Daniel Cela
A instancias de los jueces de Violencia de Género, los colegios andaluces esconden a 208 hijos de maltratadores para protegerles de sus padres. La suspensión cautelar del régimen de visitas es una medida extrema que el TSJA aplica si hay riesgo para el niño y, a veces, cuando prevé que los agresores tratarán de localizar a las mujeres a través de sus hijos.
La Consejería de Educación tiene codificados los nombres de 208 alumnos. Los ha borrado del registro informático para evitar que sus padres, denunciados por maltrato, den con su paradero preguntando en el último colegio en el que fueron escolarizados. Los centros escolares están interconectados en red, y ningún niño puede matricularse en una escuela nueva sin que quede registrado en su último colegio. Eso deja un rastro que puede poner en peligro al niño y a su madre. En realidad, Educación oculta a bastante más niños, porque la ley le obliga a hacerlo siempre que haya denuncia por maltrato u orden de alejamiento del juez. Esos 208 niños, sin embargo, están codificados en el registro educativo porque los jueces de Violencia de Género tomaron la decisión más grave que podían adoptar: suspender el régimen de visitas de forma cautelar, prohibiendo al padre acercarse a su hijo.
En algunos casos no bastan las órdenes de alejamiento, que ya de por sí es una medida crítica porque limita la libertad de movimiento de un hombre para evitar que se acerque a su ex mujer. Esa decisión arrastra consigo otra realidad: cuando la mujer huye y se lleva a su hijo, el marido, hasta que se resuelve la separación, solicita poder verle. Los magistrados establecen puntos de encuentro –a veces supervisados por la Policía– y les permiten visitar al niño en un sitio protegido, lejos de la mujer. Por detrás de todas esas medidas está la suspensión cautelar del régimen de visitas.
Hasta octubre, el TSJA ha tomado esa “decisión extrema” para proteger a 208 niños, según datos del Alto tribunal andaluz. “Se separa a un hijo de su padre si ha habido agresión física o abusos sexuales, pero también si fue sometido a maltratos psicológicos, si tuvo que presenciar cómo agredían o acosaban a su madre”, explican fuentes de los juzgados de Violencia en Sevilla. Cuando los magistrados llegan al extremo de prohibir a los padres visitar a sus hijos es porque entienden que el riesgo que se corre es demasiado alto, ya sea para el niño o para la madre. Pese a la reticencia de los jueces a llegar a tales extremos, en lo que va de año el número de suspensiones del régimen de visitas ha aumentado en más de 50 casos respecto a 2007 (159).
Posturas enfrentadas. Los jueces no consideran que sea bueno para el niño alejarle de su padre, y en eso disienten del punto de vista de los abogados y los psicólogos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). El IAM reconoce la figura paterna, pero está convencido de que “los hijos son el primer instrumento de presión contra las víctimas del maltrato”, explica Ana Díaz, abogada del IAM.
Hay una parte de verdad en eso. A veces el juez ha prohibido al padre ver a su hijo argumentando que, “inconscientemente, los niños podrían dar pistas a sus progenitores sobre el paradero de las madres”. Esa posibilidad es la que utiliza el IAM para reclamar a los jueces que hagan extensible la protección del menor a sus madres.
“Los tribunales no suelen suspender el régimen de visitas al padre porque no tienen en cuenta que muchos sonsacan a sus hijos para encontrar a la madre”, dice Juan Ignacio Paz, psicólogo del IAM. “Por de pronto, todas las mujeres que están protegidas en casas de acogida deberían valerse de esa posibilidad. No sólo por su protección, sino por la seguridad del resto de mujeres que están en esos pisos”, apunta Díaz.
La postura de los jueces es distinta porque, dicen, han de tener en cuenta los derechos del hombre y del niño, además de las mujeres. “No se puede castigar al maltratador por todo, porque puede que sea un buen padre. Pero, además, no se puede castigar al hijo, que tiene todo el derecho a ver a su padre. Las circunstancias ldeterminan la peligrosidad del marido”.
La mayoría de las suspensiones del régimen de visitas que se dictaron en 2008 fueron solicitadas por las propias mujeres. De los 208 casos, 193 las pidieron las víctimas, cuatro a petición de la Fiscalía y 11 de oficio, según datos aportados por los jueces.
Necesidad de denunciar. Sin embargo, no siempre hay una denuncia que ponga en marcha el engranaje que protege a las mujeres. Algunas salen de sus casas de forma precipitada –“muchas huyen, pero ninguna mujer se iría sin sus hijos. Jamás”, dice Díaz–, cambian de ciudad, se esconden en casa de un familiar o un amigo y, “por desconocimiento”, explican en en los juzgados, escolarizan a su hijo en otro colegio, sin advertir a los profesores de que son víctimas de malos tratos. “Si no ha denunciado ni cuenta con la colaboración de los profesores, se exponen a que la encuentren a través del colegio”, dicen en el IAM.
Sin denuncia, el centro escolar se ve con las manos atadas. Ni puede esconder al niño del padre ni escolarizarle. Lo cual no quiere decir que muchos centros, conscientes del miedo de algunas madres maltratadas a denunciar a su agresor, hayan metido a esos niños en sus aulas durante semanas, hasta que los servicios sociales del municipio han logrado convencer a la madre para que presentara una denuncia en comisaría
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