OMC y SECPAL envían 36 alegaciones al Ministerio de Sanidad

El anteproyecto de Ley “está diseñado con mentalidad eutanásica”.

• Las 36 alegaciones

REDACCIÓN HO.- La OMC y la SECPAL envían al Ministerio de Sanidad 36 alegaciones al anteproyecto de Ley de ‘muerte digna’ o anteproyecto de Ley de cuidados paliativos, según publica Diario Médico en su edición de hoy viernes. Dichas entidades contraponen artículos que recoge la actual Ley de Autonomía del Paciente con el anteproyecto. Y destacan dos aspectos claramente:  La ‘Lex Artis’ y el ordenamiento jurídico.

La expresión lex artis –literalmente, “ley del arte”, o regla de la regla de actuación–, se ha venido empleando para referirse a un cierto sentido de apreciación sobre si la tarea ejecutada por un profesional es o no correcta o se ajusta o no a lo que debe hacerse.

Ambos organismos refieren en su comunicado que “la Lex Artis es la garantía de una correcta práctica profesional y es irrenunciable para los profesionales sanitarios”.

En el resumen ofrecido por la OMC se lee que, “el análisis del anteproyecto ha detectado algunos asuntos de especial importancia que afectan a lo más esencial de las profesiones sanitarias, y otros que son muy  relevantes en la atención al final de la vida.

Entre ellos destaca, por su especial trascendencia, la derogación del punto 3º del artículo 11º de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en el que consta lo siguiente:

“No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la «lex artis», ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. En la historia clínica del paciente quedará constancia razonada de las anotaciones relacionadas con estas previsiones.”

El anteproyecto de Ley obliga al profesional sanitario a ejecutar las instrucciones de los pacientes, aunque éstas sean contrarias a la Lex Artis, y aunque dicho profesional haya propuesto una gama de intervenciones (ésta vez sí, sujetas obligatoriamente a la Lex Artis) diferentes a las que el paciente quiere.  

De esta forma, el anteproyecto no sólo permite, sino que despenaliza la mala praxis, e incluso obliga a ejecutar diagnósticos o procedimientos erróneos si el paciente así lo solicita.

La objeción de conciencia podría al menos evitar a los profesionales tener que elegir entre una condena de la administración judicial y una condena deontológica de su colegio profesional, pero ni OMC ni SECPAL pueden aceptar dicha solución, que en cualquier caso seguiría promocionando prácticas inaceptables.”

En ese sentido se han redactado dos alegaciones completas, la 22 (en referencia al artículo 9) y la 36 (en referencia a la disposición final primera), además de continuas referencias en el resto de las alegaciones.” 

Principales ámbitos de alegación

Concretamente la OMC y la SECPAL piden que se derogue el artículo 11.3 de la Ley de Autonomía del Paciente, que regula las instrucciones previas y prohíbe la aplicación de aquéllas que sean contrarias al ordenamiento y a la lex artis.

Así como la modificación del artículo 17 del anteproyecto, que regula el criterio de proporcionalidad de las medidas terapéuticas.

Incluyen una mención expresa a la obstinación informativa, que “puede ser tanto o más dañina que la obstinación terapéutica”.

Áreas de capacitación, la OMC y la SECPAL piden a la Administración la creación en el plazo de dos años de “áreas de capacitación específicas en cuidados paliativos” (como se pidió claramente durante las I Jornadas DAV el pasado mes de marzo).

La Asociación Española de Bioética y Ética Médica

Carmen de la Fuente, vicepresidenta de la Asociación ha criticado duramente el anteproyecto al estar diseñado “con mentalidad eutanásica”. En su opinión, trata de imponer como un derecho la indicación de un tratamiento, confunde con la sedación y otorga a los comités de éticas competencias que no les corresponden.

Su impresión es que el proyecto presentado por el Gobierno “da pie a que cada centro haga lo que quiera, rompiendo así la pretendida equidad que busca”.