Jaime Urcelay anuncia que "asistiremos a una explosión de objeciones" contra EpC

El presidente de Profesionales por la Ética ha asegurado en el Congreso del Foro de la Familia de Castilla y León que Educación para la Ciudadanía impone un modelo moral que, "sea el que sea", no ha sido elegido por las familias, por lo que representa una "clara intromisión" de los poderes políticos.

REDACCIÓN HO.- Antes de que la asignatura de Educación para la Ciudadanía se acabe de implantar en toda España, "asistiremos a una explosión de objeciones de conciencia". Así lo ha manifestado el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, en el transcurso del Congreso del Foro de la Familia de Castilla y León que se celebró el pasado fin de semana en el Teatro Principal de Burgos.

Según detalla en su web la emisora local Radio Arlanzón, en el Congreso han participado expertos de primer orden para analizar el futuro de la familia desde los puntos de vista de la política, los medios de comunicación, la sociedad y la educación. En este último aspecto, se habló de Educación para la Ciudadanía, la asignatura implantada por el Gobierno socialista y que se enseña como obligatoria desde el presente curso en siete comunidades autónomas. En Castilla y León, se implantará en 2º y en 4º de la ESO a partir del curso 2008-2009.

Jaime Urcelay considera "asombroso" el rechazo del Gobierno de la Nación a la objeción de conciencia ante esta materia, puesto que la Constitución obliga a las Administraciones Públicas a garantizar el derecho de los padres a elegir la educación (y especialmente la formación moral y religiosa) que consideren más apropiada para sus hijos. Educación para la Ciudadanía, según el presidente de Profesionales por la Ética (PPE), supone una "clara intromisión" de los poderes políticos, al imponer un modelo moral que, "sea el que sea", no ha sido elegido libremente por las familias. "Todos queremos formar a buenos ciudadanos, pero no por este camino", señaló.

Urcelay resaltó así mismo que objetar es ejercer un derecho amparado por la Constitución, pues la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que la objeción forma parte del núcleo esencial de la libertad ideológica (art. 16 de la Carta Magna).

Hasta ahora, se han contabilizado en toda España no menos de 24.000 objeciones de familias que no quieren que sus hijos estudien la asignatura, pero las entidades que promueven el ejercicio de ese derecho aseguran que serán muchas más. Según el presidente de PPE, en unos meses el fenómeno será imparable.

En Burgos ya se han registrado objeciones, pese a que la asignatura todavía no se imparte, y en todas las capitales de provincia de la Comunidad castellano-leonesa se han creado plataformas de padres objetores que están informando en los centros educativos.

Jaime Urcelay recordó a las familias que quieran objetar que los centros educativos tienen la obligación de tramitar los escritos de objeción en las administraciones educativas, aunque muchos de ellos ponen pegas e inluso intentan coartar a los objetores. También pueden entregar sus declaraciones directamente en los registros públicos, tanto de la delegación o subdelegación del Gobierno como en la delegación territorial de Educación.