Nosotros, ciudadanos preocupados por la situación de emergencia económica y financiera de España, constatamos que esta se origina y agrava:
1. En un ineficiente modelo territorial del Estado y en el colapso del sistema autonómico trazado por el Título VIII de la Constitución de 1978.
2. En la proliferación y el desproporcionado tamaño y poder de los gobiernos con respecto a la libertad de las personas.
3. En la exacción de riqueza a la sociedad productiva y su desvío forzoso, en forma de subvenciones y privilegios, a partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales y otros grupos de interés improductivos.
4. En la colusión de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en lugar de la separación efectiva que es requisito de un Estado democrático de Derecho.

Nosotros, demócratas españoles comprometidos con la libertad y la prosperidad de nuestros hijos, declaramos que el programa político para salir de la crisis debe incluir, entre otras, la siguientes reformas institucionales:
1. Reforma del Título VIII de la Constitución, "De la Organización Territorial del Estado", para reducir el número de Comunidades Autónomas, parlamentos y gobiernos locales, así como el número de políticos, funcionarios y asesores a su servicio.
2. Reforma del Título III, "De las Cortes Generales", para suprimir el Senado.
3. Reforma del Código Penal para que políticos y administradores de fondos públicos y de cajas de ahorros respondan con su patrimonio y con penas de cárcel e inhabilitación cuando causen un quebranto a los contribuyentes en forma de déficit o malversación de los recursos que les han sido confiados.
4. Reforma de las leyes necesarias para suprimir las subvenciones a partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales y a cualquier gremio o grupo de interés.
4.Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que el Gobierno de los Jueces sea elegido, en una proporción mayoritaria, por los propios jueces, tal y como prevé la Constitución, y no por los partidos políticos.
5. Reforma del Título I de la Constitución, "De los Derechos y Deberes Fundamentales", para establecer los límites del poder político sobre la vida y la hacienda de las personas: el derecho a la vida, a la educación de los hijos conforme a sus valores, a la intimidad, a no ser denigrado por creer o no creer en Dios, a la libertad de conciencia, a un tope en el pago de impuestos,... límites sagrados de la libertad personal que el Estado y los políticos que lo representan no podrán traspasar.
6. Supresión del Tribunal Constitucional y resolución de casos de rectitud constitucional en una sala específica del Tribunal Supremo, integrada por magistrados de la carrera judicial.

Nosotros, patriotas dispuestos a hacer sacrificios para salir de la crisis, pero también a exigir a nuestros representantes que supriman todo lo que sobra del Estado y lo que es privilegio arbitrario de la política, invitamos a los ciudadanos a compartir, a promover y a hacer realidad este manifiesto con la fuerza de la razón y una actitud vigilante y constructiva hacia la calidad de las instituciones democráticas.

Viernes, 12 de octubre de 2012