sensibilidad ante la evidente realidad de la ilegalidad y la falta de consenso de la asignatura, tal y como se ha planteado en España, y el inicio cuanto antes del indispensable diálogo para la retirada de esta asignatura y la búsqueda de una alternativa aceptable para todos".