Tras el amparo judicial, CONCAPA llama a todas las familias a objetar a EpC

Al igual que el Foro Español de la Familia, CONCAPA ha manifestado también su satisfacción por la sentencia dictada por el TSJ de Andalucía y anima a todas las familias a objetar a Educación para la Ciudadanía (EpC).

REDACCIÓN HO.-  Al respecto, CONCAPA destaca especialmente varios aspectos de la sentencia dictada este martes por el TSJ andaluz:

• Pese a que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía no reconoció el derecho de la familia Flores-Cano a la objeción de conciencia respecto a la aplicación de la asignatura Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos -denegando igualmente la petición de alternativa educativa- el TSJA ha reconocido este derecho, lo que permite a todas las familias andaluzas ampararse en esta resolución judicial.
• La sentencia, perfectamente fundamentada, apoya su argumentación además de en la Constitución Española, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En relación con el TEDH cita dos recientes sentencias de 29 de junio y 9 de octubre de 2007 donde "se reconoce el derecho de los padres a que se respete en la educación de sus hijos sus convicciones religiosas y filosóficas, y el deber del Estado de respetar las convicciones tanto religiosas como filosóficas de los padres en el conjunto del programa de la enseñanza pública".
• La sentencia indica que "en el ordenamiento español la Ley puede regular el derecho a la objeción de conciencia, pero la falta de regulación, de reconocimiento legislativo, no puede impedir su ejercicio cuando están en juego derechos fundamentales".
• El TSJA indica que "es al Estado y a cada centro docente al que le corresponde suministrar a los padres la información necesaria para que puedan ejercitar su derecho a educar a sus hijos, incluso ejerciendo el derecho de objetar la asignatura parcialmente".
• La sentencia añade que la objeción de conciencia no pone en peligro el ordenamiento jurídico democrático, sino que simplemente refleja su funcionamiento.

CONCAPA entiende que  la sentencia "constituye un auténtico varapalo contra el gobierno de ZP y todos los que como el de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, etc. han apoyado la implantación de EpC contra la voluntad y el derecho constitucional de las familias a educar a sus hijos conforme a sus propios criterios morales. También contra todos aquéllos que presumen de ampliar derechos sociales, cuando en realidad están reduciendo las libertades y derechos fundamentales de todos los españoles, como hicieran en el siglo XX en Europa los regímenes totalitarios".

En definitiva, al entender de este colectivo, "se trata de una sentencia que es un triunfo de la libertad y de los demócratas, de las familias y los individuos frente a un Estado cada día más intervencionista y menos respetuoso con los derechos de los ciudadanos a quienes considera súbditos votantes".

Arbitrar alternativas

CONCAPA exige por ello al Gobierno de ZP y a los gobiernos autonómicos que niegan el derecho a la objeción de conciencia que arbitren alternativas educativas a la EpC, de modo que permitan a los alumnos que lo deseen no asistir a esta asignatura, respetando con ello la pluralidad ideológica, moral y religiosa en lugar de imponer el pensamiento único. Igualmente, exige a la Junta de Andalucía el acatamiento de dicha resolución en lugar del empecinamiento y oposición a la misma, que sólo indicará su falta de respeto hacia los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos.

CONCAPA felicita asimismo la familia que ha obtenido esta sentencia "y a todos aquéllos objetores que están dando prueba de valentía y de responsabilidad en la educación de sus hijos frente a las pretensiones totalitarias de algunos políticos y gobernantes y les anima a seguir defendiendo sus derechos".

Finalmente, CONCAPA llama a todas las familias españolas con hijos en edad escolar para que presenten ante el centro escolar o en la Delegación de Educación su declaración de objeción de conciencia frente a la EpC, reivindicando con ello su derecho constitucional a educar a sus hijos conforme a sus propios criterios y convicciones filosóficos, morales o religiosos en lugar de dejarlos al arbitrio de la ideología del gobernante de turno. "La objeción de conciencia sí que constituye una auténtica muestra de ciudadanía responsable al defender los derechos constitucionales de libertad ideológica y religiosa frente a un gobierno que los vulnera en lugar de protegerlos", concluye CONCAPA.