El Tripartito pone en marcha una operación política para amordazar a la COPE

El Gobierno autonómico de Maragall no parece haber aceptado que los locutores de la emisora católica tengan derecho, como cualquier otro ciudadano, a criticar un Estatuto abiertamente anticonstitucional y que recorta los derechos y libertades de los propios catalanes. La última idea del Tripartito ha sido echar mano de la propia Constitución que ha vulnerado con el Estatuto para intentar echar el cierre a la Cadena COPE. En Cataluña, la 'caza de brujas' contra los discrepantes no ha hecho más que comenzar.

HAZTEOIR.ORG .- Este viernes, el presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), Josep María Carbonell, ha expresado la "preocupación del CAC por los contenidos vertidos en la COPE", según él, "contra Cataluña".

Vuelven los tiempos de la censura

El citado organismo, controlado por el Tripartito y por CiU, asegura estar haciendo 'un seguimiento' en los últimos meses para elaborar un estudio sobre los contenidos de la COPE. Este seguimiento incluye un informe jurídico en el que se apela al artículo 20 de la Constitución y se invoca la veracidad y el derecho al honor, intimidad y la imagen de las personas.

Esta operación antidemocrática de intervención de las autoridades sobre los contenidos de una emisora privada no se ha detenido en ese estudio. Miembros del CAC se han reunido con el director territorial de COPE en Cataluña, Jordi Casoliva, para expresarle "su preocupación por algunos de los contenidos emitidos por la emisora".

El CAC dice haber recibido "un significante número de quejas" contra la COPE. Desde hace meses, en medios de la izquierda radical se está llevando a cabo una campaña sistemática de acoso y de desprestigio contra la emisora católica, que incluye difamaciones y calumnias contra sus locutores.

Amenaza de cierre contra la COPE en Cataluña

Lejos de amparar el derecho a la libertad de expresión y de información de todos los medios, la Generalitat, por medio del CAC, se ha centrado en acabar con las voces discrepantes. Y ha lanzado una amenaza clara contra la COPE: "En el actual marco legal, tanto la radio como la televisión son concesionarias de un servicio público y deben cumplir la legalidad. En estos momentos, la adjudicación de licencias de FM es competencia de la Generalitat. Si el CAC constata estas infracciones, lo pondremos en conocimiento de las entidades concesionarias."

Recientemente, se ha dado a conocer la posibilidad de que la Generalitat retire por motivaciones políticas la concesión que permite a la COPE emitir en la ciudad de Barcelona. La segunda emisora en número de oyentes de España se quedaría, de esta forma, sin posibilidad de emitir en la segunda ciudad más poblada del país.

Como ya ha informado HazteOir.org, a esta campaña de amordazamiento de la COPE se ha unido esta semana el Ministro de Industria, José Montilla, que además ocupa el puesto de Secretario General del Partido Socialista Catalán.

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