V Congreso eCiudadanos: José Luis Restán

CONGRESO DE E-CIUDADANOS: CRISIS, MÁS ALLÁ DE LA ECONOMÍA

5 DE NOVIEMBRE DE 2011

CRISIS DE LIBERTAD Y CRISIS DE LOS VALORES. CLAVES PARA FORTALECER LA FAMILIA

REDACCIÓN HO.- D. José Luis Restán, director de informativos religiosos de la Cadena COPE, ha participado en la mesa redonda que tuvo lugar esta mañana durante el V Congreso eCiudadanos: "Crisis, más allá de la economía".

Aportaciones al debate sobre la Libertad Religiosa

En su discurso pronunciado ante los intelectuales en el Colegio de los Bernardinos de París, Benedicto XVI nos ofrece una perspectiva original y muy sugerente para enfocar la cuestión de la libertad religiosa. No se refiere en primer lugar a la actitud que debe tener el Estado frente a lo religioso, sino a la dinámica original de la libertad que mueve al hombre a “quaerere Deum”, a buscar a Dios como significado último de toda la realidad.  En aquella ocasión el Papa afirmó que “la búsqueda de Dios y la disponibilidad para escucharle, sigue siendo aún hoy el fundamento de toda verdadera cultura”. En realidad todo el discurso del Papa (centrado en la génesis de la cultura occidental a partir de la actividad monástica) muestra el valor civil de la libertad religiosa: las comunidades donde se expresa una auténtica experiencia religiosa constituyen un tesoro para el conjunto de la sociedad.

En la descripción que realiza Benedicto XVI se ve perfectamente cómo la búsqueda de Dios, lejos de separar a los monjes del contexto histórico en que les tocaba vivir, les impulsa a implicarse a en todas las dimensiones de lo humano. Este argumento de fondo es la línea maestra de su reciente encíclica Caritas in Veritate: sólo un humanismo abierto a Dios (la dinámica de la libertad religiosa) será capaz de movilizar las energías de la razón y de la libertad, de generar comunidades vivas capaces de construir y de educar, que estarán en condiciones de aprovechar el potencia de la técnica y de crear reglas e instituciones al servicio de un auténtico desarrollo.

Esta era también la intuición de los padres fundadores de los Estados Unidos, convencidos de que reconocían plena ciudadanía a las pertenencias religiosas de los miembros de la sociedad. Ellos reconocían claramente la distinción entre las esferas política y religiosa, pero al tiempo reconocían la necesidad de un diálogo entre ambas, conscientes de que ningún Gobierno puede producir por si mismo ciudadanos morales. Por el contrario, son los ciudadanos morales, a menudo inspirados por las religiones, los que favorecen la democracia y el buen gobierno. Recientemente el Presidente francés Nicolás Sarkozy expresaba una reflexión semejante al afirmar que las instituciones políticas, por perfectas que sean, no pueden ser portadoras de sentido ni de esperanza, algo que corresponde al ámbito religioso. De ahí su invitación a que se reconozca positivamente la dimensión pública de las religiones, y su apremio a los obispos católicos a intervenir activamente en el debate público.

Libertad religiosa y laicidad

La cuestión de la libertad religiosa nos introduce en un tema de la máxima actualidad: la definición de una laicidad abierta y positiva. Para ello, en su libro “Una nueva laicidad”, el Patriarca de Venecia, cardenal Ángelo Scola propone que el poder político supere una postura de "tolerancia pasiva" de las religiones, para adoptar una actitud de "apertura activa", que no reduzca la relevancia pública de la religión.

Esto se traduciría en una "esfera pública plural cualificada religiosamente", en la que las religiones jueguen un papel de "sujeto público", claramente separado de las instituciones del Estado, y al mismo tiempo presente en la sociedad civil. En esa esfera no habría lugar para la marginación social ni para el escarnio cultural de las religiones, pero tampoco éstas podrían sostener una pretensión de hegemonía. El espacio público sería un lugar abierto a la mutua “narración” de las diversas experiencias religiosas y culturales, el lugar de un testimonio público (personal y comunitario) que ofrece sus razones a la consideración libre de los otros. El Estado no es ni confesional ni meramente pasivo frente a las religiones. Tiene una posición activa que se aleja también del puro “neutralismo”, porque reconoce el valor de lo que Scola denomina “tradición preponderante” para la configuración de la convivencia civil.      

En este sentido la libertad religiosa plantea al Estado la exigencia de una acogida positiva y una tutela efectiva; a la sociedad la necesaria disponibilidad a un diálogo sincero; y a las comunidades religiosas la disponibilidad fatigosa al testimonio en sus múltiples dimensiones.     

En su discurso a la Asamblea de Naciones Unidas, Benedicto XVI explicaba que “es inconcebible que los creyentes tengan que suprimir una parte de sí mismos para ser ciudadanos activos… No se puede limitar la plena garantía de la libertad religiosa al libre ejercicio del culto, sino que se ha de tener en la debida consideración la dimensión pública de la religión y, por tanto, la posibilidad de que los creyentes contribuyan a la construcción del orden social. A decir verdad, ya lo están haciendo, por ejemplo, a través de su implicación influyente y generosa en una amplia red de iniciativas, que van desde las universidades a las instituciones científicas, escuelas, centros de atención médica y a organizaciones caritativas al servicio de los más pobres y marginados”.

La realidad demuestra que los ámbitos sociales que son fruto del ejercicio de la libertad religiosa, no son lugares oscuros y cerrados a los que mirar con sospecha (como sucede con frecuencia en algunos países europeos, especialmente España) sino realidades vivas que merecen toda la atención y simpatía de quienes tienen la responsabilidad del bien común.

Una referencia a la situación española.

Nuestra Constitución, en su artículo 16, mantiene un enfoque decididamente positivo del hecho religioso, por su comprensión de la aportación de las confesiones religiosas al bien común (y por tanto de su presencia en la esfera pública) y por su reconocimiento del papel relevante de la Iglesia Católica en la historia y la sociedad españolas (Art. 16.3). De hecho la nuestra es una Constitución verdaderamente moderna en esta materia, porque resuelve perfectamente la recíproca autonomía entre la esfera política y la religiosa, pero sin abrir un foso absurdo de ignorancia u hostilidad. Por el contrario, señala a los poderes públicos la senda de la cooperación, con el presupuesto auténticamente laico de que las identidades religiosas forman parte del patrimonio de valores que articulan y enriquecen la sociedad. Además no incurre en un neutralismo abstracto, sino que reconoce el valor particular de la tradición católica en España.

Por desgracia no faltan señales que indican el deseo de algunos partidos de impugnar dicho enfoque por la vía de los hechos, con el fin de vaciarlo de contenido práctico (habrá que estar muy atentos a la futura ley de libertad religiosa). En su concepción, el hecho religioso debe quedar ceñido al ámbito privado y no está llamado a aportar su sabiduría y experiencia humanas a la configuración de la base de valores compartidos por la sociedad. Por eso se pretende diseñar una moral pública ciega y sorda a la aportación histórica de la tradición cristiana que ha vertebrado el pensar y el sentir de generaciones enteras de españoles. Este enfoque parte de una visión negativa del hecho religioso (que correspondería a lo irracional, siempre en riesgo de incurrir en fanatismo) al que por tanto no habría que reconocer una dignidad pública. 

Un aspecto significativo de todo lo dicho se refiere a la presencia de los símbolos religiosos en el espacio público. Para la concepción laicista, su desaparición es un presupuesto de la pluralidad social y de la neutralidad del Estado. Un ejemplo claro lo encontramos en la cuestión del crucifijo en las escuelas y hospitales. La presencia de la cruz, como signo y brújula de la gran aventura de la cultura occidental, no viola los derechos de nadie ni provoca coacción o merma de libertad, sino que ofrece un punto de encuentro, una memoria de lo mejor de nuestra empresa común y un anclaje seguro con la historia. Por el contrario, la supresión de los crucifijos a golpe de decreto o de sentencia judicial significa el empeño de vaciar a una sociedad de su sustancia, de provocar una ruptura traumática y de excluir la dimensión religiosa de la construcción de la ciudad. Autores como Habermas o Böckenförde han advertido que este laicismo ha generado un gran vacío y tiene costes importantes en términos de ethos social.       

Dos implicaciones ineludibles de la libertad religiosa: libertad de educación, y libertad para generar obras.

La libertad religiosa entendida según este planteamiento, se traduce en dos dimensiones esenciales. La primera es la libertad de educación, entendida como libertad de iniciativa de los sujetos sociales y como libertad de elección de las familias. La dinámica religiosa es por naturaleza una dinámica educativa, un testimonio cargado de razones que se ofrece a la libertad e invita al seguimiento. La segunda es la posibilidad real de que la propia experiencia religiosa dé lugar a la generación de obras. Como documenta ampliamente la encíclica Cáritas in Veritate, la caridad (la experiencia cristiana en acto) genera una dinámica de servicio al hombre en todas sus dimensiones. Además estas obras que nacen de la fe, son parte del testimonio y del diálogo que reclama una laicidad positiva.