Nueva vuelta de tuerca legal a los derechos y libertades de los extranjeros

Nueva vuelta de tuerca legal a los derechos y libertades de los extranjeros

AMISTAD escribió, "7-4-2004 / Última hora: El Ministerio del Interior contesta a la solicitud realizada por los ciudadanos desde HazteOir.org. Lee la carta en el interior. Recientemente ha sido aprobada una Ley Orgánica de Reforma de la Ley de Extranjería sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta legislación limita la cobertura legal al extranjero y menoscaba su statu quo en España. Las políticas sobre inmigración resultan ineficaces por la carencia absoluta de dotación de medios e infraestructuras a los agentes administrativos que gestionan los asuntos de extranjería, yuxtapuesto a una legislación en continua mutación, carente de un discurso coherente e integrador para quienes la aplican. Pide a tus representantes que no conviertan "el fenómeno de la inmigración" en "el problema de la inmigración". "

El fenómeno de la inmigración está cobrando un pujante relieve en España donde recibe por parte del legislador y del Gobierno un profuso tratamiento. Sin embargo, si atendemos a los crecientes problemas de los que se hacen eco los medios de comunicación, estas medidas legislativas del Partido Popular resultan a todas luces ineficaces para la máxima integración de los inmigrantes en España (integración, un concepto que vincula al integrador y al integrado), y la salvaguarda de sus Derechos Fundamentales.

Las políticas sobre inmigración resultan ineficaces por la carencia absoluta de dotación de medios e infraestructuras a los agentes administrativos que gestionan los asuntos de extranjería, yuxtapuesto a una legislación en continua mutación, carente de un discurso coherente e integrador para quienes la aplican.

Todo ello produce consecuencias como

  • El quiebro más absoluto de principios tan fundamentales como la legalidad o la seguridad jurídica, que obligatoriamente perecen ante la discrecionalidad de la administración.
  • La demora o incluso la falta de resolución de muchísimos expedientes, esto es, el desprecio por los trámites de resolución tasados en ley, que en muchos casos comportan una congestión de la siguiente escala en el trámite, la sede judicial contencioso-administrativa, que se ve abocada inexorablemente a sufrir el mismo vicio que su ente predecesor, el puramente administrativo.
  • El efecto vicioso que conlleva una respuesta administrativa confusa a las preguntas inevitables del extranjero, cuyas necesidades se multiplican por causa de dicha confusión.
  • La frustración más absoluta. Frustración de los agentes que intervienen en estos procedimientos administrativos (graduados sociales, gestores, abogados,?), pero sobretodo frustración de los propios inmigrantes, que no se ven amparados por, sino enfrentados a un laberíntico sistema sin apenas salidas.

La legislación en la materia, con múltiples deficiencias, se aleja, cada vez más de los ciudadanos. De todos, en definitiva, integradores y por integrar.

Vivimos en una sociedad "del bienestar" en la que se el desarrollo tecnológico se pone al servico de los ciudadanos con el único objetivo de su confort. Sin embargo hay muchas personas, venidas de otros países, que tienen que hacer colas durante toda la noche y dormir en el frío suelo, a las puertas de una Subdelegación del Gobierno para acceder a una mera consulta ante un funcionario, una consulta tan vital para ellos como frecuentemente irresoluta.

Esto no es integración, sino todo lo contrario. Y a la luz de esta nueva modificación legislativa que no palia el problema, exigimos respuestas a nuestros representantes, a aquellos que hacen las leyes, a los que nos gobiernan. ¿Qué son las leyes? ¿están para dar respuesta a realidades, o es al contrario? ¿cómo se pretende formar la actitud integradora que se supone debe asumir la población frente al fenómeno inmigratorio? ¿no son los poderes públicos los primeros que deberían mostrar una actitud integradora? ¿hasta cuándo se seguirá promoviendo, con acciones y omisiones, el distanciamiento entre normas y su aplicación? ¿por qué caminamos, en pleno siglo XXI, hacia una distinción entre ciudadanos de primera y segunda categoría por razón de la nacionalidad? ¿quién convierte "el fenómeno de la inmigración" en "el problema de la inmigración"?

Suscribiendo la siguiente carta, pedirás a los representantes respuestas concretas a estos problemas.

Nombre*
E-mail*
D.N.I.
Asunto*
Mensaje

Distinguidos Representantes:

Como bien saben, recientemente ha entrado en vigor otra Ley Orgánica de Reforma de la Ley de Extranjería, inicialmente la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.

Si bien la calendada reforma incide en ciertas cuestiones puntuales, entiendo que existen otras cuestiones de proceso que presentan una incidencia fundamental en el devenir de los inmigrantes y su integración en nuestro país, y que, desde el advenimiento del creciente flujo inmigratorio que tiene a España como destino, no ha sido pertinentemente tratado en la legislación, y en efecto no se resuelve tampoco en la reforma de nuevo cuño.

En concreto, denuncio que la realidad del funcionamiento de los organismos administrativos que tienen encomendada la gestión y tramitación de los expedientes administrativos dista mucho de la propia legalidad enunciada en las diversas disposiciones que, a ritmo incesante, viene definiendo del Gobierno. Y eso, a tan formidable escala, no puede imputarse a una actividad negligente o descuidada de los funcionarios, antes bien a un incorrecto planteamiento de partida, a una carencia absoluta de dotación de medios e infraestructuras a estos agentes administrativos, yuxtapuesto a una legislación en continua mutación, y carente de un discurso coherente e integrador para quienes la aplican, y que acaba resultando confusa para sus usuarios, con incidencia elemental en las personas inmigrantes.

Con la difícil, pero creo que encomiable intención, de acercar un poco la realidad diaria a los principios inspiradores de la legislación de extranjería, e incluso de muchos de los parámetros mencionados en la exposición de motivos de las diversas normas existentes, le solicito que:

- se efectúe una reforma integral (e integradora) de toda la legislación de extranjería, con especial atención legal a los diversos supuestos de estancia, permisos de residencia, permisos de trabajo, y otros, y sus explícitas vicisitudes.

- esta reforma deje el menor margen de discreción al foro reglamentario, y, huelga decirlo, menos todavía a la capacidad de discreción administrativa.

- para hacer posible este avance resulta de todo punto imprescindible que se multiplique la dotación de medios e infraestructuras a estos agentes administrativos, que deben intervenir en la tramitación de estos procedimientos frente a sus usuarios finales, los inmigrantes. Para una correcta ejecución de la ley, resulta conditio sine qua non que la dotación de medios vaya pareja a la realidad actual y al gran número de expedientes que se incoan diariamente en los diversos organismos provinciales y locales, único modo de salvaguardar la actual situación de absoluta saturación de estos entes, y por tanto de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad y de seguridad jurídica.

Todo lo cual pongo en su conocimiento con la intención de acercar la legislación a la realidad, tan trascendental, a la que debe dar respuesta, y coadyuvar así, en su justa medida, a que "el fenómeno de la inmigración" no se convierta, a los ojos de la población, en "el problema de la inmigración".

Agradeciendo de antemano su atención prestada, se despide atentamente, [Nombre y aperllidos]

*Campos obligatorios
 

Tu carta llegará a:

  • Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Excmo. Sr. D. Sr. D. Eduardo Zaplana
  • Ministro del Interior, Excmo. Sr. D. Ángel Acebes
  • Ministro de Justicia, Excmo. Sr. D. José María Michavila Núñez
  • Grupo Parlamentario Popular
  • Grupo Parlamentario Socialista
  • Grupo Parlamentario Catalán
  • Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida
  • Grupo Parlamentario Vasco
  • Grupo Parlamentario Canario

Recursos de Información

Respuesta enviada desde el Ministerio del Interior a los firmantes de esta alerta:

Estimado/a Sr/a.:
En contestación a su mensaje, le transcribimos el informe que la Dirección General de Extranjería e Inmigración de nuestro Departamento ha elaborado con relación al asunto expuesto en el mismo:
"En relación con su correo electrónico, en el que hace diversas consideraciones sobre la vigente normativa de extranjería, por la presente se agradecen los comentarios realizados y se señala que está Ud. en lo cierto al poner de relieve que la inmigración en nuestro país debe ser abordada como un fenómeno y una realidad que está adquiriendo en los últimos tiempos una presencia y una envergadura crecientes. Ello genera la necesaria puesta en práctica de todos los medios y herramientas necesarios para que sea regulado, gestionado y coordinado de forma razonable, adecuada y teniendo en cuenta las considerables implicaciones y diferentes vertientes involucradas. Ésta es la finalidad hacia la que las Autoridades españolas responsables de la elaboración y aplicación de la normativa en materia de extranjería e inmigración dirigen sus esfuerzos en el trabajo que se desarrolla día a día, siendo uno de los objetivos prioritarios la ordenación de la llegada de inmigrantes a España a través de los cauces legales existentes, y su integración en nuestra sociedad.
A tal fin, uno de los fines perseguidos por la reciente modificación de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, efectuada por Ley Orgánica 14/2003, en vigor desde el 22 de diciembre pasado, es favorecer la inmigración legal mediante la puesta en práctica de mecanismos que faciliten la plena integración de los extranjeros que acceden y residen en nuestro país.
En relación con la solicitud que expone en su comunicación, relativa a la reforma de la legislación de extranjería, y a que ésta deje el menor margen de discrecionalidad al ámbito reglamentario y a la decisión administrativa, debe destacarse, como bien conoce, que el cuerpo legal y reglamentario que regula y desarrolla en España esta materia se encuentra constituido por la Ley Orgánica 4/2000 y por el Reglamento de ejecución de dicha Ley Orgánica, aprobado mediante Real Decreto 864/2001, de 20 de julio.
La primera de las normas enunciadas, la Ley Orgánica 4/2000, modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000, 11/2003 y 14/2003, constituye la regulación fundamental y el pilar básico sobre el que se asienta el régimen jurídico en materia de extranjería. Desde un punto de vista sustancial, uno de los objetivos de la última reforma de la Ley Orgánica 4/2000 es mejorar y establecer mecanismos que contribuyan a la simplificación en la tramitación administrativa de los expedientes.
En este sentido, en dicha reforma se ha suprimido la necesidad de solicitar en España la autorización correspondiente tras la concesión del visado. El visado habilita para permanecer en España en la situación para la que hubiese sido expedido, siendo únicamente necesaria la solicitud personal de la tarjeta de identidad de extranjero en el plazo de un mes desde la entrada en España del extranjero. Dicha tarjeta será acreditativa de la autorización correspondiente. Todo ello está implicando una reforma sustancial del procedimiento administrativo en materia de extranjería, tal y como plantea en su correo electrónico.
En cuanto al citado Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, se señala que continuará en vigor, en todo lo que no se oponga a las previsiones contenidas en las Leyes Orgánicas 11/2003 y 14/2003, hasta el momento en que se produzca la aprobación del nuevo Reglamento de ejecución, constituyendo su razón de ser, como su propio nombre indica, el dotar de mecanismos de desarrollo y ejecución a las previsiones contempladas por la Ley Orgánica 4/2000. Sobre su sugerencia de dejar el menor margen posible a la regulación reglamentaria, cabe señalar que uno de los objetivos de la última modificación de la Ley Orgánica 4/2000 ha sido la incorporación y regulación mediante Ley Orgánica de determinados preceptos del Reglamento de ejecución de julio de 2001, en línea con el contenido de la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2003. No obstante, y como bien conoce, la regulación de los derechos y libertades de los extranjeros en España mediante Ley Orgánica no es una decisión discrecional o arbitraria, ya que procede de un precepto constitucional que tasa las materias susceptibles de ser reguladas mediante Ley Orgánica. La regulación contenida en una Ley Orgánica debe ser limitada, ya que excederse supondría el bloqueo de la materia objeto de dicha regulación.
Por otra parte, y en aras a contribuir con la labor de información, comprensión y difusión de la materia que nos ocupa, desde la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración se ha elaborado, distribuido y actualizado, conforme a las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 14/2003, dos boletines informativos relativos a los requisitos y formalidades exigidas para la entrada, estancia y residencia en España tanto de extranjeros en general, como de ciudadanos comunitarios, en los que a modo de guía informativa y de forma sistematizada, se exponen y desarrollan de forma ejemplificativa los distintos supuestos en los que pueden verse estos extranjeros.
En cualquier caso, por si fuera de su interés y utilidad, se le remite a la información contenida en la página web de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (
www.extranjeros.mir.es), en la que puede encontrar, entre otros documentos, el texto consolidado de la Ley Orgánica 4/2000, en su redacción dada por las Leyes Orgánicas 8/2000, 11/2003 y 14/2003.
En cuanto a las competencias o capacidad de discreción administrativa, también mencionadas por Ud., se recuerda que los órganos a los que corresponde la atribución de conocer, tramitar y resolver los expedientes administrativos en materia de extranjería e inmigración, ejecutan sus funciones en virtud de las competencias que les confiere la legislación vigente, y aplican la normativa de conformidad con todas las garantías y salvaguardias previstas en la legislación de procedimiento administrativo. No existe, por tanto, margen de discrecionalidad posible, ya que las distintas situaciones, sanciones y procedimientos se encuentran establecidos, tasados y claramente determinados, tanto desde el punto de vista material como procedimental, de conformidad tanto con las previsiones contempladas por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración como por la referida normativa de procedimiento administrativo.
Por último, y en cuanto a la inquietud puesta de relieve en su comunicación, relativa a la necesidad de multiplicar la dotación de medios e infraestructuras, debe señalarse que, en lo que respecta a esta Delegación de Gobierno, dicha circunstancia está siendo abordada no únicamente desde la perspectiva del incremento de la dotación de recursos, medios y efectivos para facilitar la adaptación a las necesidades y realidades derivadas del fenómeno de la inmigración, sino también a través del refuerzo de la labor de coordinación de la actuación administrativa de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en cuestiones relacionadas con la inmigración, la extranjería y el derecho de asilo, en particular en cuanto a las Oficinas de Extranjeros provinciales con competencia en estas materias.
A pesar de las mejoras en materia de dotaciones que están efectuándose, es cierto que existen Oficinas de Extranjeros que aún cuentan con retrasos en la tramitación de los expedientes en materia de extranjería, si bien debe ser tenido en cuenta que el sistema vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la última reforma de la legislación de extranjería ha originado la obligatoria tramitación de multitud de expedientes por parte de dichas Oficinas que en ningún caso hubieran sido admitidas a trámite de conformidad con el actual sistema. De hecho, y a título ejemplificativo, las Oficinas tramitaron en total más de un millón de expedientes en el año 2003.
Finalmente, y en línea con lo señalado, se informa de que se ha elaborado en esta Delegación del Gobierno Instrucción, distribuida a todas las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, dirigida a sistematizar y clarificar la aplicación efectiva de la Ley Orgánica 4/2000, tras la reforma de la Ley Orgánica 14/2003, modificación en la que, por otra parte, se incorporan mecanismos para potenciar la colaboración entre Administraciones Públicas en materia de extranjería e inmigración.
Desde este Departamento se reitera el agradecimiento por las reflexiones e inquietudes manifestadas, indicándosele a tenor de las consideraciones expuestas que los objetivos de la última reforma coinciden con los planteados por Ud. en su correo electrónico".
Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.