ARGENTINA: el Gobierno de Kirchner propone a una Jueza pro-abortista a la Corte

ARGENTINA: el Gobierno de Kirchner propone a una Jueza pro-abortista a la Corte

Alonso Quijano escribió, "

Atención ciudadanos argentinos. Legalmente la oposición a la candidatura de la Srta. Arguibay a la Corte Suprema de la Argentina debe realizarse por correo postal (decreto 222/03). Envíale tus comentarios en sobre cerrado bajo la leyenda "Propuesta de Candidato a la Corte Suprema de Justicia de la Nación" a la Mesa de Entradas del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, sito en Sarmiento 329 (CP: 1041) de la Capital Federal. El plazo vence el viernes 6 de febrero. En Recientes declaraciones periodísticas, la candidata oficial a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación -el más alto tribunal federal- se manifestó en favor del aborto libre. Envía tu rechazo a dicha postulación al Presidente de la Nación Néstor Kirchner, quien la propuso.
"

En una entrevista publicada en la revista Veintitrés de Buenos Aires, la candidata del gobierno de Néstor Kirchner para integrar una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Cármen Argibay, se pronunció expresamente en favor de no reprimir el aborto, y de otorgarle a la mujer el derecho de decidir ?sobre su propio cuerpo?. "Creo que la mujer tiene la necesidad y el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. En esta materia hay una posición mental totalmente retrógrada", dijo en esa oportunidad.  

Con la postulación de Carmen Argibay, el Gobierno de Néstor Kirchner vuelve a activar el proceso de selección pública de Jueces de la Corte establecido mediante el Decreto Nº 222/03. El procedimiento establece un plazo de 15 días para que los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales o las asociaciones profesionales presenten objeciones a la candidatura.  

En la Argentina, el aborto es una conducta sancionada penalmente ?salvo casos excepcionales, como el riesgo de vida en la madre-, y la vida humana se encuentra amparada desde la concepción, conforme la Constitución Nacional que incorporó con jerarquía constitucional pactos internacionales en tal sentido _v. gr., artículo 4.1 del Pacto de San José de Costa Rica-.  

Por lo tanto, ante manifestaciones  claramente inapropiadas e imprudentes para una futura magistrada del supremo tribunal Federal, por lo evidentemente opuestas a la normativa vigente en el país, y demostrativas de una peligrosa tendencia a contradecir la Ley en cuestiones tan sensibles para el pueblo argentino como es la defensa de la vida, oponte enérgicamente a la postulación de la Sra. Argibay.  

Te proponemos a continuación la siguiente carta modelo que será enviada al Presidente de la Nación Argentina, Dr.Néstor Kirchner:
Nombre*
E-mail*
Asunto*
Carta

Sr. Presidente de la Nación Argentina Dr. Néstor Kirchner. Tengo el agrado de dirigirme a usted en uso del derecho de peticionar a las autoridades y en ejercicio de la facultad conferida por el Decreto Nº 222/03, a efectos de manifestarle mi más firme oposición y rechazo a la designación de la señora Carmen Argibay como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, atento sus manifestaciones en favor del aborto libre, claramente inapropiadas e imprudentes para una futura magistrada del Supremo Tribunal Federal, evidentemente opuestas a la normativa vigente en el país, y demostrativas de una peligrosa tendencia a contradecir la ley en cuestiones tan sensibles para el pueblo argentino como es la defensa de la vida. Solicito que copia de la presente sea remitida al Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Dr. Gustavo Béliz. Esperando que la presente tanga una favorable acogida, y que el Presidente de la Nación reconsidere su propuesta, lo saludo a usted muy atentamente.- (Nombre, apellido y Nº de documento)

*Campos obligatorios

 

Las razones deben de argumentarse por la aptitud moral, idoneidad jurídica, trayectoria, y compromiso con la defensa del orden constitucional, los derechos humanos y los valores democráticos. Puedes leer el detalle de la argumentación a continuación:

 

Aspectos formales de las presentaciones

 

            1. Las presentaciones deben efectuarse en forma personal o por correo, dirigidas a la Mesa de Entradas del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, sito en Sarmiento 329 (CP: 1041) de la Capital Federal. Debe ir en sobre cerrado con la leyenda ?Propuesta de Candidato a la Corte Suprema de Justicia de la Nación?. El horario de atención es de 9 a 19 hs. en días hábiles. El plazo para las presentaciones vence el 6 de febrero de 2.004. Las observaciones deben limitarse a los siguientes aspectos: aptitud moral, idoneidad jurídica, trayectoria, y compromiso con la defensa del orden constitucional, los derechos humanos y los valores democráticos.

 

            2. En el caso que los presentantes sean personas físicas deben consignar los siguientes datos: nombre y apellido; tipo y número del documento; fecha y lugar de nacimiento; domicilio real; una declaración jurada de: a) que no existen razones que pongan en duda su objetividad respecto del candidato y b) que el presentante no se encuentra comprendido en ninguna de las causales previstas por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

 

            3. En el caso que los presentantes sean personas jurídicas, deben consignar los siguientes datos: constancia de inscripción en el Registro pertinente; domicilio; carácter de la persona que suscribe el escrito; declaración jurada de: a) que no existen razones que pongan en duda su objetividad respecto del candidato y b) que el presentante no se encuentra comprendido en ninguna de las causales previstas por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

 

Síntesis de los cuestionamientos a la Ab. Carmen Argibay

 

a) Falta de aptitud moral: Varios son los elementos que configuran la absoluta ineptitud moral de la Srta. Argibay al cargo para el que se la ha propuesto.

 

            1. En declaraciones periodísticas recogidas por todos los diarios de la Argentina, en sus ediciones del 2.1.04, la candidata se autodefinió como ?una atea militante?. Es importante recordar que los mayores criminales de la humanidad fueron ?como la candidata-, ateos militantes (Hitler, Stalin, Roosvelt, entre muchos otros). Un ateo es una persona que ha eliminado de su vida el aspecto más importante: su relación con el Creador, por ello casi no existen los ateos, pues son personas espiritualmente mutiladas. Hasta allí podría ser tolerable, pero hacer de su mutilación una bandera, para transformarse en ?atea militante?, supone agredir gratuita e injustamente a más del 99% de los argentinos, que no somos ateos.

 

            Por otra parte, en el Preámbulo de la Constitución ?cuya función es la de ser la norma interpretativa auténtica-, se invoca la protección de Dios ?fuente de toda razón y justicia?. Como todos sabemos, la función principal de la Corte Suprema es el control constitucional o, dicho de otro modo, establecer qué dice en última instancia la Constitución Nacional, a fin de hacer justicia en los casos concretos. Ahora bien, ¿cómo podría interpretar fielmente la C.N. para hacer justicia, quien ha convertido en la razón de su vida, el combatir contra Aquél que ?según el texto inequívoco-, es la fuente de toda razón y justicia?. Resulta obvio decir que una ?atea militante? no puede ser juez y, mucho menos, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

            2. Según el Anexo al libro de la Conadep, sobre los ?desaparecidos? en la República Argentina, la Srta. candidata está incluída en el listado, bajo el n° 1017, con fecha de desaparición el 24.3.76, y bajo el n° 299, como ?secuestrada sin indicación de lugar. No hay testimonio de su paso por un centro clandestino de detención?. A casi 28 años del suceso, la candidata jamás rectificó la falsa información de la Conadep, pues es evidente que si ha sido propuesta para el cargo y ha hecho públicas declaraciones periodísticas, no se encuentra ?desaparecida?. Por tanto, la Srta. Argibay es cómplice de una acusación criminal infundada (repárese que el informe de la Conadep fue una de las pruebas utilizadas para condenar a las Juntas Militares).

 

            3. Su familia percibió una indemnización de aproximadamente u$s 150.000, por la ?desaparición? de la candidata ?ahora reaparecida-. La Srta. Argibay no realizó ninguna denuncia ni trámite tendiente a que su familia devuelva ese dinero mal habido, del cual ella ha sido la causa eficiente. Esto la descalifica moralmente para el cargo al que ha sido propuesta.

 

            4. En diversas publicaciones periodísticas, la Srta. candidata relató a la prensa que estuvo detenida varios meses, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, a partir del 24.3.76, y que fue liberada en un decreto que incluyó numerosas personas. Tambien sostuvo que ignora las causas de su detención y que nunca habría accedido al expediente correspondiente. En teoría, es posible que una persona inocente haya estado detenida injustamente por varios meses; en la práctica esto ocurrió en muy contadas ocasiones. Incluso en un momento de excesos en la represión a la guerrilla marxista en nuestro país, casi no se conocen casos de detenidos realmente inocentes. Las bandas de terroristas daban diversos roles a sus militantes, y no todos eran combatientes armados (cfr: el muy documentado libro ?Por amor al odio?, de Carlos Manuel Acuña). La Srta. Argibay debe demostrar a la opinión pública que su participación en la subversión, fue sin cometer ninguno de los múltiples delitos perpetrados por sus camaradas (asesinatos, lesiones, secuestros extorsivos, robos, destrucción de propiedad, apología del crimen, etc.). De lo contrario carece de la mínima idoneidad moral para acceder a un cargo de tanta importancia para la República.

 

b) Falta de idoneidad jurídica:

 

            1. La Srta. Argibay se ha desempeñado exclusivamente en el ámbito del derecho penal. Conforme las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, menos del 1 por mil de las causas que llegan a dicha Corte, corresponden a cuestiones penales. Por tanto no se justifica que haya penalistas en la C.S.J.N. Como recientemente asumió el cargo de ministro de la Corte Suprema el penalista Eugenio Zaffaroni, su postulación implicaría que más del 20% de los jueces de la Corte serían penalistas, para ocuparse de menos del 1 por mil de los casos a resolver. Un verdadero despropósito. En la actual coyuntura, la candidata no ofrece el mínimo de idoneidad jurídica que requiere el cargo al que fue postulada.

 

            2. La candidata se autodefinió ante los medios de masas, como ?feminista? (cfr.: diario La Nación del 4.1.04). El feminismo es el ?machismo? de las mujeres, que reivindica el sometimiento del varón por parte de la mujer, mecanismo al cual denomina eufemísticamente ?igualdad de oportunidades?. En efecto, en la República Argentina, las mujeres tienen idénticas oportunidades que los varones, no sólo legalmente, sino tambien de hecho. Por ejemplo, en las universidades, aproximadamente el 55% de los matriculados son mujeres. Esta fractura social provocada por las activistas feministas ?entre las que se cuenta la Srta. propuesta-, provoca falta de idoneidad jurídica en la candidata, pues en el alto cargo para el que ha sido propuesta, no intentará hacer justicia ?dar a cada uno lo suyo-, sino favorecer a la parte femenina de la controversia, con independencia de la justicia o no de su reclamo.

 

            3. La Srta. Argibay se autodefinió diciendo ?soy garantista y estoy en su misma vereda?, con relación al Dr. Zaffaroni (cfr: diario La Nación del 4.1.04). Ahora bien, el ?galantismo?, más allá de la posición teórica que se pueda tener al respecto, lo único que garantiza es la inseguridad y desamparo a la que está sometido el pueblo argentino, frente a la ola de delitos, que resulta imposible de detener, con las cifras de desocupación y subocupación que nuestros últimos gobiernos supieron conseguir. La sociedad y su coyuntura requieren una respuesta jurídica contraria a la que representa la candidata, por lo que carece de la idoneidad jurídica mínima para el cargo al que fue propuesta.

 

c) Insuficiente trayectoria: La propuesta carece de antecedentes relevantes para el cargo al que ha sido propuesta. En efecto:

 

            1. Tiene el grado académico mínimo (abogada), y no ha hecho estudios sistemáticos de postgrado.

 

            2. En su dilatada carrera académica de cuarenta años (1959 a 1999), jamás accedió a la titularidad de una cátedra, llegando únicamente a profesora adjunta por concurso en una universidad estatal, y adjunta por designación arbitraria en universidades privadas. Para comprender mejor la pobreza de su carrera académica baste decir que sólo en la ciudad de Córdoba hay más de 200 profesores titulares en las 4 facultades de Derecho.

 

            3. La candidata carece de publicaciones científicas relevantes. Por tanto, la investigación es una materia pendiente para ella.

 

d) Descalificante falta de compromiso con la defensa del orden constitucional, los derechos humanos y los valores democráticos: Ya se ha explicado en otro apartado las graves consecuencias de la autocalificación como ?atea militante?, efectuada por la Srta. candidata y, en especial, su oposición frontal con la Constitución Nacional.

 

            1. A más de ello, el ateísmo militante es tambien un grave atentado contra los derechos humanos. En efecto, la mayoría de los tratados de derechos humanos, con rango constitucional luego de la reforma de 1.994 (art. 75, inc. 22 C.N.), reconocen el derecho humano básico de profesar públicamente las creencias religiosas. Una ?atea militante? se ha propuesto como estilo de vida, el impedir toda manifestación pública de fe religiosa. La oposición no podría ser más absoluta y, por ende, la Srta. propuesta ha manifestado públicamente su predisposición a combatir este derecho humano básico, reconocido por nuestra C.N. En efecto, transcribo algunos textos significativos: ?Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado? (art. 3, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre); ?Toda persona tiene derecho a la libertad ? de religión; este derecho incluye ? la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia? (art. 18 Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 12, inc. 1, Convención Americana sobre Derechos Humanos); ?Toda persona tiene derecho a la libertad ? de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza? (art. 18, inc. 1, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

 

            2. La candidata se autodefinió ante los medios de masas, como ?feminista? (cfr.: diario La Nación del 4.1.04). El feminismo es el ?machismo? de las mujeres. Y es tan antidemocrático como el machismo. En efecto, uno de los pilares que sustentan cualquier democracia, es la igualdad de sus ciudadanos. El feminismo reivindica el sometimiento del varón por parte de la mujer, mecanismo al cual denomina eufemísticamente ?igualdad de oportunidades?. En efecto, en la República Argentina, las mujeres tienen idénticas oportunidades que los varones, no sólo legalmente, sino tambien de hecho. Por ejemplo, en las universidades, aproximadamente el 55% de los matriculados son mujeres. Esta fractura social provocada por las activistas feministas ?entre las que se cuenta la Srta. propuesta-, es radicalmente antidemocrática. Prueba de ello es la campaña que diversos ?sellos de goma? y ongs feministas de género han realizado en favor de la candidatura de la Srta. Argibay (cfr: páginas web de: la Fundación Mujeres en Igualdad, del 14.8.03, y la ?RedeFax n° 16/2003 ? Informativo Eletronico da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos ? Segunda quincena de agosto de 2.002, donde ya se la candidateaba al cargo que nos ocupa).

 

            Tambien prueban la actitud feminista (machismo de las mujeres), de la Srta. Argibay, su trayectoria como fundadora y primera presidente de la ?Asociación de Mujeres Jueces de Argentina?. Dicha institución nace como un apéndice de la ?Asociación Nacional de Mujeres Jueces de los EE.UU.?, tras la invitación a la conferencia anual de la misma, realizada en Washington DC, en octubre de 1.989, a la que asistió como única representante de la Argentina la Srta. Argibay. Según la página web de la institución nacional, allí ?se consideró propicio el momento para forjar una alianza que se dedicara a promover los derechos e intereses de las mujeres en todo el mundo?. La Asociación Internacional de Mujeres Jueces fue fundada con ocasión de la 14° Conferencia de la Asociación de EE.UU., entre el 8 y el 12 de octubre de 1.992. Puede consultarse dicha página web, donde consta el modo feminista de ver la realidad jurídica nacional: la mujer está dominada y debe pasar a dominar al varón. ¿Dónde queda la igualdad ante la ley, como garantía del orden constitucional y jurídico, y como pilar del sistema democrático?.

 

            3. La posición de la Srta. candidata, respecto de la despenalización del aborto, ha sido ampliamente recogida en los medios de masas. Preguntada sobre la cuestión, respondió: ?Creo que la mujer tiene la necesidad y el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. En esta materia hay una posición mental totalmente retrógrada? Si seguimos prohibiendo la píldora del día después o no enseñamos a la gente cuál puede ser un método anticonceptivo seguro, no vamos a acabar con todas las muertes que se producen cada año por abortos hechos en condiciones terribles? (diario La Nación, del 4.1.04). La Srta. postulante hiere la inteligencia de los argentinos. En efecto:

 

            a) La expresión que alguien pueda ser ?dueño de su propio cuerpo? resulta infeliz, pues no se entiende cuál fue el modo jurídico de apropiación del mismo, ya que nadie se dio la vida a sí mismo y nadie heredó, compró o permutó su propio cuerpo; lo cual implica que todos tenemos obligaciones éticas y jurídicas para con el resto de la sociedad y, por ende, no podríamos mutilarnos sin justa causa. Pero más allá de esto, resulta obvio, por definición de aborto ?muerte del hijo ya concebido pero no nacido-, que estamos frente al cuerpo y la vida de un tercero, no el de la mujer. Además de la clara definición de aborto, la ciencia ha demostrado de modo irrefutable, a través del código genético, que estamos frente a un nuevo ser humano único, irrepetible e independiente de la mujer en la que se aloja. Estos conocimientos son hoy elementales, pero quizá en la época en que la Srta. Argibay fue a la escuela ?hace muchísimos años-, no se transmitían esos conocimientos? La ciencia derribó su línea argumental, pero permanecen los agravios gratuitos e injustificados de la candidata al pueblo argentino (vgr: ?posición mental totalmente retrógrada?). Pero hay mucho más.

 

b) Conforme el art. 75, inc. 22 C.N., han sido incorporados con rango constitucional, diversos tratados de derechos humanos, ?en las condiciones de su vigencia?. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su art. 6, inc. 1 establece que ?los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida?. A su vez, el art. 4 prescribe que ?los Estados Partes adoptarán todas las medidas ? legislativas y de otra índole para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la presente Convención?; obviamente, ?todas las medidas legislativas? implica la protección penal del ?derecho intrínseco a la vida?. En cuanto al comienzo del derecho a la vida, la República Argentina receptó el tratado ?y así lo aceptó la comunidad internacional-, manifestando que ?se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción?? (art. 2, ley 23.849). Por tanto, desde el momento de la concepción debe haber protección penal del derecho a la vida de todo ser humano. Y esto es una norma de Derecho Constitucional Argentino, pero tambien del derecho de los derechos humanos (cfr: in re ?Portal de Belén c/Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación s/Amparo, C.S.J.N., fallo del 5.3.02). La doctrina y la jurisprudencia son pacíficos en esta cuestión, incluso antes de la reforma constitucional de 1.994 declarando que el derecho a la vida es uno de esos derechos implícitos en el art. 33 de la Constitución de 1.859. Muchas Constituciones Provinciales y el Código Civil y otras leyes coinciden con este criterio que es unánime. A su vez, esta interpretación resulta inmodificable, a tenor de lo dispuesto por el art. 29, inc. a, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohibe ?suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella?; y puesto que el derecho a la vida, ni siquiera puede ser restringido ?en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte? (art. 27, incs. 1 y 2 de la misma Convención). Además, porque el derecho de los derechos humanos se basa en los principios de progresividad (prohibe que un derecho humano ya reconocido no puede ser desconocido con posterioridad) y subsidiariedad (si la norma de derecho interno es más protectiva que la norma internacional, prima la norma de derecho interno).

 

c) Esta posición de la candidata propuesta con relación a la despenalización del aborto es antigua, como surge del Foro Debate sobre la Justicia, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el marco del II Congreso Internacional Derechos y Garantías en el Siglo XXI, los días 25 al 27 de abril de 2001, concretamente en su exposición titulada ?Libertad y Democracia frente a la discriminación y la violencia?.

 

d) El hecho que la Srta. Argibay sea partidaria de la despenalización del aborto la transforma en enemiga de la Constitución Nacional ?a la que debería interpretar si accede a la Corte Suprema-, enemiga del derecho de los derechos humanos y, finalmente, enemiga de la democracia, pues no existe democracia posible si no es capaz de garantizar legalmente el derecho a la vida de los ciudadanos.

 

e) Objeciones al proceso de nombramiento del Dr. Zaffaroni:

 

            1. El Decreto 222/03 fue ampliamente publicitado por el Gobierno Nacional, como una ?autolimitación? del Poder Ejecutivo, tendiente a lograr transparencia en la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La realidad demostró exactamente lo contrario; es decir que el Dr. Zaffaroni fue el candidato que el Poder Ejecutivo iba a imponernos a los argentinos, a cualquier costo. En efecto: del proceso de selección surgen los siguientes datos objetivos: 1) el candidato obtuvo 131 presentaciones a favor y 834 en contra (es decir el 86,42% de rechazo por parte del pueblo argentino); 2) el candidato no pudo justificar omisiones en sus declaraciones patrimoniales por cifras superiores al millón de pesos; 3) el candidato rectificó 17 veces sus declaraciones juradas impositivas del último ejercicio; 4) el candidato tiene pendiente una denuncia criminal y otra ante la Oficina Anticorrupción por delitos impositivos; 5) el candidato debe más de 95 períodos mensuales de aportes jubilatorios de autónomos y, además, manifestó públicamente que no pagaría dicha deuda; 6) el candidato como juez del proceso militar negó mas de 100 hábeas corpus por desaparecidos; 7) el candidato en un libro de su autoría, justificó la represión ilegal ?incluída la muerte sin juicio previo-, de los guerrilleros marxistas; 8) el candidato como magistrado dictó numerosos fallos aberrantes en cuestiones de derecho penal; 9) el candidato es partidario de la abolición del Código Penal, pues estima públicamente, que la sociedad es la culpable de los delitos y no los delincuentes (sic); 10) su socio es el Dr. Grossman, condenado a 13 años de prisión por secuestro extorsivo de dos niños.

 

            Pese a que todos estos elementos descalificantes, fueron debidamente acreditados en el proceso impugnativo, el Poder Ejecutivo presionó al senado para la aprobación del pliego. La presión fue tal que el presidente del bloque del PJ (Miguel Angel Pichetto) afirmó: ?Somos senadores del gobierno; esta es una pulseada política y no podemos permitirnos una derrota, como sería el rechazo de un candidato a ocupar un lugar en la Corte? (Editorial del Diario La Voz del Interior, del 17.10.03). Sin comentarios.

 

            2. A esta altura de los acontecimientos, es evidente que el Poder Ejecutivo Nacional, está reeditando lo hecho como gobernador de Santa Cruz: eliminar del máximo Tribunal de Justicia a quienes no le son adictos, reemplazándolos con personas adictas a sus intereses. Estamos a las puertas de una ?mayoría recontrautomática?. Prueba de ello es la designación del Dr. Petracchi como presidente de la Corte, y la simultánea ?desactivación? del juicio político que se le inició por tener cuentas en el extranjero por más de 500 mil dólares, ocultadas en su declaración patrimonial y sin justificación de tales ingresos (cfr: diario La Nación, del 21.12.03). Cuando le preguntó el periodista Darío Palavecino ?al lado de quien se sentaría enc aso de integrar el máximo tribunal?, contestó, ?De Zaffaroni, porque es un amigo? (sic, diario La Nación, del 4.1.04).

 

            Pese a toda esta realidad, hago la impugnación pues es el único espacio de participación que se me otorga y, en consecuencia, este aporte permite que no sea cómplice ?en caso de darse-, de un nombramiento que amenaza seriamente el bien común de la República Argentina.

 

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