Los negocios abortistas de Morín podrían cerrar definitivamente

Los negocios abortistas de Morín podrían cerrar definitivamente

Los abortorios de Carlos Morín en Barcelona estudian cerrar definitivamente "por dificultades económicas", asegura su abogado. Un falso victimismo para despistar, habida cuenta de lo lucrativo que le resultaba su negocio, objeto de crítica internacional tras las constantes denuncias presentadas.

REDACCIÓN HO.- Según informa la agencia AFP, los abortuorios del ginecólogo de origen peruano Carlos Morín en Barcelona estudian cerrar definitivamente por dificultades económicas, según afirmó este lunes el abogado del propietario, que fue puesto en libertad provisional sin fianza el jueves pasado, tras pasar casi dos meses detenido. Aunque todo suena a un falso victimismo,  de ser cierto sería una buena noticia por las muertes que evitará.

La Audiencia Provincial de Barcelona también dejó en libertad con cargos a su esposa, María Luisa D.S., y una empleada, María Virtudes S.V. Los tres, que deberán personarse en el juzgado cada 15 días, fueron detenidos el pasado 30 de noviembre, acusados de los presuntos delitos de aborto ilegal, asociación ilícita, intrusismo profesional y falsedad documental.

El abogado de Morín, Francesc Campà, dijo en una rueda de prensa que la veintena de empleados en las clínicas Ginemedex, TCB y Barnamedic presentaron al Gobierno de Cataluña un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por "insolvencia patrimonial", con lo cual se han quedado sin personal. El letrado reclamó los 100.000 euros que se llevó la Guardia Civil durante los registros en las clínicas a finales de noviembre, con los que, según Campà, estaba previsto pagar sueldos, retenciones e impuestos, ya que según dijo, los centros no tienen "fondos propios" y "vivían al día".

Falso victimismo para tapar un negocio muy lucrativo

Morín "no es un magnate" ni conduce coches de lujo, ya que sólo tiene en sus cuentas bancarias "unos 1.000 ó 3.000 euros", dijo su abogado. El abogado también apuntó la posibilidad de que Morín, de 64 años, se jubile y venda el mobiliario y el instrumental médico de las clínicas, ya que los locales, en un barrio residencial de Barcelona, no son de su propiedad. Algo que suena muy raro, un falso victimismo a todas luces, habida cuenta de la elevada cuantía que exigía a sus pacientes antes de practicarlas un aborto; sin hacerlas  ningún tipo de reconocimiento médico, toda la relación con la paciente estaba fundamentada en una simple transacción comercial que rondaba los 6.000 euros, como demuestra el reportaje de la televisión danesa DR, que ha motivado el escándalo de la opinión pública internacional ante la impunidad con la que actuaba Morín.