Argentina: Jueza perseguida por defender la vida humana

Argentina: Jueza perseguida por defender la vida humana

La Jueza titular del Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, a cargo del Juzgado Federal Nº3 de Córdoba, está siendo sometida a una campaña de desprestigio por parte de los miembros de los poderes ejecutivo y leguislativo. ¿Los motivos? La Jueza Garzón de Lascano promovió un recurso de amparo pidiendo la prohibición de la venta y fabricación en el país de aquellos anticonceptivos que tienen efecto abortivo. ¡Muestra tu desaprobación a esta nueva campaña de acoso a los defensores de la vida!

La Jueza Garzón de Lascano ya había fallado a favor de la vida en marzo de 2002 prohibiendo la llamada "píldora del día después" (fallo ratificado por la Corte Suprema de la Nación), y en febrero de 2003 suspendiendo la aplicación de la "ley de salud reproductiva" (desestimado por la Cámara Federal).

 

La magistrada aclaró que el pronunciamiento fue "dictado en cumplimiento de la inalienable obligación de hacer respetar la Constitución Nacional y todo el ordenamiento jurídico vigente". Añadió que la Constitución, en consonancia con tratados internacionales y demás leyes nacionales, protege "la vida desde la concepción en el seno materno" y recordó que así se pronunció la Corte Suprema en el caso la píldora "del día después" al sostener que "el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva, que resulta garantizado por la Constitución Nacional, los Pactos Internacionales y el Código Civil en su artículo 70, en concordancia con el 63".

 

Garzón de Lascano señaló que los elementos aportados por la Fundación "25 de Marzo", que presentó el recurso, acreditan "prima facie" la verosimilitud del derecho invocado. Como medios de prueba se adjuntaron "informe médico y farmacológico, bibliografía y prospectos, entre otros, de los cuales se desprende, con el alcance de posibilidad razonable, el efecto abortivo que se derivaría del uso de las drogas y dispositivos" involucrados. El motivo es, que "modificarían de alguna u otra manera el endometrio, impidiendo de ese modo la implantación o anidación" del óvulo ya fecundado.

 

Dice el texto del fallo: "...en consecuencia ordénese al Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, que, hasta tanto recaiga sentencia en los presentes autos, prohíba la fabricación y venta en todo el país medicamentos que contengan las siguientes drogas: levonorgestrel combinado con etinilestradiol, norgestrel combinado con etinilestradiol, gestodeno combinado con etinilestradiol, norgestimato combinado con etinilestradiol, ciproterona combinado con etinilestradiol, noretindrona (o noretisterona) combinado con etinilestradiol, desgostrel combinado con etinilestradiol, etinodiol combinado con quinestrol, medroxiprogesterona combinado con estradiol, dihidroxiprogesterona combinado con estradiol, levonorgestrel sin combinación, linestrenol sin combinación, medroxiprogesterona sin combinación, y los DIU que contengan progestágenos y cobre".

 

La decisión de la Jueza Garzón de Lascano, ha sido tachada de "terrorismo sanitario" por el Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García, uno de los principales promotores de las eufemísticas "leyes de salud reproductiva". Desde esta óptica, ha llamado a "inhibir a la Jueza de causar más daño a la sociedad". El Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba por su parte, calificó a esta decisión de "lamentable".

 

Una decena de Diputados Nacionales, encabezados por el socialista cordobés Eduardo García, pidió su destitución por "presunta comisión del delito de prevaricato en el ejercicio de sus funciones".

 

Escribele un correo-e a los Diputados Nacionales que pidieron la destitución de la Jueza Garzón de Lascano, y al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, para hacerles saber que queremos que dejen actuar a la Justicia sin interferencias, en particular cuando una Jueza defiende el más importante de todos nuestros derechos, y condición necesaria de todos los demás: el derecho a la vida.

 

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Sr. Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Eduardo Camaño,

Sres. Diputados Nacionales.

Deseo expresar mi gran preocupación por el hecho de que se pretenda destituir a un Juez de la Nación por hacer que se cumplan en todo el país la Constitución Nacional y el Código Civil, en cuanto que defienden el derecho más sagrado e inalienable de las personas: el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.

Me refiero al pedido de enjuiciamiento de la Jueza Federal Nº3 de Córdoba Cristina Garzón de Lascano, promovido por Uds. recientemente.

El dictamen de la magistrada está jurídicamente fundado en la Constitución Nacional (Arts. 29 y 33), tratados internacionales de jerarquía constitucional (Arts. 31 y 75 inc. 22 y 23) como la Convención sobre los Derechos del Niño (Arts. 1 y 6 con la declaración de la República Argentina referida al Art. 1) y la Convención Americana de Derechos Humanos o "Pacto de San José de Costa Rica" (Arts. 1 y 4), así como el Código Civil (Arts. 63 y 70). En toda esta normativa se considera que existe persona desde el momento de la concepción.

Además, abundante información científica, en particular aquella publicada en el extranjero, al describir los mecanismos de acción de la mayoría de los anticonceptivos que se comercializan en nuestro país, menciona que, entre otros efectos, estos impiden la anidación del óvulo fecundado. Es decir, que acaban con la vida de un ser humano ya concebido.

Las difíciles experiencias por las que hemos pasado, y aún pasamos los argentinos, nos han hecho valorar especialmente el respeto que debería existir por la independencia de poderes, y por la vida humana sin condicionamientos, que es propio de regímenes republicanos como el que establece la Constitución Nacional.

El derecho a la vida es el primero de los derechos humanos, y es condición de todos los otros derechos. ¡Nadie puede tener derecho a la educación, a la salud, etc. si perdió su vida!

Por lo anterior, considero que esos son los valores fundamentales que un legislador debe defender, pues de lo contrario, todos los otros derechos se convierten en virtuales, como sucede en los regímenes totalitarios.

Les ruego encarecidamente que revean su decisión. Estarán poniendo así los cimientos de la reconciliación del pueblo argentino con sus gobernantes.

Saluda a Uds. atentamente,

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